La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) realizó una jornada académica en el Día Internacional contra la Corrupción, en la que presentó el libro La integridad del servidor público, de la doctora Ximena Pinto Nerón, que hace una recopilación de los principios de integridad que rigen la actuación de los funcionarios públicos.
Sobre esta obra, la presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, dijo que el libro de 48 páginas refleja qué son la corrupción y la ética, y cómo se puede ejercer el control ciudadano.
Los expositores en el encuentro fueron los doctores Carlos Delpiazzo, Juvenal Javier, Jorge Rodríguez Pereira y Ximena Pinto Nerón. Más allá de los temas puntuales que analizaron sobre normas jurídicas, todos ellos señalaron la necesidad del control de la ciudadanía para evitar casos de corrupción.
Gabriela di Longo destacó que, a nivel internacional, la Jutep representa a Uruguay en la prevención y el combate de la corrupción y “cuenta con solo 14 funcionarios”, para cumplir esta tarea, recibir las declaraciones juradas de funcionarios públicos y las denuncias que efectúan los ciudadanos.
En diálogo con La Mañana, la jerarca hizo referencia a esta realidad de pocos funcionarios para una tarea tan importante. Sostuvo al respecto: “Estuve muy contenta escuchando las exposiciones de todos los candidatos a presidente. Todos hicieron referencia a la Jutep, a la Senaclaft [Secretaría de Lucha Contra el Lavado de Activos] y al Tribunal de Cuentas, pero estos organismos de control son los que tienen menos personal, recursos y capacitación. Creo que la ciudadanía tiene que exigirles a los políticos que cumplan su promesa de fortalecer los organismos que tienen que controlar la corrupción. Uruguay todavía está a tiempo de fortalecer esos organismos. Cuando la corrupción ya está instalada, se hace normal para el ciudadano común y es muy difícil dar marcha atrás”.
Mayor control social
La Jutep, antes del 2020, solo publicaba las declaraciones juradas del presidente y vicepresidente, pero desde el cambio de la normativa se publican las declaraciones de más de 800 funcionarios públicos, entre los cuales se encuentran ministros y legisladores. Para Di Longo esto lleva a que exista un mayor control social, ya que las personas pueden ver lo que declaran cada dos años los funcionarios. Además, desde 2020 existe el portal de denuncias. Antes se debían realizar personalmente o por correo electrónico. Ahora mediante la web se puede efectuar la denuncia sobre un hecho de corrupción o contrario a la ética, incluso de manera anónima.
Di Longo dijo que su objetivo cuando ingresó hace dos años como presidenta del organismo fue “ordenar la casa”. “El directorio que venga se va a encontrar a la Jutep funcionando. No va a estar parada esperando. Ya está todo en marcha para que los nuevos directores cambien los criterios que consideren”, señaló nuestra entrevistada. Entre estos cambios efectuados se creó un grupo interinstitucional con representantes del Banco Central, DGI, BPS y Senaclaft para analizar las consultadas efectuadas a nivel internacional, las cuales después se canalizan por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La cantidad de funcionarios también se reforzó en este período. Ingresaron tres abogados (antes había uno solo), y se obtuvieron en la Rendición de Cuentas los fondos para que el directorio que ingrese pueda efectuar la reestructura de la institución. Los funcionarios actuales pertenecen al Ministerio de Educación y Cultura. La idea consiste en que el actual directorio junto al doctor Carlos Delpiazzo elaboren un proyecto de estatuto del funcionario público, el cual la Jutep no tiene desde el año 2015. A esto se suma un proyecto de ley de corrupción privada.
Carpetas investigativas
Todas las denuncias que ingresan a la Jutep pasan a estudio. Para ello se forma una carpeta investigativa, aunque al haber un solo abogado en el pasado los trámites eran muy lentos. La suma de tres nuevos profesionales del derecho ha agilizado de alguna manera el procesamiento de estas denuncias. En la actualidad se están procesando expedientes de 2022 y terminando con los de 2021.
