La polémica por las designaciones directas en las intendencias de todo el país ha llevado a que se estudie un proyecto a plebiscitarse con las elecciones de octubre que establece que todos los ingresos sean por concurso o sorteo.
El proyecto fue presentado por el sector Ciudadanos del Partido Colorado y se entiende que es un homenaje al fallecido senador Adrián Peña, quien había puesto a consideración una iniciativa en este sentido, pero no consiguió los votos en el Senado para su aprobación. En esa ocasión, votaron a favor el Partido Colorado, el Frente Amplio y Cabildo Abierto, reuniendo veinte votos en 31. El Partido Nacional votó en contra y, por necesitarse mayorías especiales, el proyecto no prosperó.
Ahora la propuesta es que el proyecto sea plebiscitado. Al convertirse en una iniciativa desde el Poder Legislativo, no será necesaria la recolección de firmas, como sucede, por ejemplo, con la propuesta de reforma de la seguridad social y el plebiscito denominado Deuda Justa. La Constitución establece que para que una ley pueda plebiscitarse se necesitan dos quintos de la Asamblea General, o sea 52 votos. Y ese se ha convertido en un problema, ya que se debe aprobar antes del 27 de este mes y no se sabe si dichos votos están. Por un lado, desde el Partido Colorado, la voz cantante la ha llevado adelante el precandidato Robert Silva. Cuando presentó el proyecto, dijo: “Esta propuesta de enmienda constitucional es fundamental porque, a nuestro criterio, deja por el camino el argumento de la constitucionalidad de la propuesta que habíamos llevado adelante”. Pero otras voces, como la del senador Germán Coutinho, lo cataloga de “oportunismo político”. Dentro del Frente Amplio se ha solicitado que se incluyan también los ingresos al Poder Judicial y las comisiones binacionales, como la de Salto Grande, algo que es aceptado por quienes impulsan la iniciativa.
El Partido Nacional se opone en bloque al proyecto. El precandidato Álvaro Delgado señaló: “Yo no creo que los caminos sean plebiscitar todo y meter todo en la Constitución, mucho menos en un año electoral. La solución es trabajar juntos. Entre otras cosas, hay diecinueve estatutos diferentes de funcionarios municipales. Me parece que hay trabajar mucho sobre esa lógica”.
Por su parte, la también precandidata Laura Raffo indicó: “No creo que todo tenga que solucionarse con modificaciones a la Constitución y con plebiscitos. Me parece que hay algunas cosas que se pueden solucionar con acuerdos parlamentarios”, no obstante, acotó: “Cualquier ciudadano tiene que poder saber si a una persona la contrataron, para qué la contrataron y estar al servicio de la gente. Eso es fundamental para darle transparencia y eficiencia a la función pública”.
En el Frente Amplio, más allá del apoyo, existen dudas sobre si prosperará la iniciativa en las urnas. Si bien hay encuestas que indican que una medida de este tipo tendría gran apoyo, se debe tener en cuenta cuál es la realidad en el interior, donde en la mayoría de las intendencias que son del Partido Nacional lo que está primando es la designación directa. Por eso, el Frente Amplio plantea que también se incluya en el mecanismo de concurso o sorteo el ingreso al Poder Judicial, por ejemplo, para que de esta manera tenga un mayor atractivo, ya que se considera difícil que un plebiscito modificando el ingreso a las intendencias tenga gran éxito en el interior, por cómo es la realidad, la cual se ve reflejada en los números.
Ingresos directos
Un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil muestra que las designaciones directas son lo común en las intendencias del interior. El estudio da cuenta de la cantidad de funcionarios que ingresaron a las intendencias entre 2019 y 2022.
De los 21.376 ingresos, 10.282 lo hicieron por contratación directa, o sea poco menos del 50%. Pero estos números no muestran una realidad sobre cómo se maneja el ingreso a las intendencias. Por ejemplo, dos de las que más contrataron personal (Maldonado y Montevideo) tuvieron bajos porcentajes en materia de contratación directa, ya que lo hicieron por concurso o sorteo.
El récord en designaciones directas, entre 2019 y 2022, lo tiene Cerro Largo, donde se dieron 588 ingresos, de los cuales 581 fueron por este mecanismo, lo cual implica un 99%. Le sigue Lavalleja, que de 3646 funcionarios que ingresaron, 3410 lo hicieron por designación directa (un 94%). Un tercer lugar es para Treinta y Tres con 605 ingresos y 533 (92%) por designación directa. El cuarto lugar es Tacuarembó con 475 ingresos por designación directa en un total de 534 (89%).
Soriano tuvo, entre 2019 y 2022, 1408 ingresos y de estos, el 88% (1236) fue designación directa. Durazno también tuvo una cifra elevada. De los 442 ingresos en el período examinado, 370 (84%) fueron designados directamente. En la única intendencia colorada (Rivera) ingresaron 298 funcionarios, de los cuales 77 (22%) fueron designados directamente.
En Artigas, las designaciones directas fueron 628, un 75% del total (837), mientras que en Río Negro los funcionarios contratados alcanzaron 493, de los cuales 344, o sea el 70%, fueron por designación directa. La Intendencia de Florida tuvo un 52% (300 en 575) de sus ingresos como contratación directa. En Salto, una de las tres intendencias frenteamplistas, entre 2019 y 2022 se contrataron 1041 funcionaros, de los cuales el 50% (518) fue mediante contratación directa.
Las comunas con números por debajo del 50% son Paysandú, con 369 contratos de los cuales el 49% (179) son contratados directamente, seguida por Colonia, que baja a un 33% (214) de contrataciones directas en un total de 646 personas que ingresaron en el período examinado.
Canelones, otra intendencia frenteamplista, contrató 1537 funcionarios y de estos 375 (24%) fueron contratados directamente. Le sigue Rocha con 231 funcionarios con contratación directa, que representan el 23% de los 989 ingresos.
En San José ingresaron 325 funcionarios y el 20% (64) lo hizo mediante un contrato directo, mientras que en Flores los ingresos en total alcanzaron 620 y de estos el 20% (125) fue por contratación directa). En el caso de Maldonado, los ingresos entre 2019 y 2022 se ubicaron en 2744, pero solamente 219 (8%) fueron contratos directos. La lista la cierra Montevideo con 3679 funcionarios contratados, de los que solo 231 (6%) fueron contratados directamente.
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