Recientemente integrantes del grupo Familiares de Prisioneros Políticos se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou para acercarle sus planteos sobre la falta de garantías de los presos en la cárcel de Domingo Arena. Proponen la derogación de la polémica ley interpretativa que derogó la caducidad en 2011 con votos del Frente Amplio.
¿Cuál es su evaluación de la reunión que tuvieron con el presidente Lacalle?
Antes de ese encuentro nos reunimos con el Fiscal General, Dr. Juan Gómez, el ministro de Defensa, Javier García y con los integrantes de la coalición de gobierno de la Comisión de Legislación del Senado. Quedó pendiente un encuentro con la Suprema Corte de Justicia. De esa manera nos quedaba reunirnos con el presidente Lacalle, lo cual hicimos.
Allí expusimos el estado de indefensión de nosotros y nuestros familiares, que están detenidos arbitraria e injustamente, y le manifestamos las irregularidades que desde el punto de vista técnico y jurídico asisten en estos casos. Estas irregularidades parten del desconocimiento de la Ley de Caducidad. Por eso queremos la derogación de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad. Esa ley interpretativa, votada por la mayoría circunstancial del Frente Amplio en 2011, es inconstitucional y creó la fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
Con el presidente hablamos también de los tiempos. Ahora es la LUC, después será la reforma jubilatoria, después de ley de medios y el presupuesto. Y vemos que siempre hay algo más importante que el tratamiento de la derogación de la ley interpretativa. Porque es un tema que el sistema político repele y no quiere ni mirarlo. Pero llegó la hora de ponerle un punto final. Por eso al presidente le solicitamos que tienda los puentes y generara las condiciones para que la coalición procesara la solución política para este tema que pasa por derogar la mencionada ley, lo cual se puede hacer por las mayorías que se tienen en el Parlamento.
Frente a este planteo, ¿cuál fue la respuesta del presidente?
Nos hizo saber de manera muy delicada, pero muy republicana, que es el presidente de todos y tiene obligaciones institucionales que respetar y siendo particularmente cuidadoso en la materia. Esta es una gran diferencia que notamos entre esta administración y las anteriores, o sea la pulcritud de procedimientos y la responsabilidad que implica el cargo. Cuando se mira al presidente se piensa que lo puede todo y en realidad cuando ejerce a cabalidad el cargo y en respeto a la institucionalidad, hay cosas que no puede hacer. Tomó nota de nuestras inquietudes y nos dijo que es un tema que le preocupa. Sentimos que nos escuchó.
¿También se habló del relato de los hechos históricos?
Eso lo tratamos. Pasa por desarmar el relato que establece que la dictadura fue como un capricho de la naturaleza. Al mismo tiempo que sostenemos la lucha por nuestros detenidos, estamos con la inquietud de desarmar ese relato y promover una discusión de toda la historia. Debe comenzar desde los principios de los 60 y dar cuenta de lo que fue el terrorismo y de la reacción de un sistema político que no lo vio venir y que en vez de combatirlo entró en convivencia.
Luego viene el golpe de Estado, donde la izquierda estaba fogueándolo. El relato establece que en el año 72 el terrorismo desaparece, pero en 1973 comienza una segunda etapa, anidada en Buenos Aires. Por lo cual la historia hay que contarla toda y decir que hasta el año 1976 había actividad terrorista en el territorio. También hay que contar cómo salimos de esto, con los militares entregando el poder y aclaro que no soy promilitarista, voté por No en el plebiscito de 1980.
¿Qué consideración les merece a ustedes la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad?
La labor del fiscal consiste en hallar la verdad, encontrar a los responsables y castigarlos. Esto sucedió hace 20 años con los primeros casos en los que claramente aparecieron identificados los responsables de los excesos y abusos, en una lógica que, si bien no se puede aceptar, se debe comprender. Si aplicamos la contabilidad macabra, que no se quiere realizar, pero se debe tener cuenta, entre los años 1964 y 1984, el Estado detuvo a unos 4.400 uruguayos (tupamaros, comunistas y simpatizantes). De esta cantidad, que no es menor, son 88 los fallecidos. Y son 36 los cuerpos que no aparecían. Aparecieron cinco y quedan 31 sin aparecer. Esto es espantoso, no hay justificación. Pero no se puede asumir que es un plan de exterminio. Y esto pasó, como pasó con los 90 militares y civiles que mataron los terroristas. El saldo triste para lo cual no hay respuesta es el de los 31 cuerpos que no aparecen.
¿Cuántos son los prisioneros que hay y fueron procesados bajo esta ley interpretativa?
Hay 40 detenidos con un promedio de 77 años de edad. Unos quince están con prisión domiciliaria. Tenemos personas de 84, 85 y hasta 87 años que están en algunos casos con Alzheimer y tienen tobillera. Otros también están en silla de ruedas y con una tobillera. Además, se van muriendo por lo cual tampoco tenemos tiempo para soportar la dinámica de los tiempos. Y la fiscalía no puede probar que son culpables, pero los obliga a demostrar que son inocentes. Las pocas pruebas que aparecen son de testigos, preparados por la fiscalía. Asimismo, están formalizados y deben esperar un juicio que nunca llega, y se les niega las salidas transitorias o la prisión domiciliaria.
¿Se esperan más procesamientos para los próximos meses?
Hay 55 citados para las próximas semanas y quedan más de cien para los meses que vienen. Y la casi totalidad de los citados se los termina procesando.
¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para la prisión domiciliaria de los mayores de 65 años?
No nos conforma, pero entendemos que los tiempos políticos no siempre hacen lo que uno desea. De esta manera es un paliativo y algo que contribuye y ayuda. Lo hemos apoyado y lo seguimos apoyando, pero la solución a esta locura que vivimos pasa por derogar la ley interpretativa.
Además de la derogación de la ley interpretativa como una solución, ¿qué otros caminos piensan seguir?
El indulto en nuestro país no existe, por lo cual es una solución descartada. Lo que estamos haciendo es trabajar para presentarnos ante las Naciones Unidas, la OEA y la Cruz Roja Internacional. Esto significaría denunciar al Estado uruguayo por violación de los derechos de nuestros padres, porque se ha negado el principio de inocencia, la presentación de pruebas y las medidas alternativas a la prisión. También hay que destacar que existen recomendaciones expresas de la Cruz Roja Internacional que ya recibió el Estado en dos oportunidades, recomendando que más allá de la causa que se los acuse, no es conveniente tener prisioneros a los mayores de 70 años.
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