En entrevista con La Mañana el legislador cabildante Sebastián Cal resaltó que su partido es favorable a concretar una nueva ley de medios que establezca límites a la concentración y garantice derechos para periodistas y usuarios. Además, explicó los principales aspectos de sus propuestas sobre ciberdelitos y de reforma del Código Aeronáutico.
Sigue en estudio una nueva ley de medios. ¿A qué apunta?
La ley vigente se votó en 2014 y se reglamentó en 2019, pero no sentimos grandes cambios en lo que tiene que ver con los medios desde esa fecha hasta acá. Tampoco se ha aplicado en su totalidad, porque al ser una ley híper reglamentaria, no se ajusta a la realidad. De hecho, la ley de medios vigente es imposible aplicarla a rajatabla.
Cabildo Abierto nunca se ha mostrado afín a la ley de medios vigente pero no acompañamos la derogación total cuando se planteó en la Rendición de Cuentas por distintos motivos. Tiene algunos aspectos que sí nos gustan, por ejemplo, la objeción de conciencia de los periodistas, donde frente a algún contenido que él realizó y se quiera modificar por algún motivo, el periodista tiene derecho a negarse sin que se vulnere su fuente de trabajo.
El proyecto de la nueva ley de medios lo venimos tratando hace dos años. Tiene 200 artículos y debemos estar atentos a que contemple todos los puntos que tiene que ver con derechos adquiridos, en especial las comunidades con algún tipo de discapacidad. La pregunta entonces es por qué no avanzamos en una nueva ley. Y la respuesta es que dentro de la coalición de gobierno no nos hemos puesto de acuerdo en algunos temas que tienen que ver con la cantidad de licencias que puede tener un único dueño.
Cuando se trate la Rendición de Cuentas en el Senado, el gobierno ya anunció que insistiría con su derogación. ¿Cómo observa esta posición?
Me parece un desacierto, ya que genera fricciones dentro de la coalición. Cabildo Abierto y el Partido Colorado no votaron la derogación en Diputados. Me parece una mala señal que se vuelva a insistir con ese tema. Nuestra idea sigue siendo la de tener una ley sustitutiva, donde no se vulnere ningún derecho adquirido.
¿Para cuándo podría estar esa ley sustitutiva?
Creo que falta muy poco. Han existido omisiones por parte de algunas autoridades, que no han facilitado del todo el tratamiento del proyecto que está en estudio en Diputados. Habíamos llegado a un acuerdo en algunos puntos, que fueron superados por la realidad. Esto tiene que ver con el cambio de la titularidad de algunos medios. Se me aclaró desde la Ursec (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) que ellos no han entregado ninguna licencia a ningún grupo económico, en especial, cuando se ha informado de compras de medios. Por lo tanto, si no hay una acción por quien la debe tomar, existe una omisión en hacer cumplir la ley vigente, a la vez de desconocer algunos acuerdos dentro de la coalición, donde se establecía un límite en la cantidad de titularidades.
Además de esto, hay algunos puntos en los que tampoco hay acuerdo dentro de la coalición. Hay propuestas de Cabildo Abierto vinculadas a temas de libertad de expresión, en las que no existe un consenso. O sea, estamos cerca de aprobar una nueva ley, pero creo que se debe dar una discusión sobre este tema entre los principales líderes de la coalición.
¿Cómo evalúa la modificación del artículo 56 de la ley de medios durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas en Diputados?
Para nosotros fue importante sacar de todo este tema a algunos actores que estaban siendo rehenes de esta situación. Y eso fue la modificación del artículo 56, en que ahora se les permite a los cableoperadores del interior vender servicios de Internet. Este sector emplea a 2.000 personas, con todo lo que esto implica. No es un gran negocio, pero sí un salvavidas a un sector que está muy venido a menos. Además, en el mundo no es algo nuevo. Uruguay es uno de los pocos países que le prohíben a sus cableoperadores vender Internet.
Precisamente con respecto a este punto, la oposición señala que esta decisión podría llevar a grandes grupos económicos a comprar este tipo de empresa, formando un oligopolio. ¿Qué comentario le merece?
