La libertad de prensa, la concentración de radios y los controles del gobierno

Se ha convertido en una malsana costumbre, más propia del espectáculo que del periodismo, que algunas entrevistas políticas se conviertan en interrogatorios policiales, por momentos en exhibición patoteril, donde el rigor informativo pasa a un segundo plano y se lanzan al voleo preguntas o afirmaciones trilladas, que únicamente buscan inducir al televidente o radioescucha, exaltar al invitado, obligarlo a responder “sí” o “no” sin matices o intentar sacar una frase de contexto (para Twitter) con la excusa de que el tiempo en los medios es tirano. Desde luego, un candidato presidencial tiene que tener entre sus atributos el autocontrol, porque en la función pública habrá de tomar permanentemente decisiones bajo presión.

Ese estilo, mal llamado incisivo, que se difunde en el “ambiente” mediático suele alimentar desafortunadas suspicacias contra periodistas a los que se acusa de operar políticamente o simplemente por interés económico de sostener la pauta publicitaria, que en muchos casos se basa en publicidad oficial.

En el mes de abril se conoció la Clasificación Mundial 2019 de Libertad de Prensa que elabora la organización Reporteros Sin Fronteras y Uruguay está en el puesto 19 de 180, ubicado en la categoría de “situación satisfactoria”. El informe señala que “la despenalización de los delitos de prensa, la existencia de una legislación que regula la radiodifusión de los medios de comunicación comunitarios y garantiza el acceso a la información crea en Uruguay un ambiente propicio para el trabajo de los periodistas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en diciembre de 2014, favorece el pluralismo de los medios de comunicación y permitió la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual independiente del Poder Ejecutivo”. ¿Se condice este informe con la realidad que vemos y escuchamos día a día? Veamos algunos ejemplos.

El fantasma que se cierne sobre Uruguay
Se habla de una legislación que regula la radiodifusión, sin embargo, han existido en los últimos años algunos casos que levantaron polémica. Uno de ellos tiene que ver con la presunta implicación del empresario mexicano-guatemalteco radicado en Miami, Remigio Ángel González, alias “el fantasma”, en la adquisición de una decena de radios nacionales.
González intentó sin éxito comprar canal 12 en el año 2004 por un valor estimado de 14 millones de dólares y en 2007 la empresa “Albavisión”, de Alba Elvira Lorenzana, esposa de González, adquiere canal 9 de Argentina, el ex canal de Alejandro Romay que estaba en manos de Daniel Hadad. En setiembre del mismo año se produce un primer contacto entre González y Carlos Molinari, y el 21 de enero de 2008 la Ursec autoriza la transferencia a Molinari-De Luca del grupo del Plata. Luego, en abril se da la compra del grupo Sarandí por parte de Fernando Coelho, principal accionista de Mont Soleil S.A. y ex director de programación de canal 9 de argentina. El 4 de setiembre la Ursec autorizó además a que los estudios de Del Plata se localicen junto a los de Sarandí en la calle Enriqueta Compte y Riqué. Y el 3 de noviembre la Ursec permite la transferencia de grupo Sarandí a Coelho. En el organismo de control, dependiente de Presidencia, se había sustituido a Leon Lev por Jaime Igorra en la directiva ya en el mes de junio, durante la secretaría de Miguel Toma que había asumido en marzo del mismo año.

En marzo de 2009, año electoral, comienza una investigación administrativa en Ursec por denuncia del GMS (Grupos Medios y Sociedad), integrada entre otros por Edison Lanza, Walter Sena y Gustavo Gómez, entendiendo que las transferencias iban contra la ley por superarse el límite de radios en la misma banda y tratarse de un propietario extranjero.

Además, el 6 de marzo el legislador blanco Javier García elevo un pedido de informes al Ministerio de Industria por este tema. Pasada la elección, se sumó también la denuncia del ex esposo de una de las accionistas de Sarandí S.A., Ana Liberman, por falsificación de firmas en el negocio con Mont Soleil S.A. Antes de la asunción de Mujica en marzo de 2010, Vázquez designa a Miguel Toma como fiscal de gobierno.

Búsqueda publica entonces un artículo donde señala que Ángel González y Fernando Coelho se habrían interesado en emisoras del grupo Vargas-Lerena (entre ellas Del Sol y FM Latina). En agosto de 2010 renuncia Jaime Igorra en Ursec y asume Gabriel Lombide. Y en noviembre de ese año Ernesto Kreimerman envía un pedido al organismo para lograr la transferencia de FM Latina, una cuestión que debía ser resuelta por su hermano, Roberto, por entonces ministro de Industria (la Ursec cumple función de asesoría, pero quien toma las determinaciones es el presidente junto al ministro). En agosto de 2011 se produce la destitución de Gustavo Gómez quien estaba al frente de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) –Carolina Cosse estaba en Antel- por parte del ministro Kreimerman, y el destituido no realiza declaraciones, aunque es respaldado por varias organizaciones que elevaron una carta en su apoyo ante la decisión del ejecutivo. De este modo, el entonces secretario de presidencia, Alberto Breccia, le ofrece a Gómez ser asesor en telecomunicaciones en esa órbita y como tal realizó funciones y viajes al exterior a partir de ese momento. Tras la salida de Gómez, por medio de Dinatel comenzó a publicitarse que el dueño de Sarandí era Fernando Coelho. “En radio Sarandí pasan un aviso diciendo que Fernando Coelho es su único dueño… Permítanme esbozar una sonrisa” twitió el periodista Leonardo Haberkorn el 8 de enero de 2012.

