Habitantes de Durazno y Tacuarembó desocupados expresan su descontento por la contratación de obreros de Argentina, mientras que activistas sostienen que se pierden más empleos de los que se generan.
Días atrás en el Parlamento, la diputada del Partido Nacional (PN), Magdalena Colla, manifestó que a un año del inicio del mega emprendimiento de UPM2, “no ha colmado las expectativas laborales de los habitantes del centro del país”.
La legisladora dijo no creer en la versión de la empresa finlandesa en cuanto a que la mitad de los obreros que trabajan en el emprendimiento son de la zona. «Nosotros vivimos en Paso de los Toros y estamos en el día a día con la gente y les aseguro que si una cuarta parte de esas 1.200 personas estuvieran trabajando, no tendríamos que ver el éxodo de jóvenes que concurren a diario, currículum en mano, en un peregrinaje por todas las empresas ya instaladas», advirtió Colla.
Desde la multinacional informaron que actualmente hay unas 1.800 personas trabajando en los 16 sitios de construcción en simultáneo que tiene el proyecto. Aseguran que la mayoría son uruguayos y solo 85 son trabajadores extranjeros.
Para finales de este año también afirman que habrá unos 3.000 trabajadores en la construcción de la planta y que el pico máximo de trabajo será en la segunda mitad de 2021 cuando se dé el solape de la etapa civil con la de montaje.
“Ahí vamos a estar con unas 6.000 personas”, comunicó el director de Desarrollo de Negocios de UPM, Gonzalo Giambruno, en la Junta Departamental de Durazno que, junto a otros directores de la compañía, fue convocado por la edil nacionalista Inés Colina para brindar detalles del proceso de construcción de la segunda planta de UPM en el país. Los delegados indicaron que a través de la plataforma Vía Trabajo se postularon 30.000 personas a los distintos llamados.
Locales molestos por contratación de argentinos
Sin embargo, unas 100 personas de Durazno y Tacuarembó que en 2019 recibieron capacitación en construcción de Inefop para trabajar en las obras de UPM2, reclamaron semanas atrás que no habían sido convocados por la empresa. Los aspirantes sostenían que les habían prometido trabajo en UPM o en sus empresas satélites, pero que solo 30 de ellos pudieron acceder a un puesto.
A su vez, los habitantes de los pueblos cercanos a la obra (Centenario y Paso de los Toros) como de las capitales departamentales de Durazno y Tacuarembó, no ven con buenos ojos que muchos de los nuevos funcionarios contratados para la primera etapa de la construcción sean argentinos. Esto sucede porque la principal empresa constructora subcontratada por UPM para el inicio de las obras es la empresa de Rosario (Argentina) Milicic, que contrató a trabajadores directamente y no a través de la web Vía Trabajo del Ministerio de Trabajo.
Luego de ganar la licitación, Milicic cerró el contrato más importante de su historia por casi 47 millones de dólares, indicaron algunos medios del país vecino. El acuerdo en materia laboral firmado en diciembre de 2017 indica, en su punto cuatro, que si bien el llamado a los obreros se hará a través de una convocatoria pública, las empresas contratistas también podrían hacerlo de forma directa.
El mes pasado quedó en evidencia la situación planteada por los habitantes de zonas cercanas, al constarse que el brote de covid-19 en las obras de UPM 2 involucraba a trabajadores argentinos que fueron contratados por dicha empresa.
Movus desmitifica solución al problema de desempleo en el país
Invitados a exponer ante la comisión parlamentaria que trata el proyecto de ley que prevé limitar la forestación -impulsado por el diputado cabildante tacuaremboense, Rafael Menéndez- la ambientalista Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), señaló que “la mayor de las mentiras que en Uruguay se viene anunciando, después de la aprobación de la ley forestal en 1987 y hasta la fecha, que esta es la solución para el empleo”.
Filippini sostuvo que “cuando empieza la forestación en el Uruguay se lleva adelante con cuadrillas de trabajadores muy mal pagos, malcomidos y con mal salario”. Sin embargo, al poco tiempo, “los forestales trajeron maquinaria para sustituir a esos trabajadores y, hasta el día de hoy, lo siguen haciendo”, indicó.
