El titular de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), Jorge Perini, conversó con La Mañana sobre el programa de realojos y los objetivos previstos por la institución para este período. También se refirió a la compleja situación de las ocupaciones en Montevideo.
A principios de este año, unas 700 familias ocuparon un predio municipal y otro privado en Santa Catalina, con el argumento de que carecían de una vivienda o no podían costear un alquiler. El fiscal de Flagrancia Diego Pérez lleva adelante la investigación, de la cual se desprende que el accionar fue dirigido por un grupo de narcotraficantes.
Hasta el momento fueron imputadas unas 30 personas por la causa; cinco por asociación para delinquir y las restantes por usurpación de tierras y robo de energía eléctrica, según informó el diario El Observador.
Actualmente viven allí unas 1.000 familias, y en los últimos meses se han ordenado desalojos. Por esto fue que en abril decenas de vecinos del lugar se manifestaron frente a Torre Ejecutiva, para solicitar que no fueran desplazados del predio en el que ahora residen.
Consultado por La Mañana al respecto, el Arq. Jorge Perini, director nacional de Vivienda, sostuvo que la realidad en torno a Santa Catalina es bastante “engorrosa”. Como la Justicia está actuando sobre ese caso, la postura del Ministerio es no intervenir hasta que haya un dictamen judicial.
Independientemente de eso, las autoridades reconocen que hay familias en situación crítica, que están siendo atendidas. Algunas de ellas, incluso, han formado cooperativas a través de Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua), a las cuales se les está dando el mismo tratamiento que se les da a ese tipo de asociaciones.
El jerarca dejó en claro que la nueva administración busca que no se institucionalice la ocupación de tierras como una forma de obtener una vivienda, por ser un procedimiento totalmente incorrecto. “Nosotros tenemos que ir aventajando, preparando planes para absorber esa demanda, sin que se llegue a las ocupaciones de predios”, señaló.
Convenios y realojos: trabajo conjunto con el gobierno departamental
El Plan Nacional de Relocalizaciones está dirigido a familias afectadas por inundaciones o territorios contaminados y se encarga de realojarlas para mejorar su calidad de vida. Se lleva adelante a través de convenios con las intendencias.
El aporte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) en este programa es el financiamiento y la asistencia técnica, mientras que los gobiernos departamentales son quienes deben destinar terrenos para realojar a los vecinos y presentar un proyecto para brindar infraestructura de saneamiento, alumbrado, agua potable y electricidad. La demanda actual de soluciones habitacionales supera muchísimo a la oferta, comentó Perini.
En este momento se está llevando adelante un convenio que se generó en el período anterior, que consta de cuatro partes. La primera se hizo en el barrio Peñarol, donde se entregaron tres viviendas. La segunda intervención tuvo lugar el pasado viernes 31 de julio, día en el que se brindaron 51 soluciones a personas provenientes del asentamiento Brazos Unidos. Para fin de año está prevista una tercera etapa, en la que se entregarán unas 18 casas.
El convenio alcanza un total de 96 soluciones habitacionales, de las cuales 24 se concretan a través de un crédito de compra de vivienda usada, que se va otorgando conforme a un listado que confecciona la Intendencia de Montevideo (IM) y le hace llegar al Mvotma con las prioridades, para ir estableciendo la planificación financiera.
Los gobiernos departamentales son quienes deben destinar terrenos para realojar a los vecinos y presentar un proyecto para brindar infraestructura de saneamiento, alumbrado, agua potable y electricidad
A pesar de las diferencias políticas entre el gobierno nacional y el departamental, el titular de la Dinavi comentó que allí se trabaja para cubrir las necesidades de todos los uruguayos. “A veces hay falta de información, o no es del todo fluido (el diálogo), pero nuestro trabajo desde que llegamos en marzo es intentar, independientemente del signo político, que la comunicación sea fluida y las cosas vayan por el cauce correcto”, subrayó.
En ese sentido, agregó que hay relocalizaciones en conjunto con la comuna que han demorado muchísimo tiempo, por lo cual esta administración está tratando de poner orden, conforme a las reducciones presupuestales que ha marcado el decreto 90/020. Esa restricción ha obligado al Mvotma a enlentecer algunos procesos que requieren su aporte de dinero.
Una vez efectuados los realojos, se busca integrar a las personas a la trama urbana existente, generando espacios verdes. “Yo agregaría que también habría que tener en cuenta la integración de servicios de salud, de educación, de seguridad y de asistencia social. Es decir, poner un equipo a disposición de quienes se realojan para que sean asistidos tanto en el camino previo, como durante la obra –donde muchas veces se trabaja con ayuda mutua- y en el seguimiento posterior, que es fundamental para lograr que se reinserten a la sociedad”, aseveró.
Los objetivos previstos y la prioridad de atender a los sectores vulnerables
Además de las relocalizaciones, el Ministerio se encarga de las escrituras de cooperativas, las cooperativas en construcción, las licitaciones tanto para activos como para pasivos, los programas de autoconstrucción, las canastas de materiales, las mitigaciones y los alquileres –esto incluye la garantía para alquilar y el subsidio para poder abonar el alquiler-.
En este contexto, “las prioridades son las obras que se están ejecutando, tanto en realojos como cooperativas, y atender a los sectores de mayor vulnerabilidad social; ese es el foco principal”, remarcó el jerarca.
Desde que asumió, el arquitecto apuntó a lograr la unión con los funcionarios. Según explicó, en la gestión anterior había cosas que no funcionaban de manera correcta, aunque prefirió no llamarle desorganización y dijo que se trata de un “estilo” diferente. “El estilo nuestro es de planificación, de orden, de buena relación con los funcionarios y con todos los actores que intervienen en los distintos procesos que atendemos”, sentenció.
Uno de los objetivos principales para este quinquenio es la atención de los asentamientos, aunque la ley de urgencia creó la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que se encargará de ese tema. De todas formas, se realizará un trabajo conjunto con la Dinavi.
El nuevo órgano, además, va a nuclear la atención a las clases más necesitadas, coordinando con el Plan Juntos, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan Nacional de Relocalizaciones.
Dinavi se abocará a favorecer la construcción de mayor cantidad de viviendas. Ese fue el propósito de la reforma de la Ley de Vivienda Promovida, gracias a la cual las empresas constructoras tendrán exoneraciones fiscales.
Otro de los fines marcados por la dirección que lidera Perini es mantener las fuentes de trabajo de las constructoras.
El jerarca dijo también que sería bueno que las exoneraciones pudieran incidir en una baja del costo de la vivienda y de las hipotecas, para que las cuotas sean más accesibles para las familias.
Finalmente, en relación a la meta de la ministra Irene Moreira de construir 50.000 viviendas, Perini expresó que la pandemia ha complicado un poco la situación, pero están trabajando en la generación de recursos para lograr alcanzar ese número de soluciones habitacionales.
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