La Mañana conversó con Aldo Velázquez, vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), quien respondió sobre temas vinculados a infancia y adolescencia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, con motivo de la presentación oral del VI Informe Nacional de Uruguay.
El pasado 30 de junio y 1º de julio, una delegación uruguaya, presidida por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, compareció ante el Comité de Derechos Humanos, un órgano conformado por 18 expertos internacionales, establecido por el artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Uruguay es uno de los 167 países que suscribe dicho Pacto y por ello debe someterse a revisiones periódicas sobre el estado de los derechos humanos en el país.
El vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, repasó algunas de las interrogaciones que recibieron y las respuestas que brindaron en relación a las medidas que se han tomado para asegurar los derechos de los niños y adolescentes en Uruguay.
Velázquez brindó información respecto al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), con el apoyo a distancia de la presidenta de dicho instituto, Rossana de Oliveira. En ese sentido el comité preguntó si existe superpoblación en los centros, si se constatan maltratos y qué medidas se han tomado en casos de abusos de adolescentes por parte de funcionarios. Al respecto, Velázquez señaló a La Mañana: “Salimos muy bien porque INISA está mucho mejor de lo que estaba hace dos o tres años. Tiene menos chicos, hay mucho más medidas no privativas de la libertad que antes y también hay menos medidas cautelares, ya que a partir de la LUC se permite el proceso abreviado con menores”.
Respecto al INAU, indicó que tomaron medidas para cumplir con las recomendaciones realizadas anteriormente por el comité, y que en todos los casos al menos se mejoraron las condiciones. Por ejemplo, en relación al maltrato, se creó un área específica destinada a la violencia institucional hacia los niños. Se dispuso que se deben destituir a los funcionarios que, tras ser sumariados y evaluados psicológicamente, prueban no estar aptos para trabajar con menores.
Otra de las preguntas se enfocó en la internación de los niños y adolescentes en clínicas psiquiátricas, ya que, desde hace varios años, los distintos tipos de centros se encuentran saturados por la cantidad de personas que reciben, pero según señaló, tomaron algunas medidas para “descomprimir un poco el sistema”.
“Que los chicos permanezcan internados luego de que se les da de alta es una violación a sus derechos, además de que los perjudica psicológicamente”, dijo el jerarca. Según Velázquez, las clínicas de agudos son como una cárcel, “tienen rejas en las puertas y los medican fuertemente. Una vez que terminan el tratamiento, deberían salir enseguida, pero pasa que siguen semanas internados en ese régimen cuando ya están estabilizados como para ir a otro lugar”.
“Acordamos unas decenas de cupos, 50 más o menos, en clínicas de medio camino (de transición entre las clínicas de agudos y los hogares o familias). A su vez, aprobamos un proyecto que ya está funcionando hace un año y medio, que son los acompañantes terapéuticos: personas que van a las clínicas y a los hogares a trabajar con los chicos que tienen temas de salud mental. Esos acompañantes han logrado que salgan antes de las clínicas y que, con el trabajo en los hogares, no reingresen”.
Velázquez precisó además que, por la ley de Salud Mental, estos niños y adolescentes deberían ser atendidos por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
“El año pasado, para el presupuesto de 2021, le pasamos $ 100 millones a ASSE, del presupuesto del INAU, para que se hicieran cargo de las clínicas, pero por la pandemia no pudieron. Gastaron los $ 100 millones y no pagaron a las clínicas. Tuvimos que pedir un refuerzo presupuestario para solventarlas. Por ahora esto sigue en la órbita del INAU, pero tiene que pasar a ASSE porque es un tema de salud”, indicó Velázquez.
Apoyo a las familias
Por otro lado, se les consultó sobre lo que se está haciendo para erradicar la pobreza, Velázquez respondió que desde el INAU se aprobaron las “transferencias a familias de origen”, que es la posibilidad de dar un apoyo económico a las familias, del entorno de los $ 13 000, en los casos donde el motivo de internación de un niño en el INAU es solamente por problemas de dinero. Antes estas transferencias se realizaban únicamente a “familias amigas”.
