El videoclip muestra a Cristian Castro, el famoso cantante mexicano, caminando por la Ciudad Vieja de Montevideo, interpretando una versión distinta de su hit “Azul”. Ahora aparece todo vestido de verde y promocionando un préstamo “fácil de obtener” y tranquilizando que “las cuotas son más bajas, no te preocupés”, mientras invita a comprar championes, televisores gigantes, etc.
La pieza comercial lanzada en estos últimos días es una más de las tantas que pueden verse por televisión y en redes sociales en las que participan figuras del espectáculo y el entretenimiento, siempre en un clima de fiesta, apuntando a un público de poder adquisitivo medio y bajo, con aspiraciones de consumo que normalmente están por encima de sus posibilidades. La exhibición de poder de estas empresas de crédito convocando figuras cada vez más famosas y montando producciones de calidad cinematográfica que se difunden a toda hora es una demostración del jugoso negocio que hay detrás.
A pesar del enorme problema de sobreendeudamiento familiar que existe en el país, que afecta a un tercio de la población adulta, el mensaje es inequívoco: ¡que no pare la fiesta! Es como cuando un mal compañero te insiste una y otra vez en que te tomes una copa más a la madrugada sin importar si al rato hay que ir a estudiar o trabajar. Ni siquiera importó la pandemia que impactó severamente en el trabajo y la salud de las personas, provocando en muchos casos emergencias inesperadas en los hogares.
Los medios de comunicación se ven absolutamente condicionados a hablar sobre estos asuntos en la medida que esas empresas de créditos los financian mediante la compra de publicidad. Nadie va a morder la mano que le da de comer. Por otra parte, los dirigentes políticos que pretendan referirse a la cuestión de la usura saben que van a incomodar a los periodistas y ni que hablar a empresarios que sean potenciales contribuyentes a sus campañas electorales.
Solamente una manifestación cívica significativa o una catástrofe económica podrían llegar a alinear a dirigentes de varios partidos para que se animen a abordar esta cuestión seriamente, elevando la voz de aquellos que no tienen sindicato ni gremio que los defienda. Mientras tanto, que siga la fiesta. El aumento del crimen organizado, los problemas de salud mental, las adicciones y los suicidios, la gente en situación de calle o en asentamientos miserables, son fenómenos que pueden ser atribuidos a muchas cosas, así que –para tranquilidad de los que quieren mantener el status quo– nadie puede probar una vinculación directa de la usura y el sobreendeudamiento con aquellas calamidades que están rompiendo a la sociedad.
Pero sucedió lo inesperado. En los cálculos de nadie estaba que iba a surgir un partido político dispuesto a llevar la lucha contra la usura hasta las últimas consecuencias. La ferocidad con la que se trató a Cabildo Abierto durante estos años hace acordar a aquella obra de Henrik Ibsen, Un enemigo del pueblo, en la que el protagonista alerta sobre un inminente peligro para la salud pública de una comunidad, pero enfrenta la hostilidad de la política, la prensa, los comerciantes y finalmente de la gente.
Un camino repleto de espinas
La campaña del plebiscito “Contra la usura y por una deuda justa” llegó a su fin después de 19 meses. Recogió 320 mil firmas, de las cuales fueron rechazadas 75 mil por la Corte Electoral. Apenas hicieron falta 27 mil firmas válidas más para alcanzar el 10% del padrón electoral y conseguir habilitar la instancia de votación.
El proceso en realidad comenzó en octubre del año 2020 cuando Cabildo Abierto presentó su proyecto de ley de reestructura de deudas de las personas físicas, ante la alarmante situación de 700 mil uruguayos considerados deudores irrecuperables por el Banco Central y un millón en el Clearing registrados con algún tipo de incumplimiento.
Una situación a la que se había llegado por las nefastas consecuencias de la Ley 18.212 del año 2007, aprobada por unanimidad en el Parlamento y que sigue vigente sin alteraciones. Esta norma permitió que la tasa de usura se fijara con base en la tasa media de interés del mercado, excluyendo al Banco República. La ley de bancarización obligatoria que se concretó pocos años después durante la administración frenteamplista fue la antesala de la adquisición de las empresas administradoras de crédito por parte de los principales bancos que controlan el 80% de aquellas.
