Desde hace más de 20 años que los temas de inclusión financiera están en las discusiones de los foros y organismos internacionales vinculados a la economía. Estos diálogos giran en torno a la prioridad que significa poder atraer a aquellas personas que están por fuera del sistema financiero básico de un país. En estas instancias de diálogo, se estableció por parte del grupo del Banco Mundial que la mejor manera de aplicar la inclusión financiera es permitir a la población la opción de integrar la misma o no, es decir, que el sistema sea voluntario, no obligatorio.
En todo momento, según dijo a La Mañana Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, en esos foros se estableció que la mejor situación era la voluntariedad del sistema y no una inclusión compulsiva. Sin embargo, en Uruguay no se cumple con esta idea y hoy nuestro sistema de inclusión financiera es obligatorio, según lo indica el artículo 83 de la ley 19.210 reglamentada en el año 2015.
Recientemente, el presidente electo Luis Lacalle Pou, recibió a empresarios que mostraron su preocupación en cuanto a la obligatoriedad de la ley y le solicitaron ajustarla de manera que se torne más “amena”, ya que habían apostado a su derogación a través de la junta de firmas. En ese sentido, Lacalle Pou serenó el panorama e indicó sus intenciones de eliminar la obligatoriedad de la misma por considerar que viola las libertades de los uruguayos, e incluirá el asunto en la ley de urgente consideración.
Un reclamo de muchos
A mediados de 2019, Conrado Rodríguez fue uno de los impulsores del proyecto de ley para excluir la obligatoriedad en la inclusión financiera. Si bien siempre ha manifestado que no está en contra de toda la ley que regula el sistema, sí pretende defender el derecho de los ciudadanos a elegir el sistema que mejor considere. “Creo que este reclamo lo ha venido realizando la mayoría de la sociedad. La población entera, de alguna manera, reclama que la inclusión financiera pase a ser un mecanismo voluntario y no obligatorio, entonces el proyecto responde a eso”, dijo.
Para Rodríguez, esta ley ha acarreado una situación que truncó el desarrollo de determinadas actividades económicas y en ciertas localidades del país, principalmente del Interior. Indicó que en las zonas donde el acceso a entidades financieras es mucho más escaso y complicado, la inclusión no se mira con buenos ojos. “La obligatoriedad ha perjudicado la operativa de muchas empresas, especialmente la de pequeños comerciantes que deben aceptar pagos con tarjetas, y de alguna manera esto no les permite un mejor desarrollo de su actividad”, sostuvo el entrevistado.
Para el diputado colorado la inclusión financiera por obligación no ha sido beneficiosa para una gran cantidad de personas. En un primer momento, cuando la ley fue aprobada, se sostuvo que una de las principales metas era que quienes estaban excluidos del mercado crediticio fueran incluidos a través de esta normativa. “Considero que esto no sucedió en la realidad”, sopesó.
Rodríguez explicó que la modificación propuesta no se trata de no aceptar o reconocer la realidad que ante el avance de la tecnología las sociedades deben estar integradas financieramente a nivel global, lo que sí se quiere lograr es que todos puedan elegir estar o no integrados en ella, y por eso el proyecto se plantea con ese rumbo.
“Se busca la derogación del artículo 83 de la ley, que habla de que es de orden público y, por lo tanto, las partes no pueden a través de un acuerdo cambiar lo que dice la norma, en este punto es donde está nuestro principal desacuerdo”, subrayó. Cuestionó también que si la ley “era tan beneficiosa como decía el gobierno y aportaba tanto a las personas, ya sea por beneficios fiscales, disminución de manejo de dinero físico, seguridad, entre otras cosas, ¿porque no dejaron que la gente opte libremente y que, en definitiva, quienes la consideran beneficiosa saquen provecho de ella, y quienes no lo entiendan así puedan quedar por fuera?”.
El proyecto que el diputado presentó en aquel entonces, lo considera un insumo importante para el próximo gobierno, incluso en lo que tiene que ver con la redacción de los artículos incluidos en la ley de urgente consideración. Aseguró que puede ser una buena base para poder trabajar.
Escribanos sobreexigidos
El entrevistado sostuvo que es necesario -además de eliminar la obligatoriedad- que se avance en otros aspectos colaterales que tienen que ver con la ley ya establecida. Un ejemplo son los contralores que deben hacer los escribanos públicos frente a determinadas compraventas. “Los escribanos, aparte de haberse convertido en agentes de retención de impuestos, también -según la normativa que fue aprobada en estos últimos años- se han convertido en una especie de investigadores privados para analizar de dónde provienen determinados fondos”, relató el diputado.
Generalmente estos profesionales no cuentan con las herramientas para poder verificar cuál es la procedencia de determinados fondos, entonces, indicó Conrado, se les ha puesto obligaciones que los escribanos no pueden llevar adelante. “Considero que es un tema colateral pero que está dentro de la inclusión financiera y los contralores que implica. Se debe estudiar profundamente una modificación sobre este asunto”, indicó.
El “Gran Hermano” de la economía
Otra de las razones por las que el gobierno consideró que la ley de inclusión financiera sería beneficiosa está vinculada a la disminución de la evasión. Respecto a esto, según indicó Conrado, no hay números concretos que den cuenta de que efectivamente se haya logrado la meta. “Se pudo haber mejorado la recaudación de algunos impuestos como el IRPF y el IASS, pero sobre todo se mejoró porque se elevaron las tasas de estos dos impuestos en la rendición de cuentas del año 2016”.
En ese entonces, el ministro de Economía, Danilo Astori realizó la llamada consolidación fiscal, pero para el entrevistado se trató llanamente de un ajuste fiscal a secas. Aseguró que esto hizo mejorar la recaudación de impuestos y puede que haya mejorado también la inclusión. “En cuanto a otros impuestos como el IVA, no está demostrado que la inclusión financiera haya mejorado la percepción de ese impuesto o la cantidad que se recauda de él”, aseguró.
Rodríguez cree que la inclusión financiera en general lo que ha hecho es inmiscuirse en los gastos de las personas como una especie de “Gran Hermano” para saber lo que hace la persona con sus ingresos, “aunque el gobierno dijo que esa no era la intención. Esto tenía una clara finalidad de recaudación impositiva”, analizó.
Definió además que para las personas que les es beneficioso el descuento en las compras con tarjetas, la inclusión financiera es un instrumento que le sirve, pero hay otra cantidad de gente que es mayoría a nivel nacional que entiende que esos beneficios son mínimos con respecto a las complicaciones que les genera la ley. “Repito, no estoy en desacuerdo con el avance tecnológico y que se permita un mejor desarrollo de la posibilidad de poder acceder a bienes de consumo de mejor manera, pero no estoy de acuerdo con la obligatoriedad. Si la ley es buena, dejemos que las personas elijan estar incluidas o no”, puntualizó.