Cuando se le pregunta a la presidenta de la Jutep a qué se debe que los organismos de contralor tengan poco personal, sostiene: “Es algo que debe que preguntarse constantemente al espectro político y por eso recalco que es la ciudadanía la que tiene que exigirles a los políticos que no planteen eso de fortalecer a los organismos de control solo cuando están en campaña política, ya que después cuando son quienes tienen que hacerlo se olvidan o no sé qué pasa”.
Durante su discurso en la apertura del encuentro por el Día Internacional contra la Corrupción. Di Longo dijo que corresponde a los ciudadanos y a la prensa “no sufrir de amnesia” y cada tanto plantearles a los gobernantes qué sucede con los recursos para la Jutep, la Senaclaft o el Tribunal de Cuentas. Afirmó que para prevenir la corrupción “se debe exigir” que los organismos en Uruguay que deben controlar tengan recursos humanos y capacitación.
En el caso de la Jutep, tiene 14 funcionarios, de los cuales seis son para tareas administrativas o de otra naturaleza, por lo cual son únicamente nueve los que tienen dedicación completa a procesar las declaraciones juradas y las denuncias. Hay una sola funcionaria que tiene la tarea de publicar en la web las declaraciones, y esto lleva un proceso. Se debe abrir el sobre que contiene la declaración, se labra un acta, se tachan datos que no pueden publicarse por ser privados y después se sube a la web. Esto lleva a que, para cada organismo estatal, tome un mes procesar las declaraciones y subirlas a la web. Cuando se termina con todos, ya están las declaraciones juradas nuevas (se deben hacer cada dos años) y se comienza de nuevo con el proceso. Esto implica que exista un considerable atraso en las publicaciones.
Omisos e incumplidores
En el caso de los omisos (o sea que no presentaron la declaración jurada y están obligados a hacerlo) son decenas. Una explicación es que muchos de estos se retiran de los cargos y no efectúan la presentación. Cada organismo público tiene un nexo con la Jutep que es quien informa sobre las altas y bajas de funcionarios. Quienes, por ejemplo, se jubilan o renuncian deben presentar la declaración al retirarse, pero muchas veces no lo hacen ya que no lo saben. El listado de quienes deben presentar la declaración es extenso y va desde el presidente de la República, hasta los ediles, pasando por gerentes de empresas estatales, hasta la totalidad de los funcionarios de Aduanas o Casinos. Comprende también a altos cargos militares o policiales, el rector y decanos de las facultades de la Universidad de la República, jueces y fiscales, entre otros. En el caso de los omisos, la sanción por la no presentación de la declaración jurada es la retención del 50% del salario.
También están los incumplidores, que abarcan a los candidatos a presidente y vicepresidente de la República y los candidatos a intendente. En este caso, si no presenta dicha declaración, antes del acto electoral, deben ser sancionados con una multa, pero como la ley aún no está reglamentada, dicha multa no se puede aplicar.
Respecto a este grupo en concreto, Gabriela di Longo señala: “La idea no es sancionar, es investigar”. Es por esto por lo que la Jutep solicitó a cada partido político un referente, teniendo en cuenta la llegada de las elecciones municipales. Cada candidato a intendente (sea o no electo) debe presentar la declaración jurada, pero muchos de ellos no saben que deben hacerlo. Un ejemplo es el caso de Laura Raffo, quien fuera candidata a intendente de Montevideo en 2020. No había presentado su declaración jurada y figura en la lista de incumplidores, aunque posteriormente presentó dicha declaración. Hay que aclarar que son cientos los candidatos a intendentes de todo el país los que tampoco cumplieron con presentar de su declaración jurada antes de las elecciones municipales. Es por esta razón que se espera desde la Jutep que en 2025 no suceda lo mismo por la coordinación que se viene efectuando con los partidos políticos.
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