“Se le puede dar ese apoyo a la familia de origen por un tiempo, de forma que ese niño no ingrese al INAU, ya que es mejor para él continuar en su entorno familiar. Por otra parte, desde el punto de vista económico, un niño internado en el INAU cuesta $ 46 000 por mes, entonces por los dos lados ganamos si este instrumento se usa bien”, explicó el vicepresidente y agregó que este plan se aprobó recientemente y se otorgará con cautela “para ver si da resultados y no resulta una canilla para hacer más asistencialismo”.
“Una de las cosas que hemos logrado es que en el INAU no haya más bebés”, señaló el jerarca en otro orden. “No hay niños menores a un año. De 0 a 12 meses, cuando entran al INAU pasan directamente a adopción, si se dan las condiciones. En el caso de que haya algún referente, van a una ‘familia amiga’”. Adelantó que tienen como meta no tener niños menores de 3 años en hogares.
En referencia a las adopciones, Velázquez dijo que mejoraron los tiempos legales y que lograron tener más niños adoptados en los últimos años. “Gracias al artículo de la LUC que permite que el Poder Judicial tramite las adopciones por excepción, es decir, prescindiendo del registro de adoptantes del INAU, un proceso que llevaba cuatro o cinco años, se puede resolver en 18 meses”.
El comité también preguntó por qué no se aumenta a 18 años la edad mínima para el casamiento –en vez de 16 años, como es actualmente–, de acuerdo a la recomendación internacional. Velazquez señaló al respecto que hay un proyecto presentado por la sociedad civil para aumentar la edad mínima de matrimonio, que se encuentra en estudio por la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Senadores. “Simplemente respondimos que existe ese proyecto”, dijo.
No hay niños en situación de calle
En el interrogatorio se generó un intercambio de opiniones a partir de que una de las integrantes del comité consultó acerca de los niños en situación de calle. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) respondió que no había y, según ratificó el entrevistado, de hecho, no hay. Sin embargo, la miembro interpelante citó una nota del diario El País titulada: “En 2021 se duplicó la cantidad de niños en situación de calle”. En la bajada de esta noticia se expresa que según “datos oficiales”, al menos “1.168 menores pasaron alguna noche en los refugios del Mides”.
Velázquez explicó que esos niños nunca estuvieron en la calle, sino que “ingresaron en un albergue por algún motivo, como puede ser una situación de violencia doméstica, o por un caso de incendio, pero que ninguno fue retirado durante la noche de la calle”. El jerarca lamentó que esta respuesta causara confusión. “La integrante del comité dijo que nuestras declaraciones eran inconsistentes con una publicación oficial. Pero la publicación no es oficial, es El País que cita fuentes del Mides, pero ni siquiera citan a alguien en concreto”, señaló.
Por otra parte, sobre las dificultades que tiene el organismo, el vicepresidente del INAU comentó: “Hay muchos problemas de gestión internos: se mide poco y se controla poco. En ese sentido estamos desarrollando distintas acciones, como realizar capacitaciones en gestión e impulsar consultorías. También trajimos personas en comisión para colaborar, pero todo esto implica un cambio cultural”.
Además, adelantó que realizaron un convenio con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) y también con el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) “para brindar cursos principalmente a mandos medios y altos que son quienes necesitan esa capacidad de ver desde arriba de los procesos, organizar el trabajo, definir indicadores para medir y después tomar acciones para mejorar.”
Las recomendaciones a la delegación
La delegación uruguaya estuvo integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, INAU y Poder Judicial. También participó el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, como organismo independiente en materia de prevención de la tortura.
Las preguntas que realiza el Comité a cada delegación son formuladas en base a informes (llamados “informes sombra”), enviados por organizaciones de la sociedad civil de los Estados parte, sobre las acciones y faltas según consideran. Sobre Uruguay hubo nueve informes sombra de ONGs como Serpaj, El Paso y de la Institución Nacional de DDHH.
El informe de recomendaciones que presenta el Comité de DDHH a partir del interrogatorio, es de carácter público y será dado a conocer en algunos días. Estas recomendaciones no son forzosas, el país puede descartar alguna recomendación o decidir en qué se va a enfocar.
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