El representante Daniel Peña, del Partido de la Gente, elaboró una iniciativa legislativa con el objetivo de generar una herramienta que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
La regulación del sistema financiero es una preocupación que el diputado tiene desde hace largo tiempo, sobre todo, porque “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
Entrevistado por La Mañana, aseguró que ellas conforman una mesa de bancos donde prácticamente se negocia todo y se deja “presa” a gran parte de la población, más que nada, la de menos recursos y más necesitada.
“Es un sistema muy maquiavélico que armó el Frente Amplio, que fue la bancarización obligatoria, donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, comentó que los consumidores van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tiene son quienes terminan pagando más.
Esto significa que acceden con el salario al crédito bancario, pero después, ante cualquier atraso, ingresan a financieras donde la ley hoy permite que haya hasta un 200% de interés anual en pesos en créditos al consumo.
El legislador calificó esa ganancia como “totalmente extralimitada” y “fuera de lo normal”, sobre todo, si se considera que la inflación actual del país es del 10%. “Si el Estado permite esto, directamente estamos avalando el robo a mano armada a la gente que más necesita”, lamentó.
La pandemia aceleró la necesidad de regular los niveles de usura
La situación se agrava en este momento en particular por la pandemia del Covid-19, donde unos 150.000 uruguayos fueron enviados al seguro de paro.
Si bien se han abierto varias actividades, muchos de los trabajadores afectados “habían planificado su endeudamiento en el sistema bancario en marzo-abril y lo habían extendido en cuotas durante un largo período de tiempo. Lamentablemente, es difícil que muchos de ellos se reintegren rápidamente al trabajo, pero las cuentas continúan y las financieras aumentan las tasas de interés en mayor medida”, esgrimió.
Dada esta realidad, el parlamentario entiende que es urgente regular y bajar la tasa que a través de la Ley de Usura se le permite establecer al sistema financiero.
«No podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente»
En la misma línea, el mes pasado, el Dr. Federico Graglia planteó a La Mañana la problemática por la que han atravesado los trabajadores en los últimos meses, puesto que debieron acudir a las financieras, que “matan al propio consumo” con sus intereses “estratosféricos”.
El especialista ejemplificó que hay trabajadores que están en seguro de paro que no cobran el 100% de su sueldo y están recurriendo a las financieras para cubrir el faltante, “a tasas astronómicas que no están reguladas o están mal reguladas por el Banco Central del Uruguay (BCU)”.
Agregó que “el Estado no tendría que permitir que las financieras se coman el sueldo del asalariado con intereses impagables”.
La importancia de la reforma: defender a los que menos tienen
El diputado Peña sostuvo que si bien los créditos funcionan dentro de la normativa vigente, la usura es tan amplia que lo que la ley permite es un “robo autorizado”. Es por esto que propone una modificación de fondo para bajar los niveles que la Ley de Usura estipula.
“Cuando se votó esa norma, se legisló para que la usura se calculara sobre las tasas medias, que se determinan en base al cálculo de la media sobre las tasas de interés que aplican las instituciones financieras, en el entendido de que las mismas tendrían una tendencia a la baja, por la estabilidad del IPC. Sin embargo, pese a que desde entonces el IPC anualmente no ha pasado los dos dígitos, las tasas medias han mantenido una inesperada e inusitada tendencia creciente, perjudicando a los tomadores de crédito”, argumentó.
Es por esto que el planteo principal de este proyecto de ley es “atar” la tasa de usura a la inflación, porque “no podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente, tiene que ser reducida drásticamente”.
También se refirió a la importancia de contar con una educación financiera real, dado que hoy existe mucha publicidad engañosa, donde “se hace a la gente entrar en financieras que publicitan un interés, pero, lamentablemente, después el interés es bien diferente”.
Por último, Peña hizo hincapié en que esta propuesta forma parte de la defensa de las personas de menores recursos. “Los que más tienen van al banco, negocian la tasa y están muy lejos de la usura. Los que están en la usura son los que entran en la financiera y son los que menos tienen. Y en un momento de aumento masivo del desempleo y de forma tan contundente como lo ha sido en la pandemia, donde la gente de golpe se encontró sin trabajo, regular estos mecanismos que abusan de los más necesitados tiene que ser una prioridad para todos”, señaló.
En definitiva, lo que se pretende con este proyecto es “subsanar la desprotección en la que se encuentran los consumidores, ante la deficiencia de una ley vigente, mal llamada de usura, que habilita a las instituciones financieras a aplicar tasas abusivas de intereses compensatorios y moratorios, y con contratos leoninos también dotados de cláusulas abusivas”.
Principales modificaciones a la Ley de Usura
Se modifica el ámbito de aplicación de la ley, ampliándolo para contratos tanto de cumplimiento instantáneo, como para aquellos de cumplimiento continuado.
En cuanto a los tipos de interés, se propone incorporar que para poder aplicar la exigibilidad anticipada esta podrá ser pactada solamente para el caso en el que el saldo adeudado no supere el 50% del monto total de la obligación.
Plantea que los intereses moratorios no sean capitalizables.
Establece la derogación del anexo metodológico de la ley vigente.
Propone la reducción de los topes máximos de las tasas de interés compensatorios y moratorios, que no pueden excederse por encima del 20% sobre el IPC.
Modifica la forma en que se determinan las tasas medias sobre las que actualmente se aplican las tasas compensatorias y de mora.
Plantea derogar las multas por mora.
Faculta como autoridades de aplicación en forma indistinta al BCU y al Área de Defensa al Consumidor.
Obliga a todas las instituciones financieras a realizar publicidad clara e inequívoca, de forma tal que los consumidores tengan cabal conocimiento de las condiciones del contrato y de los montos finales de las obligaciones asumidas.
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