El pedido de liquidación de Citrícola Salteña tomó por sorpresa a todo el país. Veníamos lamentablemente acostumbrados a los constantes cierres de empresas que caracterizaron la desastrosa gestión astorista-progresista, pero a pesar de ello, la noticia cayó como un balde de agua fría.
No es sorpresa para nadie que el sector citrícola haya sido uno de los más perjudicados por el modelo económico de atraso cambiario y consumo doméstico seguido por los alumnos del exdecano, los connotados “astoritos”. Colocados en posiciones estratégicas del Estado, se preocuparon de bombardear cualquier intento de apoyo a los sectores productivos afectados por sus nefastas políticas.
El sector citrícola es uno de los sectores productivos más intensivos en la contratación de mano de obra, especialmente en el norte del Río Negro, región de nuestro territorio con mayores dificultades para generar empleos sostenibles. Resulta natural entonces que haya sido de los más afectados, ya que el modelo de la izquierda caviar -refugiado en un supuesto disfraz de protección de los trabajadores- hizo virtualmente insostenible cualquier emprendimiento intensivo en mano de obra. Salvo, por supuesto, las oficinas públicas que llenaron de amigos, parientes y socios.
Pero el fenómeno de Citrícola Salteña además saca a luz un comportamiento singular del BROU, que pareció haberse alejado no solo de los valores fundacionales de don Federico Vidiella, sino de sus propios intereses como empresa. Si lo que dice el abogado de la empresa en la entrevista de esta semana con La Mañana es cierto, más que una singularidad, estaríamos ante una perversión que condena a miles de personas a la pobreza y pondría a Salto en una grave situación.
Según informa el Dr. Ricardo Olivera García, el BROU habría sacrificado parte de sus garantías hipotecarias para poder registrar una parte de su crédito como quirografario –sin garantía- a los efectos de lograr una mayoría en la junta de acreedores que decidió la suerte de la empresa. ¿En qué podría beneficiar esto al BROU, y mucho menos a nuestro país?
Forzar la liquidación de un emprendimiento frutícola es una estrategia muy aventurada, ya que se arriesga el mantenimiento de los árboles frutales, los que representan aproximadamente el 80% del valor de la hectárea plantada. Es por ello que resulta poco imaginable que llevar a la liquidación a la empresa sea la mejor forma de proteger la garantía del BROU. Salvo, claro está, que hubieran otros factores en juego que resultan difíciles de dilucidar con la información pública. ¿Habrá podido pensar el anterior directorio del BROU que estaba protegiendo su garantía liquidando la empresa?
Las idas y vueltas del BROU en este concurso generan aún más dudas acerca de cuál era el verdadero objetivo de sus autoridades. No podemos pasar por alto que alguno de los actores principales en este caso coinciden con los del “affaire Pluna”, lo que obliga a encender las señales de alerta. La última vez que estos personajes actuaron en un cierre de empresa y armaron remate, le costó al pueblo uruguayo cientos de millones de dólares. “Bisogna essere attenti”, dicen los italianos y abren los ojos bien grandes…
En ocasión del escándalo de Pluna, las autoridades del MEF fueron debidamente advertidas que los aviones no se podían rematar como novillos. Aparentemente pensaban que estaban diseñando una kermesse y siguieron adelante con un remate que no solo terminó resultando fraudulento, sino que involucró innecesariamente al BROU, la institución creada con objetivos diametralmente opuestos: evitar que los uruguayos fueran abusados.
Una cosa era matar a Pluna, empresa privatizada por Astori y Bergara durante el primer gobierno frenteamplista, y que de forma incomprensible logró el aval del Estado para adquirir aviones nuevos. Tal había sido la connivencia de Colonia y Paraguay con la empresa, que más de uno albergó sospechas de que el verdadero motivo era liquidar una historia nefasta.
¿Pero qué perseguía esta misma gente pidiendo la liquidación de Citrícola Salteña?
Lo que sí resulta cierto es que las autoridades del BROU habían olvidado desde hacía tiempo la doctrina que dio lugar a su fundación. En 1946, en ocasión de su cincuentenario, el banco publicó una memoria histórica que vale la pena repasar, ya que evidencia los motivos por los cuales Federico Vidiella impulsó su creación.
En concreto, resulta muy ilustrativa una descripción de la ley del 25 de febrero de 1933, aprobada para hacer frente a la crítica situación provocada por la invasión de la langosta, “que sumió en la miseria a millares de modestas familias”. Esta ley habilitó la creación del “Crédito Agrícola de Habilitación”, dentro del Departamento de Crédito Rural e Industrial del banco, asignándole un capital de $ 5 millones de la época.
Este capital debía ser destinado a “préstamos para facilitar la siembra de cultivos y plantíos frutales de agricultores de poco o ningún capital y que no pudieran ser servidos por los demás créditos o préstamos corrientes”. Cuán alejado de esto está el BROU actual luego de tres lustros de una gestión indiferente a la producción.
Lo cierto es que cuanto más se analiza el caso de Citrícola Salteña, más dudas surgen acerca del rol del banco estatal. Esperemos que no sea un caso más de la doctrina del “cuanto peor mejor” desde una institución absolutamente fundamental en la coyuntura actual.
