La discusión sobre el capítulo de educación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue uno de los puntos más polémicos en el trámite que lleva este proyecto. La organización Eduy21 advirtió en la Comisión del Senado que un 30% de los jóvenes son «analfabetos funcionales», cifra que aumenta considerablemente en los quintiles más bajos.
Los cambios que se plantean en el proyecto son varios, entre ellos los que afectan en la gobernanza de la Anep, donde se separan los ámbitos de discusión de las políticas de educación a de quiénes llevarán adelante la ejecución. Se uniformiza la formación docente universitaria y se establece un ámbito de coordinación por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de toda la educación nacional, tanto pública como privada.
Otro elemento significativo es que habrá un cambio en la dirección del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y en la elección de los miembros del organismo: no serán representantes de la Anep, sino propuestos por el Poder Ejecutivo, con venia del Senado.
El especialista en temas de gestión y políticas de educación, Claudio Rama, dijo a La Mañana que la LUC plantea para la educación, un cambio en la gobernanza que apunta «a una mayor independencia del conocimiento». Considera que lo más importante se producirá dentro de la Anep, ya que las direcciones de UTU, Primaria y Secundaria «van a dejar de ser ámbitos de consejos con funciones corporativas, para ser ámbitos de dirección ejecutiva, mientras que todo lo referente a los corporativismos quedan en el ámbito del Codicen, no en lo que serán los organismos de ejecución».
También dentro del proyecto cambia el sistema de reválidas, terminándose el monopolio de la Universidad en este sentido. Será el Ministerio de Educación quien procederá a efectuar la revalidación de títulos.
«Este será un cambio positivo», manifestó Rama, acotando que la tendencia internacional es que la reválida no la realiza un solo organismo, sino que está descentralizada. «Hoy el sistema de reválida corresponde a un funcionamiento de enorme complejidad, con una tranca enorme de miles de reválidas, tanto para uruguayos que estudiaron en el extranjero, como para cubanos, venezolanos, argentinos o dominicanos, que en los últimos años llegaron al país».
En la actualidad en Uruguay hay unas 30 especializaciones médicas, en Brasil 65 y en el mundo cerca de 400. El tema pasa entonces por cómo se da una reválida a un médico con una especialidad que no se estudia en Uruguay. Rama dijo que esto lleva a esperas de 6 a 8 años como un «escenario normal» para lograr una reválida, con cerca de 2000 solicitudes que aún no han sido aprobadas por la Universidad de la República.
Duración de la escuela
En el marco de la discusión de la LUC, la organización de técnicos y profesionales del área educativa Eduy21 concurrió a la Comisión del Senado que estudia este proyecto. Uno de los puntos que quedó más claro a los legisladores es que más allá de esta ley, Eduy21 enfatiza que la escuela debe comenzar a los cuatro años y debe durar hasta los catorce.
Renato Opertti, integrante de Eduy21, dijo que «uno de los problemas fundamentales que tiene el Uruguay es que su sistema educativo está muy fraccionado, muy disperso, siendo fundamental tener una educación básica que vaya de tres o cuatro años a los catorce años, y también contar con una educación media superior que vaya de los quince a los dieciocho años. Creemos que un sistema educativo tan fraccionado en niveles y en ofertas no contribuye a garantizar a los alumnos oportunidades reales de aprendizaje».
Por otra parte, Juan Pablo Mir, también de Eduy21, informó a los legisladores que el año pasado la tasa de egresos del Instituto de Profesores Artigas fue de un 11 %: de cien estudiantes que entran, egresan once profesores.
En Uruguay, casi un tercio de los profesores de secundaria no son titulados y existe un déficit anual de cuatrocientos maestros, dado que se reciben alrededor de seiscientos, pero se jubilan cerca de mil todos los años.
Mir sostuvo que la situación lleva a que hace veinte años atrás alfabetización significaba poder escribir el nombre y determinadas cosas. «Hoy la alfabetización implica poder decodificar determinados elementos, poder escribir de acuerdo con determinadas intenciones. Entonces, en la escala de 1 a 5, el 30% de nuestros jóvenes, y en la investigación en enseñanza técnica en la UTU, el 70% de los muchachos, llegan solamente al segundo nivel de comprensión lectora y escritura. Como se decía antiguamente, son analfabetos funcionales», destacó Mir.
«Son personas que toman un diario y no pueden comprender la intención de lo que está escrito. Son personas totalmente manipulables, no manejan el código escrito en forma estándar, que es el que manejamos todos nosotros para comunicarnos. Pero si yo manejo un código escrito con el que me comunico con usted o en sectores puntuales, no soy capaz de comunicarme socialmente», añadió.
Según la Unesco, Uruguay presenta la característica de tener un sector medio y alto que compite y que está adecuado –más allá de que vaya a educación pública o privada– a los más altos niveles de América. Pero el rango de diferencia con los sectores desfavorecidos es el más grande de América. «Ello quiere decir que la diferencia que hay entre un niño o un joven que nace o que está en una ciudad cualquiera del país y otro que está en la zona costera de Montevideo, es mayor que la que existe en Guatemala entre un niño o un jovencito de la zona de la villa y uno perteneciente a los sectores altos», dijo Mir.
Y agregó: «El problema es la enorme desigualdad en los aprendizajes, que termina siendo la cadena hacia el delito. Tenemos un tercio general –y en las zonas populares llega hasta el 70%– de compatriotas que no manejan mínimamente el código estándar escrito».
Directores sin poder
La profesora Virginia Piedra Cueva, integrante de Eduy21, dijo ante la Comisión del Senado que estudia la LUC, que uno de los puntos principales en materia educativa es que los directores puedan tener la potestad de decidir quiénes trabajan en un centro. «Muchas veces, los directores estamos maniatados porque no podemos conformar los equipos para trabajar en forma consistente en un proyecto elaborado de manera colectiva», indicó.
«Hay docentes o funcionarios que no cumplen con su labor y sin embargo los directores no podemos tomar ninguna decisión al respecto. Son trámites infinitos, investigaciones, a veces estamos dos o tres años con un funcionario que tiene cincuenta, sesenta, setenta inasistencias y los directores solo podemos resistir cuando de repente no se cumple con la limpieza del edificio o con las tareas administrativas «, sostuvo Piedra Cueva.
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