En simultáneo a la discusión del presupuesto se produjo la derogación de la Ley 19.771, que había sido aprobada por unanimidad en julio de 2019. Dicha norma establecía que los viáticos de los funcionarios públicos, tanto en sus viajes al interior como al exterior, debían rendirse mediante la presentación de las boletas, sin embargo se volvió inaplicable en la práctica.
En el año 2019, y en medio de la campaña electoral, se había dado a nivel nacional un debate sobre la rendición de cuentas de los viáticos cuando se realizan viajes en misión oficial al exterior. Esto llevó a que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez presentara un proyecto indicando que la rendición de cuentas se debía dar tanto en viajes al exterior como dentro del territorio nacional.
Esta obligación comprendía a los funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y los Servicios Descentralizados y los Entes Autónomos, los gobiernos departamentales y municipales. Solo se admitía que un 20% de los viáticos asignados no tuvieran respaldo en boletas. La norma fue aprobada, entonces, por la unanimidad de los legisladores, sin mayores discusiones.
Pero llegó, meses después, otro proyecto (Ley 19.860) estableciendo una prórroga para que empezara a regir la ley. De esta manera la obligatoriedad de rendir cuentas con las boletas correspondientes empezaba a regir el 1 de enero de 2021. La argumentación del Poder Ejecutivo era que ante un cambio próximo de gobierno, y la difícil implementación del sistema, era mejor dejarlo para el futuro.
Durante el tratamiento del tema quedó claro que uno de los obstáculos mayores consistía en que no solo se debía aplicar para viajes al exterior, sino también dentro del territorio nacional, y abarcaba desde altos jerarcas de gobierno, a cualquier otro funcionario público ya sea de una intendencia, un ente autónomo o cualquier ministerio. Entonces se trataba del control de miles de boletas por mes y se necesitaba crear una infraestructura de dimensiones importantes en todo el aparato del Estado.
Las autoridades de la OPP afirmaron que organizar una estructura burocrática para el control de boletas sería más caro que la propia rendición de los gastos de viáticos.
Además, existe otra realidad y es la de funcionarios de sectores de la administración central que no cobran horas extras cuando se trasladan dentro del país. El director de la OPP, Isaac Alfie, había indicado que la ley era «inaplicable» y por esta razón se había suspendido su entrada en vigencia. «No tiene sentido tener un ejército de gente controlando tickets de 20 pesos», manifestó tiempo atrás.
Cuando se trató el tema en el plenario de senadores que discutía esta derogación incluida en la ley de presupuesto, legisladores del Frente Amplio la cuestionaron, porque según manifestaban «no se realizarían más controles» en los gastos de viajes al exterior.
Por otro lado, el senador Jorge Gandini sostuvo que con la derogación de la Ley 19.771 se intentaba solucionar un problema importante que se podía generar en materia de burocracia y el posible resentimiento de algunos servicios. «El gobierno anterior no aplicó la ley, cuando llegó la hora de hacerlo pidió una postergación» y le dejó el problema al próximo Poder Ejecutivo, el cual tampoco lo aplicó. «Lo que estamos derogando estuvo en vigencia por dos años y no se pudo aplicar», señaló.
Esto se debe a que la norma, según sus palabras, no se puede poner en práctica, porque no solo abarca viáticos al exterior, sino también al interior. Aclaró que cuando se trató el tema en la Comisión de Presupuesto, las autoridades de la OPP dijeron que armar una estructura para el control, sería más cara que la propia rendición de los gastos de viáticos.
Gandini dijo que lo que ahora se establece es un mecanismo de rendición de gastos por tarea debidamente cumplida, mediante una declaración jurada. Esto significa que si lo declarado no es exacto, se comete el delito de falsificación ideológica de documento público (artículo 179 del Código Penal).
«Si un funcionario que va al interior dice que estuvo 20 horas, cobra el viático entero y luego se demuestra que no hizo la tarea y volvió a las 8 horas, habrá falsificado la declaración y la consecuencia será la destitución», manifestó el senador.
A su vez, realizó una especie de sinceramiento sobre lo que realmente sucede con los viáticos de quienes deben viajar por el interior. En la actualidad, y como nunca se aplicó la ley votada en 2019, no se pide la rendición mediante boletas de viáticos al interior. Dentro del Estado (en especial en la administración central) hay muchos funcionarios que no cobran horas extras.
Gandini puso como ejemplo un enfermero que trabaja seis horas y tiene que ir de Montevideo a Tacuarembó a llevar un enfermo y volver. Mediante la ley (ahora derogada) «se le dice que tiene que traer la boleta si consumió con los viáticos un chorizo y una Coca Cola, y si fue a un hotel debe presentar también esa boleta. Ese funcionario, que no cobra horas extras, lo que entonces va a decir es tengo la nena enferma o laburo ese día en una mutualista». «De esta manera no va nadie. Los funcionarios van porque duermen en la ambulancia, o se quedan en la casa de un amigo y comen un refuerzo y hacen unos pesitos (con los viáticos) que son los que se les deberían pagar por el horario extraordinario que están haciendo y no se les paga. Así funciona el sistema y es por eso que no se pudo aplicar la Ley 19.771. Lo que hacemos acá es transparentar esa situación. El mensaje entonces es: vaya, confiamos en usted, pero si nos miente (con respecto a las horas trabajadas), lo destituimos», añadió Gandini.
También sostuvo que esto mismo sucede con los viajes al exterior. «No podemos caer en que jerarcas anden juntando las boletas y terminar cayendo en aquello de ‘poneme dos cenas o haceme la boleta por más’. Lo hemos visto y es una vergüenza. Hemos visto de todo, pero en ese de todo, no se nos puede incluir a todos».
Al hacer referencia a los viáticos de los parlamentarios manifestó que en muchas ocasiones no dan. «En Nueva York llegué a dormir con otros cuatro diputados en la misma habitación de un hotel, y uno dormía en un catre, porque con los viáticos no había manera de pagar ese hotel. Nos pusieron en la habitación un catre y éramos de tres partidos diferentes: del Frente Amplio, del Partido Independiente y del Partido Nacional. Cuántas veces tuvimos que quedarnos en un aeropuerto días de más y no vinimos con la boleta a reclamar más dinero».
El senador del frente Amplio, Alejandro Sánchez, criticó la derogación de la referida ley, aunque dijo estar de acuerdo con los viáticos de los legisladores cuando viajan al exterior, insistiendo en que deben de traer por lo menos el 80% de los gastos mediante comprobantes con boletas «para preservar al sistema político de aquellos que quieren erosionarlo».
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