El economista Gustavo Licandro, Catedrático de Economía Política en la Universidad Católica, director del Estudio Licandro-Díaz y ex subsecretario de Economía (1990-1994), en diálogo con La Mañana, analizó la compleja situación fiscal, la preocupación por la generación de puestos de trabajo, y delinea medidas para salir a flote en este difícil contexto.
¿Cómo está viendo la situación fiscal en el año 2020 a partir de esta crisis sanitaria?
Partimos de una situación compleja en lo fiscal. De arranque un déficit fiscal en el entorno de 5% del PIB ya era un campo minado que dejó la anterior Administración. A eso debemos agregar la paralización en la que quedó el gobierno actual para implementar ajustes de gasto público una vez desatada la crisis sanitaria. Es más, les resultó inevitable aumentar el gasto público para atender las dificultades sociales propias de una economía virtualmente detenida durante estos meses.
¿Entonces?
Agreguemos a lo anterior que la paralización de la economía que estamos observando afectó principalmente al consumo. Comercio y prestación de servicios. Esos sectores son intensos en impuestos, IVA, IRAE, IRPF e IMESI en muchos casos. Entonces debemos agregar la caída de la recaudación para este año. Hay que considerar el aumento de gasto en políticas sociales, entre las cuales el seguro de desempleo es muy relevante, y la contracción de ingresos fiscales… eso posiblemente nos lleve a un déficit fiscal en 2020 del orden de 8% del PIB. Esto es insostenible en el mediano plazo, sin dudas. Hay un ajuste en el horizonte, por las buenas o por las malas, pero el ajuste es inevitablemente.
¿Y el nivel de actividad para este año?
Supongo todos estamos ajustando proyecciones. Estoy trabajando con una contracción de la economía de entre 3,5 y 4 por ciento este año. Puede ser peor dependiendo de la apertura de frontera con Argentina y su impacto sobre el turismo. Con una contracción de la economía del 4% se explica algo más de un punto del PIB del incremento del déficit 2020 solo por caída del PIB. Sin tomar en cuenta una mayor propensión a la evasión fiscal. Y sin dudas explica una nueva caída del empleo. Imparable caída que estamos viendo desde hace varios años, desde 2015, y la agudización en estos meses de paralización de la economía. Vamos camino a una tasa de desempleo, según distribuyamos el incremento de quienes están en seguro de paro, del orden del 15%, no menos. En febrero llegamos a algo más del 10% y la trayectoria es inevitable. Y este es el principal problema del país.
Ahora tenemos la convocatoria de los consejos de salarios. Se habla de un entendimiento para llevar las negociaciones para el año próximo, cuando hayamos superado esta pandemia, habiendo propuesto el gobierno una pauta salarial del 3% nominal para enero próximo y un ajuste respecto a la inflación pasada corregida por el comportamiento del PIB, ¿está de acuerdo con esta propuesta?
Tenemos que estar preocupados por la capacidad para generar empleo. Los puestos de trabajo debe ser la prioridad en estos años. Ya que está asumida la continuidad de estas negociaciones, creo que la pauta gubernamental debe ser alineada con esta preocupación. Yo creo que de mantenerse los consejos de salarios, como está comprometido políticamente, estos deben realizarse ya mismo, con una indicación o pauta de corrección nominal y nada más. Si la pauta de inflación es, por ejemplo, entre 3 y 7 por ciento como en el pasado, la pauta podría ser 3% anual, pero sin corrección en función de la inflación efectivamente registrada. Sin compromiso de mantenimiento de salario real por evolución del IPC.
“La brutal expansión del gasto público en los quince años con el Frente Amplio en la administración pública, se terminó financiando con deuda pública”
Entonces las partes negociarán. Si no se ponen de acuerdo se decretará aquel incremento del 3% y las partes quedarán liberadas para negociar incrementos o condiciones por encima de la pauta. Esto implica también desactivar inmediatamente las cláusulas gatillo o de compensación de diferencia entre inflación e incrementos nominales. Liberalizar el mercado de trabajo, aunque sea parcialmente, es una condición muy importante para que esta crisis sea breve y salgamos rápidamente.
¿Pero esta solución puede llevar a una caída del poder adquisitivo de los salarios?
Si. Puede, pero no es un dato. Peor es que el empleo siga cayendo. Lo único que está claro es que un burócrata no puede resolver salario real y nivel de empleo al mismo tiempo. Eso es inviable en el mediano plazo. Si le ponemos rigidez a los salarios, el mercado ajustará el empleo, como pasó en los años pasados. Si liberamos el comportamiento de al menos una parte del salario, entonces podemos esperar una reacción positiva en el empleo. Ya pasó en la crisis del 2002. En ese momento se mantenía la política de no convocar los consejos de salarios que habíamos instrumentado a partir del 92, con lo cual las partes acordaron condiciones laborales y el empleo se recuperó a una gran velocidad, luego de tocar niveles críticos del orden del 20% de desempleo en plena crisis. Pocos lo reconocen pero la veloz recuperación posterior a la crisis del 2002 en parte se debe a esta decisión de los años 90.