En el proyecto que estamos estudiando se limitan las cantidades de licencias por grupo económico o personas. Por eso es importante que se establezca una nueva ley de medios cuanto antes, para evitar que sucedan ese tipo de cosas.
Usted está impulsando un proyecto sobre los ciberdelitos. ¿En qué se encuentra el mismo?
Esta iniciativa la presentamos hace un año y está en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología. Comenzó siendo un proyecto meramente de tipificación penal, al que le agregamos una campaña nacional de educación, orientando a la gente a las buenas prácticas de manejo, al momento de estar con una computadora o un teléfono celular. Existen muchos “tips” que la gente no los sabe. Tenemos hasta 200 vulneraciones por semana en cuentas bancarias, lo que parece una cifra disparatada para lo que es Uruguay. Y la gran mayoría de esas vulnerabilidades surge porque el propio usuario termina brindando datos de acceso a su cuenta, generalmente mediante un engaño.
Por lo que se ha señalado, ¿con esta ley se penalizarán nuevos delitos?
Estamos creando nueve ciberdelitos que no están contemplados en nuestro Código Penal. Y también, y muy importante, se genera un registro nacional de este tipo de delincuentes que estará a cargo del Ministerio del Interior. Ese registro será valioso para las instituciones de intermediación financiera. Hay otro capítulo donde se genera para estas el poder de bloquear transacciones no consentidas, avisando, pero sin previa autorización del Banco Central. Cuando existe una denuncia de un delito, por ejemplo, en el que se transfieren fondos de una cuenta de un banco hacia otras cuentas del mismo banco o de otro banco, hoy día se informa al BCU que debe autorizar el bloqueo de la cuenta que recibió los fondos. Pero eso demora hasta dos semanas, en las cuales se puede, por ejemplo, enviar el dinero al exterior. Estos tiempos no se adaptan a la realidad actual.
¿Cómo ha trabajado la Comisión en este proyecto?
Hemos recibido la visita del Consejo Europeo en temas de ciberseguridad y nos realizaron algunas pequeñas sugerencias. Uno de los objetivos es que Uruguay pueda ir al convenio internacional de cooperación de Budapest, donde se fijan reglas a nivel global para combatir el ciberdelito. La mayoría de estos delitos son transnacionales, lo que complica el tema, porque mayormente se originan en el extranjero. Adherir a este convenio nos termina blindando como país.
¿Por qué un proyecto de estas características no sale más rápido?
Yo soy crítico de la lentitud que puede darse en el Parlamento. Vengo de la actividad privada y a veces me cuesta entender los mecanismos ante temas tan necesarios como este. Pero en un sistema bicameral el desgaste siempre ocurre en una de las cámaras. Han pasado muchas delegaciones por la Comisión, como ser los ministerios de Defensa, Interior, Educación y Cultura, el Plan Ceibal, Inefop, Agesic, Asociación de bancos Privados, el BCU. O sea, cada uno dando su visión sobre el tema y realizando aportes. De esta manera, cuando la ley pasa al Senado lo hace con un consenso, muy estudiada y se puede aprobar más rápidamente.
También usted está trabajando en una modificación del Código Aeronáutico. ¿por qué entiende que son necesarios esos cambios?
En el Parlamento es como un tema tabú, ya que existe un desconocimiento sobre el mismo. Se habla de la deficiencia en materia de conectividad área, pero quizás no se van a las causas. Yo estimo que se puso la carreta adelante de los bueyes con la creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales (SANI). El Código Aeronáutico se debería haber modificado antes que cualquier otra cosa.
¿Y cuál es el principal cambio que se plantea?
El tener cielos abiertos, o sea que se permita la llegada de aerolíneas de cualquier parte del mundo. Hoy día el Código protege a Pluna, que no existe y a las aerolíneas se les cobra una tasa de reciprocidad que es para Pluna, aunque parezca algo increíble. Es como si fuéramos una gran potencia y las aerolíneas que llegan tienen que pagar un impuesto para proteger a nuestras aerolíneas, pero estas no existen desde hace 10 años. Eso es un verdadero disparate.
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