El exdirector de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, estima que con el pasaje de los grandes consumidores a comprar energía a los generadores privados la empresa estatal va a perder de recaudar US$ 237 millones por año. Esta cifra está compuesta de la siguiente forma: US$ 140 millones por sobreprecios pagados de energía eólica, US$ 27 millones por sobreprecios de energía fotovoltaica y US$ 70 millones en excedentes.
El diálogo con La Mañana, Pées Boz señaló: “Levantamos muchas veces nuestra voz en los últimos cuatro años, difundiendo y dejando ver los efectos negativos de los contratos con los privados (denominados PPA), las compras obligadas a UPM 2 y el decreto 242 de agosto de 2023 con el que el actual canciller y por entonces ministro de Energía, Omar Paganini, le facilitó la salida de UTE a Coca Cola y abrió el agujero negro para que los 514 restantes grandes clientes de UTE sigan el ejemplo”.
Sobre las cifras que maneja, señala que si se van todos los grandes clientes UTE perderá 350 millones de dólares de su recaudación y a su entender por esta razón y para mantener rentable la empresa, se deberá agregar un 15% a las tarifas residenciales. De esta manera, se lograría el equilibrio financiero para poder seguir pagando 600 millones de dólares por año, durante dos décadas más, por la compra de energía a los generadores privados y UPM 2.
En cuanto a esta última, Pées Boz indica que UTE deberá comprarle 90 millones de dólares anuales de energía, “que el sistema no necesita, financiándole en 20 años el 50% de la inversión realizada” para la instalación de su planta.
Intereses británicos
En una reciente entrevista con el diario El País, la embajadora británica Faye O’Connor, señaló que dos fondos de ese país (Cúbico y Atlántica Sustainable Investments) han invertido y adquirido parques eólicos y solares. En el caso de Cúbico, “se ha convertido en la segunda mayor productora de electricidad renovable, después de UTE, en este país. Y Atlántica Sustainable Investments es la primera empresa en el sector de la energía renovable que tiene un acuerdo de venta de energía a una empresa privada (Coca-Cola)”, señaló, y acotó: “Eso se logró por la liberación del mercado aquí, que aumentó la competencia y ha sido muy bueno para todos”.
Al respecto, Pées Boz señala que son “unas pocas familias uruguayas y fondos de inversión internacionales, como los que menciona la señora embajadora, que dicho sea de paso tuvo reiterados encuentros con autoridades y funcionarios de UTE, los que se benefician durante 20 años más”.
También indica que los 600 millones de dólares anuales que hay que pagarles a los privados representan 13% de tarifa que podría reducirse, o tener todo el presupuesto de inversiones anual financiado entre 15 y 20 años, sin tener la necesidad de poner capital ni tomar deuda por parte de la empresa pública. “Por haber tomado este modelo de negocio, no prever la evolución tecnológica y no hacer las incorporaciones de nuevos generadores en forma gradual, acompañando la demanda energética”, estima que UTE perdería en el entorno a los US$ 4780 millones durante la vigencia de los contratos PPA. A esta cifra se llega por lo ya pago (US$ 1230 millones) y US$ 3550 millones en los años restantes de los respectivos contratos.
Pagando de más
Los números muestran lo favorecidas que se han visto estas empresas. Por ejemplo, un parque solar se aseguró la compra por UTE de todo lo producido a un precio pactado a US$ 120 el MWh, cuando hoy se estima que ese parque solar puede producir en el entorno a US$ 30 el MWh. Esto se debe a que los costos de producir energía solar han caído drásticamente en los últimos años por las nuevas tecnologías. Además, por la duración de los contratos (son de 20 años) se estima que hay parques solares y eólicos que ganarán cifras realmente millonarias en dólares.
“De esta manera se acorrala a la empresa pública en materia competitiva, atándola de pies y manos con altísimos costos por 15 o 20 años más. Hay un mercado de competencia imperfecta, con precios distorsionados por excedentes. Como es obligatorio utilizar primero la energía ya pagada, o sea a los privados, por ejemplo, el precio de la energía de las represas estatales tiende a ser cero”, dice nuestro entrevistado.
Cuando se lo consulta sobre la energía generada por UPM 2 y el acuerdo firmado con el gobierno del Frente Amplio en 2019, sostiene que UTE se ve obligada a comprar la energía de biomasa que genere esa planta, al doble del precio que la podría estar produciendo la propia empresa pública, pagando más de US$ 70 el MWh. Esto significa “nuevamente un contrato nefasto para la empresa pública, quien asume un sobreprecio del 50%, que una vez más pagamos los usuarios a través de nuestras facturas de energía eléctrica. La fábrica de UPM 2 costó alrededor de US$ 4000 millones. UTE y consecuentemente todos nosotros, le compraremos en el entorno de los US$ 2000 millones, financiando el 50% de la obra”.
