Con modificaciones al texto original presentado en mayo, la iniciativa, presentada por representantes de Cabildo Abierto (CA), fue aprobada con los votos de los diputados cabildantes, del Frente Amplio (FA) y del PERI. Colorados pidieron al presidente de la República que considere vetar la norma si finalmente es confirmada por el Senado.
Tras más de cinco horas de discusión, en el último plenario de este año de la Cámara de Representantes, ayer se aprobó el proyecto de ley impulsado por el diputado Rafael Menéndez y la bancada cabildante, que contó con el respaldo de la bancada de diputados frenteamplistas y del representante del PERI, César Vega. La propuesta había sido aprobada el jueves pasado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue enviado de forma urgente a la Cámara de Senadores.
El proyecto de ley presentado en mayo planteaba limitar la forestación a los suelos de prioridad forestal, pero considerando la base de productividad (índice Coneat) de cada padrón. También, preveía una distancia mínima de 300 metros entre el borde de los montes y los cursos de agua, y obligaba a una rotación de cultivos entre los turnos forestales, la plantación y la cosecha del monte.
Durante siete meses varias delegaciones pasaron por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados. Entre ellas, autoridades del MGAP y delegaciones vinculadas al sector forestal, cuestionaron algunas de las restricciones previstas y debatieron sobre las características del ciclo forestal. Por este motivo, se inició un proceso de intercambio que desembocó en un proyecto modificado que se terminó de elaborar en noviembre.
¿Qué propone el proyecto aprobado?
La nueva propuesta mantuvo el espíritu inicial de limitar el área forestada del país, pero a partir de la conservación y el control de los suelos, y no según el índice Coneat. La exposición de motivos del nuevo proyecto de ley hace referencia a que la superficie actualmente forestada ya es suficiente para abastecer las plantas de celulosa instaladas, puntualiza sobre la forestación realizada sobre campos no considerados de prioridad forestal, en detrimento del campo natural y los recursos hídricos. Se considera que esta regulación es fundamental para poder lograr una producción económica, social y medioambientalmente sustentable.
Legisladores del Frente Amplio mencionaron que ponerle límites a la propiedad privada es una cuestión de “interés general” del país y recordaron que fue la academia la que en 1987 dispuso cuáles eran los suelos de prioridad forestal.
Además prevé que el área total de bosques de rendimiento y generales no podrá superar el 10% de la superficie del país bajo explotación agropecuaria (una superficie que equivale a 1,6 millones de hectáreas aproximadamente). La superficie total se determinará a partir de los proyectos forestales aprobados por la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que deberá establecer y comunicar la superficie total afectada. Según datos de 2018 la superficie forestada en Uruguay supera el millón de hectáreas, por lo que la norma aplicaría sobre las 600 mil hectáreas disponibles.
Con la propuesta se pretende ajustar la actividad forestal, particularmente a los suelos tipificados como de prioridad forestal por la ley, admitiéndose la excepción de poder forestar bosques de servicio, destinados a reparo de viento y sombra, que no podrán superar una superficie del 8% de la extensión total de los terrenos, cuando estos se ubiquen en suelos que no sean de prioridad forestal.
La iniciativa prevé la presentación de una declaración ante la DGF y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) -encargados de aprobar y dar seguimiento de los proyectos- si la superficie forestada supera las 40 hectáreas.
También se establece que todos los actores de la cadena forestal deberán procurar que la masa forestal nacional constituida por bosques de rendimiento y generales implantados, se realicen incorporando tecnologías adecuadas para el mantenimiento de los recursos naturales involucrados y su productividad en los sucesivos ciclos de explotación.
Por último, prevé que en la desafectación de los padrones forestados se deben corregir los problemas asociados a la alteración del relieve de los suelos asociados al uso forestal, eliminar los tocones e implantar sobre ellos una cobertura vegetal permanente, y si la topografía y geología del terreno limita esta práctica, se instalarán montes con especies nativas pasando las mismas a tipificarse como bosques protectores. El costo involucrado para la recuperación de daños será asumido por el propietario del bosque o del padrón y el incumplimiento de esta pauta será impedimento para la enajenación de los padrones involucrados.
Diputados contrarios pidieron más tiempo
En primer lugar, se discutió y votó una moción para votar este proyecto de ley de forma urgente, presentada por los diputados Menéndez, Perrone, Varela y Vega.
Por una parte, los defensores de la iniciativa entienden que hubo un tiempo considerable (un mes) para estudiar el nuevo proyecto presentado en comisión. Sostienen que, durante los últimos siete meses, fueron escuchadas las opiniones, tanto de miembros del Poder Ejecutivo, como de productores forestales y académicos, entre otros actores importantes respeto a la materia que se legisla.
Menéndez argumentó la urgencia del tratamiento al constatar que las grandes empresas forestales están acelerando los procesos de forestación. Situación a la que también hizo referencia el diputado ecologista César Vega.
Asimismo, varios representantes del Partido Nacional (PN), entre otros, manifestaron que es “inconveniente” el tratamiento de este tema sin haber analizado el nuevo proyecto de ley con una mayor profundidad y discusión. Por ese motivo, presentaron una moción para que el proyecto vuelva a ser tratado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero la iniciativa fue rechazada.
Por su parte, Ruben Bacigalupe (PN) dijo que debió haber más debate y convocar a comisión, no solo a los ministros de Ganadería y de Ambiente, sino también a los ministerios de Industria y de Economía, para conocer sus opiniones.
