El Poder Ejecutivo ha remitido el 24 de abril al Parlamento un proyecto de ley para regular el régimen de los servicios de difusión de contenido audiovisual. De aprobarse, derogaría prácticamente en forma íntegra la vigente ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA, nro. 19.307) o también llamada «ley de medios».
Lo que el viento se llevó
La LSCA fue aprobada en 2014 durante la administración frenteamplista pero reglamentada recién en 2019, en medio de la campaña electoral, a través del decreto nro. 160/019. El impulso original que le dio la izquierda a la ley, basado en una ambiciosa propuesta incorporada a su programa de gobierno, ciertamente no correspondió con la desidia con la cual trató su reglamentación e implementación, ni siquiera con el resultado final del texto normativo.
En un principio la demora en la reglamentación se justificó por parte de las autoridades en que existían recursos de inconstitucionalidad que debían ser resueltos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia falló en 2016 y debieron pasar casi tres años más para que se conociera la reglamentación.
Ese desencanto, entre las expectativas iniciales y la realidad, quedó plasmado en el documento «Una Ley de Medios a medias» donde varios impulsores de la regulación manifestaron sus reparos a la ley que finalmente se aprobó. Cabría preguntarse por qué el Frente Amplio, apoyado una y otra vez en su mayoría parlamentaria, no aprovechó la oportunidad para combatir definitivamente el oligopolio mediático que siempre acusó.
Incluso antes de la ley de medios, los gobiernos de izquierda, a través del entonces fiscal de gobierno Miguel Toma, archivaron las denuncias de concentración mediática que promovió el Grupo Medios y Sociedad y todos los recursos administrativos fueron desestimados por el ministerio de Industria.
Así fue como en el espacio de los últimos años la izquierda frenteamplista perdió totalmente la legitimidad para levantar la bandera de la democratización de los medios de comunicación, que en forma hipócrita e histérica vuelve a enarbolar frente a la inminente discusión por la nueva ley de medios, aunque ahora desde la oposición y sin mayoría parlamentaria.
La mesa servida
Cuando se aprobó la LSCA, el diputado del Partido Independiente Iván Posada declaró que la ley era «el peor atentado a la libertad de expresión desde la dictadura» y que con la normativa «la presión (a los medios) se institucionaliza». Más cerca en el tiempo, desde Un Solo Uruguay se planteó derogar normas, leyes y reglamentaciones «que atentan contra la libertad» y se puso como ejemplo precisamente la derogación de esa ley de medios. Por otra parte, Andebu (que nuclea a empresas de radio y televisión) enfrentó directamente a la ley y presentó recursos de inconstitucionalidad contra decenas de artículos.
Tras el resultado de las elecciones de 2019 y el triunfo de la coalición multicolor, el Partido Nacional presentó públicamente el borrador del anteproyecto de ley de urgente consideración donde se incluía en el último artículo la «adecuación de regularidad constitucional de la ley de medios». Aquel estipulaba la derogación de las disposiciones que habían sido declaradas inconstitucionales.
Sin embargo, según informó El Observador, «los cuestionamientos de algunos colectivos como los operadores de televisión por cable, la Andebu o del sindicato de Antel a los artículos del anteproyecto que pretendían modificar la ley de medios, llevaron al gobierno a tomar la decisión de que esa legislación debe ser modificada a través de un proyecto aparte». De este modo se sacó de la LUC y se presentó como proyecto de ley aparte con un contenido absolutamente distinto y mucho más abarcativo.
Nos sobran los motivos
En la parte introductoria del proyecto de la nueva ley de medios se manifiesta la necesidad de «modernizar» el orden jurídico para «responder adecuadamente al nuevo contexto». También se refiere a garantizar los derechos humanos fundamentales y, entre otras cosas, «fomentar la innovación, el desarrollo y la competitividad». Además, se señala que el marco legal existente es «muy restrictivo» porque «establece límites y requisitos» que «comprometen la viabilidad» de los medios de comunicación.
Este último planteo sobre la viabilidad es especialmente interesante y merecería un análisis en profundidad, que contemple la realidad de los medios nacionales, departamentales y locales. No han faltado voces críticas que apuntan contra el proyecto sosteniendo que favorecería la concentración mediática al legalizar a determinados grupos económicos que hoy están infringiendo la normativa vigente.
Seguidamente el otro argumento invocado tiene que ver con el aspecto institucional, ya que se dice que existe un «sistema complejo y de muy difícil implementación» que está «generando múltiples inseguridades jurídicas». Asimismo, se indica respecto a la ley vigente sobre las «graves deficiencias constitucionales de que adolecía» lo que «se pudo constatar en varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia».
Sobre el punto de las inconstitucionalidades, la periodista Natalia Uval sostuvo en una reciente publicación que «los artículos declarados inconstitucionales son marginales respecto del núcleo central de disposiciones de la norma». En una tabla explicativa, la periodista marcó solo seis artículos que fueron declarados inconstitucionales de los casi 200 de la LSCA y que tenían que ver con publicidad electoral gratuita, preferencia de los servicios públicos en la asignación de canales, habilitación de inspecciones de medios, emisión de eventos de interés general y porcentaje mínimo de producción independiente.
En la próxima columna analizaremos el articulado del proyecto de la nueva ley de medios y los principales cambios que plantea para el mercado, las instituciones y los derechos de la ciudadanía.
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