El ministro de Economía, Gabriel Oddone, centra sus primeros días al frente de la cartera de Estado atendiendo algunos temas que considera prioritarios, para adentrarse posteriormente en el Presupuesto, el cual tiene como fecha límite de presentación en el Parlamento el 31 de agosto.
Gabriel Oddone mantuvo una reunión con legisladores del Frente Amplio en el Palacio Legislativo en la que informó aspectos generales de la economía nacional e internacional, dando de esta manera un mensaje claro de que los recursos son finitos. Esto se debe a que cuando el Presupuesto llega al Parlamento se introducen modificaciones que pueden tener un costo extra a lo planteado desde Economía. La idea central es que los montos de gastos generales no se modifiquen, pudiendo moverse partidas dentro de los incisos.
Uno de los principales problemas que deberá enfrentar el gobierno es que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo cual no se sabe hasta qué punto está dispuesto a realizar concesiones a la oposición. Si bien se pueden efectuar acuerdos puntuales por partido en algunos artículos, el Presupuesto debe ser primero aprobado en general. Esto lleva a que tales acuerdos con sectores de la oposición también garanticen que los votos para la aprobación en general van a estar.
Fondos para la Caja de Profesionales
Los primeros problemas que el ministro Oddone informó que el gobierno enfrentará tienen relación con situaciones muy puntuales. Una de ellas es la Caja de Profesionales (Cjppu), que en más de una instancia ha informado que tiene recursos hasta junio, cuando su déficit ya alcanzará cerca de 57 millones de dólares. Por este tema hubo una reciente reunión entre integrantes del directorio de la Cjppu, el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Domenico y Ariel Cancio, del Ministerio de Economía, un economista especializado en pensiones.
El presidente de la CJPPU, Hugo Daniel Alza, consideró que “la reunión fue muy fructífera” e indicó que “hay una voluntad manifiesta del Poder Ejecutivo de apoyar la continuidad del instituto y en cuanto a sus obligaciones con los afiliados”. Agregó que la Cjppu tiene el compromiso del Poder Ejecutivo de que mantendrá una asistencia financiera para solucionar a corto y mediano plazo esta situación de crisis del organismo, brindando tranquilidad a todos los afiliados.
En la reunión con los legisladores, Oddone informó que antes de junio habrá una solución. Esta solución pasará por un aporte desde Rentas Generales para cubrir los pagos mensuales de pensiones y jubilaciones. Para esto se piensa enviar un proyecto de ley al Parlamento antes de mayo, redactado por técnicos de la caja y del ministerio. Si bien existen diferentes propuestas para sanear la economía de la Cjppu a largo plazo, estas no estarían incluidas en este proyecto, ya que lo que se busca es dar una rápida liquidez para poder cumplir con los pagos de pensiones y jubilaciones en junio.
Situación de ASSE y Casmu
En materia de gastos considerados necesarios para este año, también se encuentra la situación de deuda que tiene la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con sus proveedores, que al finalizar el año era de 200 millones de dólares ($ 8000 millones), de los cuales ya se canceló la mitad con fondos del Ministerio de Economía. Por año, ASSE invierte en medicamentos unos 100 millones de dólares y gran parte de esta deuda es con laboratorios. El remanente de la deuda (unos 102 millones de dólares) quedó para ser cancelada en los próximos meses. Hay atrasos en pagos a médicos (que están contratados bajo el régimen de facturación), mutualistas y en otros servicios. Parte de la deuda se denomina “sin créditos asignados”, o sea que no está comprendida dentro del presupuesto de ASSE. Esta asciende a 54 millones de dólares. Generalmente, ASSE es uno de los organismos que no cubre sus gastos con lo asignado presupuestalmente, e históricamente recibe partidas extra desde el MEF. Se ha indicado que esta es una manera de control por parte de Economía para que el gasto “no se dispare demasiado”. Los gastos extra presupuestales se dan por variaciones que pueden ocurrir, por ejemplo, con el gasto por el incremento de algunas enfermedades en etapas puntuales del año. Integrantes del gobierno de Lacalle Pou señalaron que cuando este llegó al cargo la deuda de ASSE era de 159 millones de dólares, de los cuales 32 millones de dólares eran deuda sin créditos asignados.
Asimismo, dentro del ámbito de la salud está la situación del Casmu. La mutualista tiene lo que se denominó por el Ministerio de Economía una “grave situación financiera” y se mantiene con un préstamo de 67 millones de dólares, el cual tiene una garantía de pago por parte del Estado. Los pasos por seguir para esta mutualista, que tiene una intervención sin desplazamiento de autoridades, se analizarán con el Ministerio de Salud Pública.