De este modo, un mercado cartelizado se convirtió en el regulador de las tasas de interés para los préstamos al consumo. A eso hay que sumar la complacencia del sindicato de los empleados bancarios –AEBU– y también del conjunto del Pit-Cnt, que nunca se pusieron del lado de los deudores y, por el contrario, acudieron al Parlamento con el propósito de pronunciarse negativamente sobre las propuestas legislativas para reformar la ley de usura.
También quedó en evidencia la extrema debilidad del Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, prácticamente un espacio simbólico en lo que refiere a esta problemática. En algunos países ya se está planteando la creación de Fiscalías especializadas en defensa de los consumidores, algo que por ahora se ve muy lejano por estas latitudes.
No obstante, la presión ejercida durante estos años y en especial la propuesta del plebiscito provocó una reacción del sistema. Así lo demostró el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas que implementó en 2024 la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito de Personas (Aneac) que permitió la reestructura o cancelación de más de 282 mil deudas (123.863 fueron canceladas y 158.319 reestructuradas). También se legisló para que las personas en el Clearing no sean privados de servicios públicos esenciales para vivir, como el agua, la luz o la vivienda.
Todo eso hay que valorarlo en su justa medida. Pero si no se modifica la ley, no hay soluciones permanentes y la historia se repetirá. El plebiscito fallido por la Deuda Justa solamente buscó hacer cumplir la Constitución y conminar a los partidos a votar una nueva legislación con mayorías especiales. Se dijeron muchas falsedades sobre esa iniciativa, por ejemplo, que era un “perdón de deudas”. Era usual encontrar gente especializada que criticaba la propuesta sin siquiera haberla leído, sin tener idea de qué dice el artículo 52 de la Constitución ni qué son las disposiciones transitorias de la Carta.
Guido Manini fue muy explícito en una reciente entrevista en el programa En Perspectiva: “Cabildo Abierto era el único que se metió con el verdadero poder, el que está detrás de la banda presidencial, aquellos a los que les da exactamente lo mismo que el presidente sea Yamandú Orsi o Álvaro Delgado, les da lo mismo, porque para ellos no les cambia nada” y nombró específicamente “a los financieros que en base a la usura están hundiendo a miles y miles de compatriotas”. “Preocupaba, porque una cosa es cuando sale alguien en forma circense a decir lo mismo parado en una plaza y el poder real se mata de la risa. Pero cuando aparece un partido que tuvo la fuerza electoral de CA de 2019 y potencialmente podía llegar a crecer, fue una especie de consigna: hay que matarlos”, agregó.
Ahora la pelota está en la cancha del Frente Amplio. El mismo Frente Amplio que impulsó en 2007 la Ley 18.212 y que bloqueó la reforma en el Senado en 2022. Varios de sus dirigentes se han amparado en que tienen una gran “sensibilidad” con el problema del sobreendeudamiento pero que los instrumentos presentados no eran la “solución”. Sin embargo, los senadores frenteamplistas ingresaron un proyecto de ley en 2023, que nunca movieron del cajón. ¿Lo harán ahora?
El nuevo presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, se refirió al tema en su discurso de asunción. “Si hay determinados segmentos puntuales del crédito que han crecido mucho, quizás dejando uruguayos sobreendeudados, lo cual se ha venido encarando con soluciones, es también cierto que el crédito es muy bajo en Uruguay en la comparación internacional. Demasiados uruguayos no pueden acceder a la casa propia, demasiadas pymes no encuentran capital para crecer, para competir, para saltar al mundo con sus productos y servicios y generar más empleo, demasiados estudiantes que no tienen apoyo para costear sus estudios universitarios. El crédito es la llave para evitar que los que logren sus proyectos sean solo aquellos que tienen acceso a recursos de familia o amigos, es la llave por tanto para evitar una economía de privilegios y de privilegiados”.
En rueda de prensa, el jerarca añadió: “Uruguay tiene que seguir trabajando en la promoción y acceso al crédito. Eso involucra una serie de medidas que pasan por más atención a cómo se está encarando la regulación, la normativa, no solo del sistema bancario, pero también de lo que es el mercado de capitales. Es un paquete de medidas que requieren el esfuerzo coordinado con los ministerios relevantes donde el Banco Central sin duda tiene que tomar un rol de liderazgo”.
Veremos. Hoy ganaron los dueños de la fiesta.