¿Qué ocurrió con la investigación administrativa que había iniciado GMS en Ursec? En octubre de 2012 el fiscal Miguel Toma archiva el expediente sobre los grupos Sofía (Del Plata) y Sarandí y el ministro Kreimerman, contra la opinión de sus asesores jurídicos y abogados del ministerio, se respalda en ese dictamen de Toma, al igual que el ministro interino Edgardo Ortuño. GMS, a través de Lanza y Sena, deciden interponer recurso de revocación y jerárquico. No tuvo éxito.

El 31 de diciembre del mismo año, horas antes que los uruguayos descorcharan por el nuevo año, el presidente Mujica y el ministro Kreimerman resuelven desestimar los recursos por las “transferencias de diversas emisoras individualizadas como pertenecientes al Grupo Sofía y Grupo Sarandí”. La situación se hizo más confusa aun cuando el ministro Kreimerman participó de una entrevista radial en el programa “No toquen nada” de Océano FM donde dijo dos veces que no conocía al empresario mexicano Ángel González, pero a la tercera vez admitió que sí se había reunido con él previamente. Hoy en día radio Sarandí figura en la web de Albavisión en la sección “Uruguay” y Alba Lorenzana tiene pedido de captura internacional de Interpol por “financiamiento electoral ilícito” en Guatemala, apoyando al ex presidente Otto Pérez Molina –quien actualmente tiene prisión preventiva-. Desde 2009 hasta 2015 se publicaron varios artículos sobre estos temas, por ejemplo, Natalia Uval en La Diaria, Andrés Capelán de Comcosur, Daniel Figares de GMS, Mauricio Erramuspe del portal 180, y también en el semanario Búsqueda y diario El Observador.

Las peripecias de la Ley de Medios
En octubre de 2014 Edison Lanza asume como Relator Especial de Libertad de Expresión en la CIDH, unos meses antes de la salida del ex canciller Luis Almagro que en mayo de 2015 se hizo cargo de la secretaría general de la OEA. En diciembre de 2014 el gobierno uruguayo se propone reglamentar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, homónima de la norma que fue aprobada en Argentina en 2009, pero debido a que existían recursos de inconstitucionalidad pendientes se decidió dejarlo en suspenso.

Retomemos el vínculo de FM Latina y Ernesto Kreimerman. El 20 de diciembre de 2017 ya durante el segundo período de Tabaré Vázquez se le nombra como director de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y del Servicio de Comunicación Nacional Audiovisual Nacional (SECAM), lo cual generó una ola de críticas de la Coalición por una Comunicación Democrática. Se marcaba la situación de que Kreimarman era el único accionista de Vallemiel S.A., propietaria de FM Latina, entre otros vínculos.

El artículo 159 de la Ley de Medios establece entre las incompatibilidades que “los miembros del directorio del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional y los directores de Radio Nacional y de Televisión Nacional no podrán tener vínculos directos o indirectos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, comunicación o similar, durante el período de gestión”. Pocos días después, el 28 de diciembre FM Latina pasa al empresario Francisco De Posadas y el 29 se produce el decreto por el cual el MEC designa a Kreimerman al frente de TNU, cargo que asume en enero de 2018.

Francisco De Posadas, quien adquiere FM Latina, ya había adquirido en 2016 la radio Del Sol. En 2017 el programa “No toquen nada” y el portal 180 también pasan a asociarse a Del Sol. Además, el empresario ha mostrado interés este año 2019 en adquirir radio El Espectador. “En mi opinión, si compran El Espectador, debería ser una solicitud rechazada” por la Ursec, dijo Gustavo Gómez en entrevista con Radio Uruguay en enero. Indicó además que “el grupo económico De Posadas ya es propietario de la emisora Del Sol, una radio en Maldonado y otra en Colonia” y añadió que “si bien cada emisora estaría registrada a nombre de distintos titulares la nueva normativa, para evitar la concentración, establece que no pueden pertenecer a un mismo grupo económico más de tres radios”. “El esquema es el que aplica el grupo económico del mexicano Ángel González, que es dueño del grupo Sarandí y el grupo Del Plata”, subrayó. En las últimas semanas Del Sol, El Espectador y Latina FM (Magnolio Media Group) se mudaron a un mismo edificio en el Parque Rodó.

Finalmente, en el mes de junio, el gobierno decidió reglamentar la Ley de Medios, en pleno año electoral. En este contexto, además, el Poder Ejecutivo ha recibido varias críticas e incluso un recurso de amparo por parte del Partido Independiente contra la utilización de medios públicos para la realización de campaña partidaria por el Frente Amplio, en función de las repetidas apariciones de ministros que, en algunos casos, también son candidatos para el Parlamento.

El actual ambiente espeso, aparentemente contaminado, no parece ser el más adecuado para encaminar una sociedad más libre, transparente, plural y democrática. Si no, como se dice en el otro “ambiente”, el de la farándula, el show debe continuar…