El actual ministro de Defensa, José Bayardi, criticó el proyecto de ley de derribo aduciendo que solo se debería activar el uso de la fuerza cuando peligran intereses vitales. Agregó que si el problema es el tráfico de drogas al que según la cita de Búsqueda llamó “traslado” no habría intereses vitales en juego. Estas afirmaciones del ministro evidencian cierto desconocimiento de los principios básicos de la defensa y, lo que resulta más preocupante, una confusión sobre cuáles son los intereses vitales del país.
La defensa depende de muchos factores, pero es además un problema económico. Un país dispone de recursos finitos para protegerse y debe utilizarlos de la manera más eficiente posible. Allí entra en juego el principio de la disuasión, una de las doctrinas militares más efectivas que consiste en utilizar la amenaza para disuadir a un adversario que puede llegar a atacarnos. Constituye una doctrina básica de cualquier fuerza policial o militar. Funciona porque el adversario o ¨disuadido” ajusta su comportamiento ante la amenaza del “disuasor”, reduciéndose así la posibilidad de conflicto y con ello minimizando los costos de la defensa.
La doctrina De Gaulle en Francia fue una clara aplicación de este principio. Basta con tener un misil nuclear en un submarino para que alguien que se proponga atacar a Francia sepa de antemano que como respuesta su territorio recibirá un ataque nuclear. Esto puede parecer horrible, pero es el principio que ha asegurado desde Nagasaki hasta el día hoy que no se haya producido un conflicto nuclear, poniendo un límite a la carrera armamentística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza creíble hace al mundo más seguro, y en la medida que todos internalizan las consecuencias de agredir, se produce un equilibrio más conveniente y económico para todas las partes.
Refiriéndonos concretamente al derribo, este mecanismo lo utiliza la Fuerza Aérea argentina con sus aviones Pampa II, que esperan en la pista de Resistencia con pilotos prontos para decolar e interceptar cualquier aeronave sospechosa. Lo mismo hace la Fuerza Aérea brasileña. Contando con un interceptor y tripulación en estado de alerta las 24 horas, con reglas de combate claras y voluntad política, nuestra Fuerza Aérea se encontraría en condiciones de reducir significativamente las violaciones al espacio aéreo. Con un costo de operación estimado en un tercio al del supuesto avión “sanitario”, podríamos controlar razonablemente una amenaza clasificada como “interés vital” por el marco jurídico vigente.
Efectivamente, el Decreto No. 105/014 define como “intereses nacionales vitales” la soberanía nacional, la integridad territorial, la vida y libertad de sus habitantes, la democracia y el estado de derecho, y la identidad cultural. Del decreto aprobado por el propio gobierno del Frente Amplio se desprende que la actividad referida eufemísticamente como “traslado de droga”, afecta de forma directa a tres de estos intereses y si no actuamos con rapidez, terminará por comprometer el mismo estado de derecho.
Este decreto también define los “intereses nacionales estratégicos” como aquellos que contribuyen a asegurar los “intereses nacionales vitales”, comprendiendo entre otros, la inserción internacional y la integración regional, la protección de los niños, y el desarrollo económico del país.
Empecemos por lo más sagrado: los niños. Son las víctimas más indefensas de una creciente ola delictiva que el gobierno saliente no ha sabido controlar. Basta con circular por las calles de Montevideo para ver que este “interés nacional estratégico” es flagrantemente violado por cualquier traficante menor de barrio. Si las autoridades actuales no logran apreciar la conexión entre un Cessna que aterriza en una pista clandestina y el problema que aqueja a la juventud en la periferia de Montevideo, se merecen claramente estar cinco años en el banco de suplentes.
Si las autoridades actuales no logran apreciar la conexión entre un Cessna que aterriza en una pista clandestina y el problema que aqueja a la juventud en la periferia de Montevideo, se merecen claramente estar cinco años en el banco de suplentes.
También se encuentra en riesgo la defensa de la inserción internacional y la integración regional. La defensa es un bien público, y como tal, exhibe importantes externalidades. Si Argentina y Brasil no defendieran sus fronteras, resultaría imposible para Uruguay custodiar las suyas a un costo económico razonable. De la misma forma, si Uruguay se convierte en territorio liberado para el narcotráfico, la defensa y seguridad de las zonas limítrofes de nuestros vecinos se vería comprometida. Por tal motivo, es razonable y recomendable que los países vecinos colaboren en la eliminación de estas redes criminales de naturaleza transnacional.
En julio del año pasado los gobiernos de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Paraguay anunciaron un mecanismo de cooperación regional contra el terrorismo. Hubiera sido lo lógico que Uruguay participara de un acuerdo que involucrando a todos los países de la región, hubiera contribuido a bajar los costos de la defensa. Más aún, cuando el foco principal de ese acuerdo es la Triple Frontera, a la que Uruguay se encuentra conectado a través de la hidrovía del río Paraná. Sin embargo, la lógica no ha primado en las políticas de seguridad y defensa de este gobierno, y nuestro país se autoexcluyó llamativamente de esta oportunidad de colaboración regional.
Este descontrol del espacio terrestre, marítimo y aéreo está empezando a tener efectos comerciales notorios. La cadena productiva y comercial ya está pagando sobrecostos derivados de la necesidad que tienen puertos y aeropuertos de destino de nuestra mercadería de examinarla con particular cuidado para evitar que no haya cocaína mezclada con nuestras exportaciones de productos tradicionales. Lo peor que nos podría ocurrir es que nuestros socios comerciales comiencen a percibirnos como la sucursal atlántica de Ciudad del Este, convirtiendo al puerto de Montevideo en el nuevo eslabón de una moderna Liga Hanseática de los estupefacientes.
El ministro intenta soslayar el combate al narcotráfico como un problema relativamente menor que la defensa mísma. El problema es que las redes de narcotráficantes que operan a través de fronteras constituyen el medio ideal para que las organizaciones terroristas contrabandeen armamento, intercambien información y laven su dinero. En el mundo del delito se mezcla todo. Dejar proliferar el medio en el que se propaga el terrorismo es, como mínimo, irresponsable por parte de una cartera que tiene una misión claramente definida.
El costo de la defensa se puede asimilar al costo de un seguro. Cuanto menos se utiliza, más efectiva es. El problema es que el beneficio de la paz y la seguridad es intangible, y solo se vuelve explícito cuando este bien es escaso. En la situación concreta de los aviones interceptores, el costo de esa “prima de seguro” es solamente el costo de mantenimiento y la amortización de la aeronave, ya que la FAU cuenta con tripulaciones de combate altamente calificadas.
Parecería que este es un costo que bien vale pagar dados los intereses vitales que esta medida propuesta ayudaría a proteger. El gobierno que se retira ya hizo bastante daño en la materia. Sería deseable que desde la oposición le ofreciera al gobierno entrante una cuota de crédito para que este intente corregir la insostenible situación actual. Es tentador hacer política con el tema, pero socavar las iniciativas del nuevo equipo de defensa constituiría un escalamiento aún mayor de irresponsabilidad.
