El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) prepara para 2023 un nuevo sistema de distribución de alimentos a la población que está en emergencia alimentaria. Se espera llegar en Montevideo a 7.000 personas, según señaló en diálogo con La Mañana, el director del INDA, Ignacio Elgue.
¿Cuáles son los principales proyectos en los que trabaja actualmente el INDA?
Presentamos hace poco la encuesta Fies, que es de inseguridad alimentaria. Se hizo por primera vez en Uruguay a través de la encuesta continua de hogares del INE. Los números que nos dio fueron diferentes a los que manejaba la FAO: tenemos un 15% de inseguridad alimentaria grave y moderada, y un 2,5% de inseguridad alimentaria grave.
Con esos números, donde hay datos sobre franjas etarias y también por quintiles de población, encaramos un plan de refuerzo alimentario en el área metropolitana. Va a constar básicamente en dos acciones. Una es reabrir el comedor INDA número 7 y otra es abrir un comedor donde funcionaba el Batallón de Ingenieros 5 y 6 que es en Aparicio Saravia y Azotea de Lima. Además, vamos a incluir una normalidad nueva que son puntos ágiles de distribución de alimentos, que pueden ser fijos o móviles, para los barrios más periféricos de Montevideo.
¿En qué consiste este nuevo sistema?
Se va a entregar una comida congelada especial. De esta manera las personas se las van a poder llevar a su casa, descongelarla muy fácilmente dentro de un recipiente con agua caliente y en cinco minutos queda lista para consumir.
Además, los vehículos que se van a trasladar de punto a punto, también van a tener la capacidad de calentar esas comidas para las personas que no tengan lugar donde guardarlas.
Lo ideal es que las personas coman en su casa. Pero todo esto nos lleva un proceso largo, porque tenemos que focalizar la población objetivo, que justamente la que está en inseguridad alimentaria grave. A esas personas no se las atiende generalmente con el sistema nacional de comedores. Primero porque en el 2016 se cerraron cuatro comedores de Montevideo que estaban en los barrios más periféricos. Por eso reabrimos dos. Pero tampoco estamos con los comedores en los barrios más vulnerables. Es por eso que decidimos esta nueva modalidad de puntos ágiles de distribución. Apuntamos a la focalización en la forma de entrega y en menos burocracia, con menos exigencia de documentación a los usuarios. Puede ser, por ejemplo, con una inscripción y generar algún código QR o código de barras, y de esta manera la persona pasa por el puesto, muestra el código, puede recibir la comida y llevársela a su casa.
Este sistema nuevo que se va a implementar, ¿a qué cantidad de población estima se estaría llegando?
Tenemos 4.000 inscriptos en el sistema de comedores y no van más de 1.400 por día. Vamos a apuntar en un comienzo a esas 1.400 personas, para el nuevo sistema en el área metropolitana de Montevideo, para seguir ampliándolo.
También hemos visualizado que hay una carencia alimentaria grave en el norte del país, en la región de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres. En esos departamentos tenemos convenios con las intendencias y pensamos abrir nuevos centros en las localidades que tengan una inseguridad alimentaria más compleja.
¿Qué diferencia hay entre las ollas populares y el INDA? ¿Coexisten o cómo se manejan?
El tema de las ollas fue un apoyo circunstancial. Cuando nosotros llegamos al INDA, tenía serios problemas tanto de recursos humanos como físicos. Había cerrado cuatro comedores. En poco más de un mes, con la pandemia, las ollas explotaron en el área metropolitana y en los departamentos donde no estaba el sistema nacional de comedores. Esta necesidad se vio especialmente en Salto y en Colonia capital, que no tenía este sistema de comedores. Con el cierre de fronteras, la población que tenía un trabajo que era informal quedó sin ese trabajo rápidamente. También se afectó todos lo relacionado con el trabajo del turismo. De esa manera las ollas cubrieron algo que el Estado momentáneamente no podía realizar y se hizo mediante Uruguay Adelante. Ahora el INDA logró un refuerzo presupuestal a través de la rendición de cuentas, y también una base científica en donde apoyar un plan, para saber dónde es que tenemos problemas de seguridad alimentaria.
¿Cuándo se estaría implementando el nuevo sistema de distribución de alimentos y cómo será la logística?
Es un camión o Food Truck, como le dicen. Va a tener capacidad de frío y también capacidad de descongelar comida. La idea es contar igualmente con puntos fijos, con contenedores de frío. Pero eso lleva otra logística más complicada. Esos puntos fijos estarían en lugares que puedan atender más cantidad de población vulnerable, pero para eso se precisa todo un sistema de seguridad 24 horas. Una idea es que estén en sitios que ya tienen seguridad. Los camiones se pueden mover por diferentes zonas.
¿Y cuál sería la fecha de implementación?
Las partidas se votaron en Rendición de Cuentas y estarán desde el 1 de enero de 2023. Pero ahí corren todos los tiempos legales porque todo esto se va a hacer a través de compras públicas. Eso lleva un tiempo. Aparte también hay que hacer un llamado a personal por Uruguay Trabaja para ingresar en diferentes modalidades a INDA.
La idea es que después de Turismo, el sistema esté funcionando. De esta manera estaremos llegando a unas 7,000 personas en el área metropolitana, más lo que se habrá en el interior del país.
Actualmente atendemos a 1.400 personas en Montevideo, por lo cual vamos a multiplicarlo por cinco o seis. La idea es salir con una respuesta robusta por parte del Estado para asegurarle a la población más vulnerable un plato de comida todos los días. Otro cambio de modalidad es que los comedores de INDA atienden de lunes a viernes y damos un ticket alimentación para los sábados. Queremos sumar los domingos también con un ticket. Con el nuevo sistema de los camiones atenderemos de lunes a sábado y adelantar el sábado una comida para el domingo. Pero tenemos que ver si la población objetivo tiene forma de mantener esto refrigerado. Si no, daremos también tickets para el domingo.
