Actualmente casi la totalidad de los fondos de investigación y desarrollo son públicos. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se busca potenciar la Dirección de Ciencia y Tecnología y convocar un diálogo abierto para identificar las herramientas legales y buenas prácticas internacionales con el fin de atraer capitales privados.
El año 2022 el Gobierno espera generar un ámbito de debate con la comunidad científica, el empresariado y el Estado, buscando impulsar nuevas normas que faciliten la inversión en ciencia y tecnología, generando mayor investigación y desarrollo.
La administración tiene entre sus prioridades generar las condiciones para que capitales privados inviertan en desarrollo científico y para eso la Dirección de Ciencia y Tecnología se está fortaleciendo dentro del Ministerio de Educación y Cultura.
Alberto Majó, asesor del ministro y encargado de esa Dirección, dialogó con La Mañana y dio a conocer cuáles son los planes para un área considera crucial en el futuro del país.
Desde la cartera se considera que existen impedimentos normativos y hasta culturales para lograr que el relacionamiento del mundo científico y académico con el sector empresarial sea más fluido. Por esta razón dentro del Ministerio se está desarrollando en una etapa de reorganización del sistema de ciencia y tecnología. En esa línea hay estudios en proceso para identificar los «cuellos de botella» del sistema y, en el primer semestre del año próximo, discutir con la academia, el gobierno y el sector empresarial un nuevo modo de organización para dar más apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación en Uruguay.
Mediante una consultoría se están revisando las normas existentes y efectuando entrevistas con referentes del ámbito empresarial, científico y de mercado de capitales para conocer cuáles son los incentivos y desincentivos que parten desde el Estado hacia el sector. Una segunda etapa será conocer cómo los participantes del sistema coinciden o tienen conflictos de intereses, buscando conocer cómo mejorar el ambiente para la innovación.
Para marzo o abril se espera presentar un informe sobre buenas prácticas internacionales de organización institucional de ciencia, tecnología e innovación. Se van a tomar ejemplos internacionales que puedan ser referencia para Uruguay.
Majó indicó que con todos estos elementos se espera realizar el año próximo una serie de debates con todos los actores involucrados en el tema, «donde el gobierno deberá decidir y el Parlamento tomar decisiones en el ámbito legislativo».
Faltan investigadores en tecnología
Majó expresó que en Uruguay «se vive una cierta paradoja», ya que tiene una comunidad científica de entre 2.000 a 2.500 investigadores, con una alta productividad, pero faltan más de estos vinculados a campos como el tecnológico, que es donde los países más desarrollados están trabajando con más fuerza.
Si bien los últimos años se ha ido ampliando la oferta de carreras vinculadas a tecnología, innovación y emprendedurismo, «el desafío consiste en encontrar herramientas para que los investigadores se incorporen más en el sector empresarial y tener un ecosistema más diverso y amplio que contribuya a una mayor diversidad y complejidad de la economía».
Acotó que el país es fuerte en investigación en ciencias biológicas, de la salud y del agro; no obstante, se requiere una mayor diversidad hacia otros sectores, por ejemplo, las ingenierías, la ciencia de dato, la inteligencia artificial o las TIC vinculadas a la electrónica.
En materia de agro es de destacar que desde hace varias décadas existen instituciones como el INIA o la propia Facultad de Veterinaria y Agronomía que generó un sistema de investigación que, según nuestro entrevistado, «tal vez deba dar un salto más en temas vinculados a la sostenibilidad, las cadenas agroindustriales, el desarrollo de nuevos productos».
Casi todos en el área pública
Si bien se han formado miles de investigadores en los últimos 25 años, ellos mayormente trabajan en instituciones universitarias o en el área pública. Los indicadores muestran que el 95% de los fondos destinados a investigación y desarrollo provienen del gobierno y la educación superior pública.
«Esto lleva que el país se deba preparar para generar instrumentos por los cuales el sector empresarial privado canalice fondos en investigación y desarrollo. Asimismo, el gobierno debe generar condiciones para atraer talentos altamente capacitados, que posibilite la llegada de capital para proyectos innovadores», dijo Majó.
Al preguntarle por qué –a diferencia de los países desarrollados– el sector privado no lo hace en la región, sostuvo que «Uruguay no es original en eso».
El promedio de América latina en investigación y desarrollo se ubica en 0,6% del PIB, estando en Uruguay en el 0,4%. Brasil es el 60% del PIB de la región y tiene el 60% de los investigadores de América latina, invirtiendo 1,2% del PIB, del cual la mitad la aporta el sector privado.
«Tendemos a mirar a los países desarrollados, pero en esos países la investigación se hace con un importante aporte del sector privado. Estados Unidos aporta el 2,8% del PIB a investigación, y el 70% de esos fondos son privados», manifestó.
Agregó que Uruguay tiene varias fortalezas como ser la institucional, la calidad de la educación superior y las telecomunicaciones. Sin embargo, advirtió que «el clima de negocios es donde existen mayores dificultades, porque hay condiciones necesarias, pero no suficientes». «Se destaca el manejo de las cuentas públicas y cómo se ha salido de la pandemia, aunque se debe trabajar más en otras áreas tales como la facilidad para abrir o cerrar una empresa, cómo liquidar impuestos o registrar productos, entre otros», subrayó Majó.
El Plan Ceibal y la pandemia
Tras la llegada del covid-19, el Plan Ceibal tuvo un rol significativo, al mantener conectado a profesores y maestros con los estudiantes. Majó contó que al comenzar la pandemia se reunió con el equipo del Plan Ceibal para saber cómo venían trabajando.
«Me manifestaron que se habían puesto como meta llegar al 100% del cuerpo docente conectados y superar el 80% de los estudiantes en un par de años. Esas metas se lograron antes, precipitadas por la pandemia. Hubo un shock en el uso de esta plataforma y ahora se está trabajando en aspectos de innovaciones educativas, preparando las condiciones para que los estudiantes salgan con mejores herramientas en un mundo distinto al que nos tocó vivir a nosotros».
Dentro de un proceso de reorganización general, se estableció mediante un artículo de la LUC, que el Centro Ceibal y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNI) se comunican con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Esto permite que el MEC pueda coordinar para ambas instituciones apoyos, por ejemplo, en materia internacional.
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