La denominada ley de transparencia para el ingreso a las intendencias fracasó en su pasaje por el Senado tras no contarse con los votos del Partido Nacional. El proyecto era una iniciativa del senador Adrián Peña, quien falleciera en un accidente de tránsito el pasado jueves 4, dos días después que su iniciativa fuera tratada.
Básicamente, la iniciativa, que se presentó en junio de 2023, planteaba que, todos los ingresos de nuevos funcionarios a las intendencias debían ser por concurso o sorteo. Para que el proyecto fuera aprobado se necesitaban dos tercios de la cámara. El artículo 64 de la Constitución establece que las “normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los entes autónomos, o de algunos de ellos, según los casos”, deben ser aprobadas por mayorías especiales, es decir, por dos tercios de la cámara en cuestión.
Recordemos que el “Compromiso por el país”, firmado por los líderes de los partidos que componen la Coalición de gobierno, tenía un capítulo referido al desarrollo de un Estado inteligente y transparente. Y en ese sentido estaba como uno de sus puntos principales: “Promover una normativa que, respetando el marco constitucional vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales”.
Sin embargo, cuando el proyecto llegó al Plenario, los votos fueron del Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Pero no estaban los tres quintos de necesarios, debido a que ningún integrante del Partido Nacional lo apoyó. La iniciativa tuvo veinte votos a favor y ocho en contra. Se precisaban veintiún votos. Recibió el respaldo de los trece senadores del Frente Amplio, los tres de Cabildo Abierto y los cuatro del Partido Colorado.
La argumentación del Partido Nacional para no dar su voto es que se trataba de una ley que violentaba la autonomía municipal. Para los nacionalistas, las juntas departamentales son las que controlan las reglas para el ingreso por concurso. También argumentaron que en la década de los años noventa, la Suprema Corte de Justicia se había pronunciado sobre este tipo de leyes que se votan en el Parlamento y que a su entender violan la autonomía de las intendencias. La ley cuestionada en ese momento fue la 16.127, que hacía referencia a la forma de ascender dentro de la función pública, y fue recurrida por varios gobiernos departamentales, a los cuales la Justicia les terminó dando la razón.
Otro antecedente es de 2008, cuando con la Rendición de Cuentas se incorporó un artículo similar y fue votado por el Frente Amplio y algunos legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, pero no se alcanzaron los dos tercios necesarios.
No obstante, cuando este proyecto se trató en Comisión, no se señaló que la norma podría ser inconstitucional y no se convocó a ningún constitucionalista que diera su opinión. Peña argumentaba que los intendentes “tenían un poder muy grande” tras pasarse a las comunas varias tareas que antes se efectúan desde el gobierno central. También indicaba que Uruguay es centralizado, no es federalista, “no hay Estados” y las autonomías “no son independencias”. Peña argumentó, en la que sería su última comparecencia en la Cámara Alta, que “no existe informe alguno de constitucionalista que establezca que el proyecto no es constitucional”, y dijo que esa fue la forma que encontraron los legisladores nacionalistas para poder justificar no acompañar la iniciativa. En declaraciones a la prensa hizo mención que la bancada de senadores del Partido Nacional se vio presionada por intendentes de esa colectividad política para que no apoyaran el proyecto. Por otra parte, había indicado que, según los datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el 56 por ciento de los ingresos a las intendencias es “a dedo” y llegaba al noventa por ciento en algunas. Esto implicaba que esos ingresos “se usaban con un fin político electoral, ya que la población necesita trabajo”.
“Señal a la población”
El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos manifestó que lo que se discutió en el Senado fue dar “una señal” hacia la población para mostrar la existencia de cristalinidad al ingreso de funcionarios tanto a nivel de las intendencias como del gobierno nacional.
“Perdemos la oportunidad de dar un mensaje. Sobre todo, en una época en la que el propio sistema político cae en descrédito por prácticas que todos sabemos que ocurren y han ocurrido en todas las intendencias de todos los pelos políticos. Nadie puede ponerse la máscara y decir que eso no es así”, dijo el líder de Cabildo Abierto.
En su intervención en la sesión del Senado, indicó que hubiera sido una buena señal de cambios significativos, “o al menos poner límites a lo que está ocurriendo y que entendemos que va a seguir ocurriendo”.
El cabildante llamó a seguir insistiendo en el tema. Por otra parte, frente al argumento de que normas de este tipo existen en cada departamento, se preguntó: “¿Cuál es el problema de que exista una norma nacional que no haga otra cosa que ratificar lo que ya está previsto en los gobiernos departamentales?”. Manini Ríos señaló que Cabildo Abierto votaba la propuesta de Peña “en el sentido de señalar que una norma de este tipo está en la dirección correcta de lo que el país está necesitando”.
“Legislar sobre lo legislado”
Uno de los principales opositores a este proyecto fue el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, quien fuera intendente de Cerro Largo. En la sesión del Senado, el representante dijo que se pretendía legislar sobre lo que ya estaba legislado en cada departamento y suponía una violación de la Constitución. “Lo único que queda es ese mal mensaje, esa acusación directa e infundada y soberbia al interior de la República. Eso no es para tolerar con ligereza”, señaló en sala.
Botana hizo referencia al artículo 61 de la Constitución, el cual señala que “se interpreta de que el funcionario debe regirse por los estatutos” que fija cada intendencia, y al artículo 62 en el que se manifiesta que “los gobiernos departamentales sancionarán el estatuto para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes, y mientras no lo hagan regirán para ellos las disposiciones que la ley establezca para los funcionarios públicos”. Para este legislador, la norma que se pretendía aprobar significaba que, por ejemplo, si en una localidad pequeña se retiraba la persona encargada de recoger la basura, se debía llamar a concurso o sorteo y eso implicaría una demora en la prestación de los servicios, ya que no se podría contratar personal para solucionar de manera inmediata el tema. Botana dijo que “hay que respetar la diversidad para atender las circunstancias”.
“Por esto sobrevive el Partido Nacional”
Desde el Frente Amplio, el senador Óscar Andrade dijo que en las intendencias nacionalistas se contrata personal por un año y se va renovando el contrato de acuerdo con si se está o no con el intendente de turno. En declaraciones a la emisora M24, el legislador comunista sostuvo que por estas prácticas el Partido Nacional “sobrevive y tiene el peso que tiene y por algo nos gana tan lejos después en las elecciones municipales. Hay departamentos donde el Frente gana en la elección nacional, pero después en la municipal perdés por destrozo. Es por esas políticas, no hay dudas”.
Andrade dijo que “hubo un caso muy curioso que se dio en la Intendencia de Cerro Largo, en el que se pelearon dos facciones del Partido Nacional y la facción contraria a Sergio Botana echó a todos los que Botana había tomado y después Botana integró a todos y tuvieron un cruce de ‘ingresaste un montón de gente a dedo’ y ‘vos los echaste, los perseguiste políticamente porque eran míos’, pero es habitual. Una política clientelar que antes era habitual a nivel nacional”.
En el día de ayer la bancada de Ciudadanos llamó a una conferencia de prensa donde anunció que impulsará un plebiscitopara regular las contrataciones que realicen las intendencias, tal cual lo había propuesto el recientemente fallecido Adrián Peña. Por un tema de tiempo, este sector del Partido Colorado no llegaría ajuntar firmas para plebiscitar el proyecto en las próximas elecciones, por lo cual deberá hacerlo a través del Parlamento. Para esto necesita el apoyo de 52 votos en la Asamblea General, dos quintos del total de componentes.
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