“Es hora de que paremos de creer en esa mentira” de que es la “panacea” que va a generar empleos. “Lo que está pasando en el país es que se están perdiendo empleos. No se contabiliza la cantidad de empleos que se pierden por sustituir campos productivos de otras producciones con la forestación. Nadie hace la cuenta de lo que pasa, realmente, en las comunidades y en los pueblos en los que la gente tiene que desaparecer a causa de la forestación”, denunció Filippini.
Para figurar la situación, contó que “hace unos años, a raíz de una investigación que hicimos en Soriano, un empleado de un campo nos dijo: ‘¿El oficio más común acá en Soriano saben cuál es?: el desarmador de estancias. Y de eso me ocupo yo. Voy a todas las estancias y saco lo que se puede sacar. Luego, vienen ellos con unas máquinas, realizan unos pozos gigantes, hacen desaparecer cualquier rastro de lo que había en la tierra, lo tapan todo y arriba lo llenan de forestación’”, señaló y aclaró que esa no es una historia solo de Soriano, sino de muchos departamentos y que se ha venido agudizando en todos estos años.
“Pasan por encima de comunidades, de ciudades, de pueblos que han quedado abandonados, sin gente. Luego, esa gente viene a la capital para engrosar la fila de los desocupados. Esas personas no se cuentan cuando las forestales dicen que la forestación da empleo y ganancias”, añadió Filippini.
Por su parte, Raúl Viñas señaló que según el censo agropecuario, “la producción forestal es la que menos trabajo por hectárea genera de todas las que se desarrollan en el Uruguay, incluso la ganadería extensiva”. Los datos brindados por BPS muestran “otra gran falacia” del desarrollo forestal e industrial en nuestro país. Viñas explicó que desde el año 2007 hasta el 2017, “la cantidad de empleo de todo el sector de la madera aumentó en solamente 1.700 personas”.
Carta a primera ministra de Finlandia
A fines de agosto, una delegación de Movus entregó al cónsul de Finlandia en Uruguay, Sr. Andrew Allen Cooper, una carta dirigida a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. La misma es acompañada por varias organizaciones sociales y ciudadanos que denuncian “los graves problemas planteados por las actividades de UPM en nuestro país”, y las implicancias negativas que esto podría conllevar en relación a las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Finlandia.
En la misma se denuncian los beneficios económicos y tributarios extraordinarios otorgados a la empresa UPM, entre otras cosas en lo relativo a la ubicación de la planta de celulosa en una zona franca, que le permite ejercer una “competencia desigual con el resto de las actividades productivas del país, hoy en serias dificultades”; y que Uruguay se hace cargo de las obras de infraestructura del proyecto, las que representan el 60% de la inversión, sin recibir ganancias.
En lo relativo al medio ambiente, advierten los impactos a mediano y largo plazo de las plantaciones forestales para celulosa, que alteran gravemente el ecosistema de pasturas naturales, reducen drásticamente la biodiversidad, extraen minerales y nutrientes de la tierra sin reponerlos y reducen la disponibilidad de agua, iniciando un proceso de desierto que pone en peligro el futuro del país.
También señalan que las plantaciones forestales han desplazado a los pobladores de varias zonas, sobre todo a productores familiares, por el aumento de las plagas y la falta de agua en sus tierras. Además, señalan que la injerencia de UPM en el sistema educativo y en las comunidades, “son simples obras de caridad” facilitadas por la gran rentabilidad de su negocio, gracias a los subsidios y beneficios fiscales que les da el gobierno de Uruguay, sostienen los activistas.
En lo político, expresan que los acuerdos impuestos por UPM, “ignoran disposiciones constitucionales y legales y eluden el debate con la población… Gradualmente, UPM ha adquirido una presencia avasalladora, propia de las relaciones coloniales”, aseguran los ambientalistas firmantes de la carta. Además, se menciona la iniciativa de miles de vecinos contra el paso del tren de carga por sus pueblos, y el inicio de una recolección de firmas para promover un plebiscito de reforma constitucional, que anule los contratos firmados con UPM.
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