El caso del Ferrocarril Central
Oddone también se refirió a situaciones en otras dependencias del Estado. En el caso del Ministerio de Transportes, está el enfrentamiento con el consorcio Grupo Vía Central que construyó el Ferrocarril Central y demanda al Estado por 160 millones de dólares. La demanda se centra en que el Estado paga por los días que se usa la vía (pago por disponibilidad) y existen diferencias sobre cuándo se empezó a usar por parte de UPM para el traslado de celulosa desde su planta en pueblo Centenario hasta el Puerto de Montevideo. A esto ahora se agregó que el consorcio retiró la vigilancia que se realizaba a lo largo de la vía para evitar el robo de señales y cables de fibra óptica. Grupo Vía Central indicó que esas son tareas que corresponden al Estado, pero que el consorcio las hacía para colaborar pese a no estar en sus obligaciones. No obstante, y según el contrato, las señales y cables deben ser repuestos por el propio consorcio. Actualmente, Grupo Vía Central está en negociaciones con el gobierno y se espera que desista de la demanda.
Por otra parte, el Ministerio de Economía deberá disponer fondos para el pago de material adquirido por el Ministerio de Defensa. Se trata de 100 millones de dólares por la compra de seis aviones A 29 Super Tucano a Brasil y 82 millones de dólares para la adquisición de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama. Sobres fines de año pasado el gobierno pagó un adelanto de 8,5 millones de dólares para que se iniciara la construcción de estos buques. También se destacó por parte de Oddone a los legisladores que en el caso del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), los centros CAIF no tienen fondos asignados para su funcionamiento este año.
Competitividad, gasto público y seguridad
En la presentación ante los legisladores, el ministro realizó también un exhaustivo análisis de la situación económica del país y delineó los principales desafíos que Uruguay enfrentará en 2025. En lo que calificó como un contexto global de crecimiento moderado y creciente incertidumbre, subrayó la necesidad de fortalecer la competitividad del país y optimizar el gasto público para garantizar la estabilidad macroeconómica y el bienestar social.
Comenzó su exposición advirtiendo que el crecimiento económico global seguirá siendo moderado en los próximos años. Esto significa que Uruguay no podrá depender de un impulso significativo de la demanda externa para sostener su economía. En un mundo donde el crecimiento de nuestros principales socios comerciales (Brasil, Argentina, EE. UU. y China) será moderado, con riesgos de ajustes a la baja, debemos prepararnos para un escenario desafiante, afirmó el ministro.
Además, el aumento del proteccionismo y la incertidumbre en las políticas comerciales internacionales podrían afectar negativamente al comercio exterior uruguayo. A esto se suma el hecho de que las tasas de interés internacionales se mantendrán elevadas, lo que incrementará el costo del financiamiento para las economías emergentes como Uruguay.
Frente a este panorama, Oddone delineó tres prioridades clave para el gobierno este año. En primer lugar, acelerar el crecimiento económico. Para ello, el ministro destacó la importancia de fortalecer la competitividad del país y atraer inversiones. “La baja inversión ha limitado el crecimiento del PIB en la última década. Debemos revertir esta tendencia con políticas que fomenten la inversión privada y pública”, señaló.
Asimismo, se debe fortalecer la protección social. El ministro de Economía enfatizó la necesidad de priorizar áreas estratégicas como la infancia y la infraestructura. “El gasto público debe ser eficiente y estar dirigido a mejorar la calidad de vida de los uruguayos, especialmente de los más vulnerables”, afirmó.
Por último, dijo que es necesario mejorar la seguridad pública asignando recursos para garantizar la seguridad ciudadana, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda pública.
Desafíos fiscales
Uno de los puntos más destacados de la presentación fue el análisis de la situación fiscal. Oddone reconoció que, aunque el déficit fiscal se mantuvo en 2024 en niveles similares a los de 2019, el gasto y la deuda han aumentado. “Debemos encontrar espacio fiscal sin comprometer la estabilidad macroeconómica”, dijo. El ministro también señaló que Uruguay enfrenta desafíos heredados de la administración anterior, los cuales requieren atención especial e indicó “hay situaciones que se arrastran y que no podemos ignorar. Debemos abordarlas con responsabilidad y eficiencia”.
A pesar de estos desafíos, destacó que Uruguay cuenta con una economía sólida y que el gobierno está comprometido con mantener la estabilidad macroeconómica. “Tenemos las herramientas y la voluntad para enfrentar estos desafíos, pero debemos ser prudentes y estratégicos en nuestras decisiones”, afirmó.
El ministro dedicó una parte importante de su exposición al tema de la competitividad y el sector productivo. Según expresó, la baja inversión ha sido uno de los principales factores que han limitado el crecimiento del PIB en la última década. Explicó que para revertir esta tendencia es clave mejorar la asignación del gasto público y priorizar áreas estratégicas como la infraestructura y la innovación.
También destacó la importancia de fomentar la inversión privada y crear un entorno favorable para los negocios, ya que se debe trabajar en políticas que atraigan inversiones y generen empleo de calidad.
En sus palabras finales, Oddone enfatizó la necesidad de una estrategia gradual y eficiente para enfrentar los desafíos económicos de 2025. “El gobierno definirá prioridades y reasignará el gasto público para cumplir con los compromisos asumidos. Nuestro objetivo es garantizar la estabilidad macroeconómica y el bienestar social de todos los uruguayos”, concluyó.