La pauta propuesta por el gobierno prevé una recuperación posterior de los salarios, con el compromiso de no perder salario real en el mediano plazo. ¿Esa no es una mejor solución?
Creo que no. Esa es una posición similar a la observada en los últimos años, con diferencia en los números. Si la preocupación es el nivel de empleo, debe dejarse en manos de las partes los incrementos diferenciales de salarios. Una economía indexada, que sería lo propuesto, es una economía con muy poco nivel de libertad y con riesgo de poca competitividad. Una de las principales medidas que necesita el país es que se eliminen todos los mecanismos de indexación vigentes. Esto permitiría, por ejemplo, que un incremento del tipo de cambio no encienda todas las alarmas ya que su reflejo parcial en la inflación “activa” las clausulas gatillo dependiendo del nivel alcanzado, entonces se ajustan los salarios, luego eso se refleja en los precios de los bienes y servicios no transables y todo termina en más inflación. Entonces se buscan los mecanismos para “pisar” el tipo de cambio, esto genera atraso cambiario y baja competitividad, eso incide negativamente en la inversión y el efecto final es una baja en el nivel de empleo. La indexación es un calmante que por un excesivo consumo termina envenenando el cuerpo.
Respecto a la competitividad de la economía, ¿qué medidas pueden tomarse para corregir un problema que parece endémico en nuestro país?
Uruguay es un país que por diferentes razones tiene un balance de pagos con cuenta capital positiva, si lo analizamos en varias décadas. Por eso en el largo plazo Uruguay es un país de cuenta corriente negativa en el balance de pagos. Ese ingreso de capitales también ha permitido financiar gasto público, déficit. En definitiva, siempre en términos netos entran dólares en Uruguay. Vivimos de captar ahorro externo. Históricamente de argentinos que buscan refugio y protegerse de una Administración muy agresiva. Sobran dólares y naturalmente tenemos un país con tipo real de cambio bajo. Una tendencia a ser poco competitivos.
Hasta ahí una observación, no un problema. Las cosas son como son. La dificultad nace con decisiones de política económica locales. La brutal expansión del gasto público en los quince años con el Frente Amplio en la administración pública exacerbó aquella característica. Parte de ese incremento del gasto, la mitad, se terminó financiando con deuda pública. Son dólares que entran al país, se venden en el mercado y los pesos se aplican al pago de gasto público. Esa mayor oferta de dólares es lo que genera el atraso cambiario del que se habla tanto.
¿Y cómo se corrige?
Esto se corrige sí o sí. Por las buenas o por las malas. Por las malas es una historia conocida acá y en Argentina. Le acaba de pasar a Macri. No se actúa sobre el gasto público con bisturí a fondo, el país se endeuda hasta que la confianza se pierde y no hay más crédito externo. El desenlace es uno solo: crisis cambiaria. Odómetro a cero y todo empieza de nuevo con las obvias pérdida de confianza, en los empresarios e inversores. En definitiva un mal impacto para la sociedad.
Por las buenas implica decisiones. Y sin eufemismos, para que baje el gasto público ciertamente debe bajar la masa de salarios públicos. El volumen de empleados estatales bajará muy lentamente ya que hemos visto que las excepciones a la no reposición de vacantes son enormes. Así que solo queda actuar sobre los sueldos en el sector público. Como nominalmente no bajarán, habría que actuar a futuro: congelar salarios públicos por al menos un par de años, luego de muchos años con fortísimos aumentos. En segundo lugar, eliminar todo mecanismo indexatorio de los mismos. Esto, sumado a otros ahorros menos relevantes ayudará a ordenar las cuentas públicas. Y evitar una crisis mayor. Pero el ajuste es inevitable.
Pero también inciden sobre la competitividad las tarifas de los entes autónomos. Los precios de la energía en particular es un reclamo permanente del sector privado. ¿No considera que deben ser más eficientes y esos precios deben bajar?