Los cambios de agosto de 2023
Pées Boz también recordó los efectos de todo este proceso. El pasado 9 de mayo y con su voto en contra, UTE realizó “una rebaja voluntaria a 47 grandes consumidores para que no se fueran a contratar el suministro con los privados”. Tras esa votación, el director en representación de Cabildo Abierto presentó su renuncia.
Los cambios importantes que desembocaron en esa votación habían comenzado en agosto de 2023. Antes de ese mes, regía la obligación para cada generador, fuera público o privado, de cumplir con la “potencia firme” (asegurar al usuario la disponibilidad de energía eléctrica las 24 horas de cada día) a lo que UTE responde con toda su infraestructura, incluidas las fuentes térmicas. A partir de dicho mes y como consecuencia del decreto 242/023, se eximió a los generadores privados a cumplir tal obligación. Cuando no tienen energía (por ejemplo, solar en la noche) la compran en el mercado a precios distorsionados y utilizan la red de UTE para el suministro. Parte de las compras cuando no generan y para cumplir con los clientes se realizan a la energía que sale de las represas hidroeléctricas estatales.
“El botín de lo rentable de la cartera de clientes de UTE, o sea los grandes consumidores que representan unos US$ 350 millones por año, es para unos pocos empresarios privados; mientras tanto el resto de los 1,6 millones usuarios de UTE seguiremos financiando a la empresa pública responsable de atender carenciados y bonos sociales, entre otros compromisos. Los generadores privados, sin riesgo comercial y con precios y condiciones leoninas, siguen disfrutando de su excelente negocio”, sostiene el cabildante.
Pées Boz sintetiza la situación actual indicando que se violó lo pactado por los partidos políticos representados en el Parlamento en 2010, que establecía una compra máxima por parte de UTE a los privados por el negocio que recién se creaba: el de la generación eléctrica privada mediante molinos y poco más tarde con paneles solares.
Entre 2012 y 2018, se obligó a UTE a comprar más energía de la que se necesitaba. Recordó que las compras pactadas con el Poder Legislativo eran de 300 MWh y se contrataron 1500 MWh. A su vez, no se consideró que la evolución tecnológica iba a generar un impacto en los precios a la baja, omitiendo incorporar en los contratos la correspondiente “cláusula tecnológica”, cuando en aquellos años la tendencia de la evolución ya era clara.
Los excedentes entre energía generada y no consumida desde 2012 a la fecha es de US$ 150 millones. Si bien nadie la consumió, eso se cobró en las tarifas.
A esto se le suma la cantidad de energía exportada a precios inferiores a los pagados por la misma, o sea la venta a pérdida a Argentina, que llegan a los US$ 200 millones, así como otros US$ 880 millones por sobre precios en el pago de energía. En total se estima que UTE tuvo pérdidas totales por el modelo de negocio con los privados, entre el 2012 y la actualidad, en el entorno US$ 1230 millones. “El financiamiento de esa cifra son las tarifas de energía eléctrica que pagamos todos los usuarios y que por esta razón son las más caras de la región”, dice el ex director de UTE.
La solución que plantea es derogar el decreto de agosto de 2023 y que se ponga a los generadores privados en las mismas condiciones que UTE.
“El gobierno tienen la oportunidad de pensar en nuestros bolsillos y evitar que sigamos siendo un país caro. Ni un Estado monopólico, ni un Estado prescindente, ni menos un Estado que se endeude para asegurar con contratos a privados y UPM 2 la rentabilidad sustentable de negocios privados financiada por nuestros bolsillos”, finaliza indicando.
“País eternamente caro”
Desde el sector primario nacional se ha expresado con respecto a las tarifas de UTE el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que nuclea a los productores arroceros, en su cuenta de X (ex Twitter): “Pasa el tiempo y los problemas estructurales del Uruguay no cambian. La energía eléctrica que nos provee UTE, que tiene gran impacto en la economía, tanto familiar como empresarial, ha sido, es y parece que seguirá siendo la más alta de la región”, junto con el hashtag #PaisEternamenteCaro.
Dicha afirmación refiere al reporte de Indicadores Energéticos de SEG Ingeniería, empresa de energía tradicional y energías renovables que realiza análisis y noticias sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética. El cuadro hace un comparativo en el que muestra que Uruguay es el país con tarifas más altas de la región con un valor de 140 US$/MWh para el sector industrial media tensión y 293 US$/MWh para la energía residencial. Le sigue Chile, Brasil, y Argentina que “la electricidad ha registrado aumentos significativos este año. Los precios para los hogares se han triplicado y para las industrias se han más que duplicado”, siendo el costo 104 US$/MWh para el sector industrial y residencial de 95 US$/MWh (una tarifa 300% más económica que en nuestro país) según indica el reporte. Por último, se posiciona Paraguay con 38 US$/MWh para el sector industrial media tensión y 54 US$/MWh para la energía de uso residencial.
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