El representante del Partido Independiente, Iván Posada, si bien manifestó estar de acuerdo en poner límites a la forestación, indicó que el tema merece un “estudio especial” ya que las modificaciones impactan en el desarrollo del país. Para Posada, debió haberse dado una “discusión integrada de economía y producción”, con un mayor asesoramiento técnico y “visión de carácter global”.
“No es prohibir, sino regular”
El diputado Menéndez explicó que “nos debemos a la gente”, por lo que entiende que este proyecto de ley es “necesario, justo y urgente”. El cabildante hizo mención a que mientras se vienen forestando 100 hectáreas por día desde la aprobación de la ley forestal del año 1987, en los últimos años se registraron 50 mil productores menos en las otras actividades rurales de nuestro país. Además, mencionó que el área ya forestada (1.100.000 hectáreas) es suficiente para cubrir las tres plantas de celulosa que funcionarán en el país cuando se inaugure UPM2.
También hizo hincapié en que, como ninguna otra actividad productiva, la industria forestal goza desde hace más de 30 años de diferentes beneficios fiscales y de infraestructura (desarrollo de la caminería), que han permitido que la actividad forestal “avasalle” a las otras actividades rurales.
Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, mencionó que el área ya forestada (1.100.000 hectáreas) es suficiente para cubrir las tres plantas de celulosa que funcionarán en el país cuando se inaugure UPM2.
Otros diputados que votaron afirmativamente y defendieron el proyecto, como el frenteamplista Alfredo Fratti apuntaron a que la norma prevea que se respete que las plantaciones se realicen en los suelos de prioridad forestal como establece la ley vigente (15.939), ya que a partir de normativas departamentales se exceptuó de manera desmedida la forestación por fuera de las tierras habilitadas para dicho fin. Tal es el caso de Colonia y otros departamentos, con más de 80% de las aéreas forestadas en predios que no son catalogados de prioridad forestal.
Tanto Fratti como el cabildante Álvaro Perrone consideraron que no se trata de prohibir la actividad forestal, sino de “regularla”, pensando en el futuro del país. Para el diputado Fratti, con este proyecto de ley se pretende “llevar tranquilidad a la sociedad uruguaya de que nuestro país no se transformará en un bosque”.
En tanto el diputado Eduardo Lust aseguró que “es el momento de poner un límite” a la forestación, una actividad con más de 1.100.000 ocupadas, pero que emplea a solo 16.791 personas, según el BPS.
Intereses particulares e interés general
Por su parte, Ope Pasquet, del PC, (como varios de sus correligionarios que alzaron su voz en contra del proyecto de ley que limita la forestación) manifestó que esta propuesta “atenta” contra la “política de Estado más exitosa del país”, en cuanto al desarrollo productivo y económico de Uruguay en los últimos 30 años.
Y a la vez, Virginia Fros (PN) apuntó a que la iniciativa “atenta contra la libertad económica y el derecho a la propiedad”, y que contradice los principios de la ley forestal, votada por unanimidad, en el año 1987, por todas las fuerzas políticas.
Tanto Fros como Pasquet coincidieron en que el proyecto de ley no está acompañado de criterios técnicos, ya que a su entender faltaron estudios ambientales que argumenten el impacto negativo que se menciona en el texto.
El colorado Conrado Rodríguez señaló que es una “falsa dicotomía” el de poner a la actividad forestal, “una política de Estado consolidada por todos los gobiernos”, como contraproducente de las otras actividades productivas del país.
Durante siete meses varias delegaciones pasaron por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados.
En esa línea el diputado Felipe Schipani (PC) remarcó que la forestación no es una actividad que se contrapone, si no que es “complementaria” a las otras. Indicó que si el Senado aprueba esta ley, deberá ser el presidente Luis Lacalle Pou quien tendrá que usar su derecho a veto, para dejar sin efecto la nueva normativa.
El diputado Eduardo Lorenzo (PN) consideró al proyecto de ley de “nocivo para el sector forestal” y que el “pacto ambientalista-ganadero carece de argumentos de la academia”. Además, apuntó a la bancada del FA por no ser coherentes con sus políticas ya que durante 15 años de gobierno se impulsó la actividad forestal.
En respuesta a las argumentaciones en contra del proyecto expresadas por algunos de los representantes que hicieron uso de la palabra en el plenario, Lust cuestionó que no se defiende de igual manera la propiedad privada de las personas que habitan a pocos metros de donde va a pasar el ferrocarril central.
Por su parte, Sebastián Sabini, mencionó que, en este caso particular, ponerle límites a la propiedad privada es una cuestión de “interés general” del país. Fratti respondió a quienes señalaron la falta de informes académicos y recordó que fue la academia la que en 1987 dispuso cuáles eran los suelos de prioridad forestal.
Una de las primeras repercusiones políticas en las redes sociales sobre el proyecto de ley aprobado en diputados fue la del Edil colorado Gustavo Facciola. El representante de Ciudadanos en la Junta Departamental de Montevideo dijo que la ley Forestal “fue y es muy buena”, pero que “es justo ponerle límites porque ya es un abuso: se están utilizando tierras fértiles en ganadería y productos agrícolas para plantar eucaliptus, con las consecuencias tremendas que eso conllevará en 50 años”, manifestó Facciola en su cuenta de Twitter.
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