El planteo más interesante de la campaña electoral fue el de desmonopolizar el mercado de hidrocarburos. Para aplaudir. Si ANCAP es eficiente y competitiva como dicen sus fanáticos entonces no habrá lugar para la importación. Si, como todos sospechamos, el monopolio no es eficiente, como todo monopolio, entonces aparecerán importadores buscando competir en precio, condiciones comerciales y financiación como ingredientes de un combo. Por lo pequeño de nuestro mercado no imagino multinacionales aterrizando acá. No entramos en ningún redondeo. Imagino grupo de empresas transportistas, grupos de industriales, empresarios que les interese el tema, que importen derivados del petróleo para sí o para comercializar y que, si son competitivos, podrán hacerlo a un precio menor al hoy vigente. La desmonopolización y la libertad de mercado solo asegura un precio menor. Y si vienen las grandes petroleras, más competencia aún! En el peor de los casos tendremos los mismos precios que tenemos hoy, los de ANCAP. Pero nunca serán mayores.
Uruguay debe prepararse para una explosión de ingreso de capitales destinado a la inversión, privada en particular, que permitirá generar puestos de trabajo en cantidad
En la ley de urgente consideración se aprueba un mecanismo por el cual se calculará un precio a partir de la paridad de importación. ¿Ese no es un mejor seguro para tener precios competitivos?
Indudablemente no. ¿Cuál es la paridad de importación? ¿Con la región, con Chile? ¿con Singapur, con Estados Unidos? Ningún burócrata tiene la obligación de tener la astucia, la agilidad y el conocimiento que tiene un comerciante para identificar oportunidades al dedicarse al negocio cada día y cada hora. Me animo a decir que este mecanismo puede demostrar lo opuesto a lo que diría el mercado. Y con las dificultades fiscales que tenemos por delante no me imagino a la burocracia bajando tarifas públicas. La competencia era el camino correcto. Oportunidad perdida.
Sin dudas un tema con muchas opiniones. El propio Ernesto Talvi ha dicho que convencería con sus argumentos al Dr. Jorge Batlle respecto a la inconveniencia de desmonopolizar el mercado de combustibles en este momento…
El Presidente Batlle era una persona muy inteligente y con ideas y posiciones muy sólidas. Es una irreverencia con alguien que ya no está entre nosotros…
Volviendo a la situación fiscal y a la competitividad del país, ¿finalmente Usted no entiende conveniente dejar de lado por el momento el ajuste del gasto público?
En absoluto. Hoy es más importante que antes. Ahora hay un gasto no previsto que debe ser atendido a propósito de la paralización de la economía por la crisis sanitaria. En 2020 y posiblemente en 2021 será necesario atender seguro de paro incrementado, asistencia social, facilidades en materia tributaria para los contribuyentes que, en caso de financiarse con deuda pública, pondrá a la economía en zona de riesgo con luces amarillas y rojas encendidas.
Hay que hacer un ajuste severo de gasto. Y en particular de los salarios públicos para generar recursos para enfrentar esos nuevos gastos. La disyuntiva es entre pagar sueldos públicos que han subido y mucho en estos 15 años pasados o atender la emergencia social. Una reducción menor en comparación al incremento de estos quince años pasados o cumplir con las urgencias de la sociedad. Yo no tengo dudas. Otro camino es terminar en un proceso devaluatorio e inflacionario que castiga a todos los asalariados por igual.
La economía mundial se proyecta con políticas monetarias expansivas y muy bajas tasas de interés en los próximos años. Uruguay debe prepararse para una explosión de ingreso de capitales destinado a la inversión, privada en particular, que permitirá generar puestos de trabajo en cantidad. Pasó en los primeros años del FA, pasó en el gobierno de Lacalle y pasó en el último año de Batlle. El error es tentarse en canalizar ese ingreso de capitales a endeudamiento público y perder la oportunidad.
Ec. Licandro: “Vamos camino a una tasa de desempleo, según distribuyamos el incremento de quienes están en seguro de paro, del orden del 15%, no menos. En febrero llegamos a algo más del 10% y la trayectoria es inevitable. Y este es el principal problema del país”. Foto: Marcos Dell’Onte
“Evitar luces amarillas y rojas encendidas”
“Ahora hay un gasto no previsto que debe ser atendido a propósito de la paralización de la economía por la crisis sanitaria. En 2020 y posiblemente en 2021 será necesario atender seguro de paro incrementado, asistencia social, facilidades en materia tributaria para los contribuyentes que, en caso de financiarse con deuda pública, pondrá a la economía en zona de riesgo con luces amarillas y rojas encendidas.
Hay que hacer un ajuste severo de gasto. Y en particular de los salarios públicos para generar recursos para enfrentar esos nuevos gastos. Una reducción menor en comparación al incremento de estos quince años pasados o cumplir con las urgencias de la sociedad. Yo no tengo dudas. Otro camino es terminar en un proceso devaluatorio e inflacionario que castiga a todos los asalariados por igual.”
SEGUIR LEYENDO