Recientemente, se realizó por parte de INAC una donación de 300 toneladas de carne. ¿Cómo se va a distribuir?
La misma es para los comedores de INDA de todo el país. Hay 53 en el interior, más los cuatro de Montevideo. Nosotros tenemos un presupuesto de $ 155 millones para 2023 y $ 260 millones para 2024. Esta donación de INAC de 300 toneladas de carne, significan alrededor de $ 70 millones. Por lo cual el presupuesto para 2023 será de $ 225 millones. INAC fue un apoyo importantísimo para poder sostener al sistema nacional de comedores. En el 2020 nos donó US$ 1 millón y en el 2021, US$ 1.4 millones. En marzo del 2020 teníamos 8.000 usuarios y para agosto llegamos casi 18,000, con un pico de 24.000 en agosto de 2021. Eso lo pudimos sostener con este apoyo de INAC y del Fondo Coronavirus. También en el año 2000 tuvimos récord de donaciones para INDA de productores y empresas.
¿Cuántos usuarios tiene el sistema en todo el país?
Eran 16.266 en octubre. Los departamentos con más usuarios son Artigas, Cerro largo, Treinta y Tres, Melo y ahora abrimos un comedor en Salto, que ya tiene 1.200 usuarios.
Denuncia a la Coordinadora Popular y Solidaria
El Ministerio de Desarrollo social presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) en relación a la distribución de alimentos a las ollas populares.
El ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, dijo la semana pasada en conferencia de prensa que “queda totalmente probado que se trata de una organización con fines políticos”, ya que muchas ollas funcionaban en comités políticos partidarios. La investigación del Mides abarcó la visita a 250 ollas de Montevideo y Canelones que estaban en el listado de la Coordinadora y se tomaron declaración a 53 testigos. De la cantidad de ollas y merenderos que se hacía referencia públicamente, al menos 68 no funcionaban o nunca funcionaron.
Lema, quien concurrirá al Parlamento a informar sobre la investigación, dijo que se lamenta “el uso de la alimentación de las personas que se encuentran en vulnerabilidad que no representa a nuestro país ni al trabajo solidario. Es rechazable, lamentable y hay que actuar en consecuencia”.
Algunos de los testimonios incluidos en la denuncia ante la Fiscalía señalan:
1) “A todas las ollas nos pasó que cuando se empezaron a pedir datos, la gente de la red ponía más platos de lo que en realidad se servían. Yo una vez llegué a los 189, 200 y ellos ponían 230, 240. Inflaban los números. Pero tampoco es que ponían más platos y te daban más cosas… no”.
2) “La olla… no abrió en diciembre. Y en enero y febrero abrí yo, pero yo no recibí insumos de la red. Pese a ello, sé que CPS igual retiraba a nombre de esta olla, aunque no traían nada para acá. El 28 de enero de 2022 hablé con Pedro de la CPS y le planteé la situación, le dije que no se estaban recibiendo las cosas. Él me contestó que la olla pertenecía a la Red Solidaridad Carbonera y que la CPS no podía hacer nada porque cada red tiene autonomía. Me enteré con fecha 3 de febrero que la olla fue retirada, “liberada” de la Red Solidaridad Carbonera. Frente a eso pedí que la olla se dé de baja en la CPS, así podía recibir directamente de Uruguay Adelante… Fijate que ellos retiraban insumos para acá todos los viernes, pero acá no llegaba nada”.
3) “Me fui de la red porque era todo política. Se hablaba de cualquier cosa menos de la olla. Se hablaba de movilizaciones y demás pero nada de la gente. Querían venir a la olla a ponerme una bandera política y no los dejé. Yo al irme de la red estaba desesperada. Me querían hacer cómplice de cosas que ‘nada que ver’. Te hacían ir a las reuniones… Se usó las ollas como forma popular de ganarse gente. Yo me fui de la red por todo eso”.
4) “Fuimos echados de la red por diferentes motivos, especialmente persecución política. Empezó en mayo 2021 cuando se votó que se pusieran mesas de votación en las ollas. Nosotros nos opusimos y no lo hicimos, pero los demás si lo hicieron… Nosotros funcionábamos de forma diferente. Ellos no entendían que no asistiéramos a las reuniones porque no teníamos tiempo, la prioridad siempre fue la gente. Hubo persecución política, violencia de género hacia todas las compañeras…Todos los que pertenecíamos a la CPS teníamos que hacer lo que votara la mayoría y nosotros nos sentíamos incluidos, aunque no queríamos. Por ejemplo, después de repartir las canastas como hacíamos con pollo, huevos y otras cosas, no podía afirmar que había hambre como ellos decían”.
5) “Nos desafectaron porque le dimos captura de que estaban robando los insumos los que integraban la red. Hicimos la denuncia policial que está en la seccional… Un día entro al acopio y veo que, a nosotros como merendero nos correspondía una bolsa de 25 kg de leche, pero daban menos… Ese día me quisieron dar una bolsa de 4,5 kg y empezaban a desaparecer las cosas. Te daban menos de lo que decía el remito (que a mí nunca me entregaban). Yo levantaba lo que me daban pero me estaban ‘jopeando’ un montón de cosas. Entonces, ese día a la gente de ahí les reclamé… A raíz de ahí, en un plenario nos echaron y no les importó no tener insumos para darle alimentos a los niños…”.
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