Hace pocos días se difundió el informe mundial 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que arroja que Uruguay ocupa el primer lugar en el continente en consumo de cannabis, éxtasis y opioides, y el segundo lugar en cuanto al consumo de cocaína y opiáceos.
El informe no hace más que confirmar el resultado negativo de las políticas de drogas que viene aplicando nuestro país, principalmente a partir de la puesta en ejecución de la Ley 19.172 en el año 2014. Recordemos que esta ley fue impulsada por el gobierno de José Mujica con el objetivo de quitarle el mercado a los narcotraficantes. “Si la vendemos en farmacias, los narcos no tendrán razón de ser” era el razonamiento esgrimido. Pero ¿qué ocurrió en cambio? Se naturalizó el consumo, que pasó a ser una opción más del consumidor a la hora de ejercer su libertad de hacer lo que se le antoje y se disparó el consumo en forma exponencial. Aunque se lo pretenda negar hablando de la inexistencia de datos fidedignos previos a la legalización, a nadie escapa que hoy los jóvenes fuman cada vez más en lugares privados y públicos, a cualquier hora del día. De acuerdo con la última medición 1 de cada 5 uruguayos consumió droga en el último año. Basta caminar por nuestras plazas o proximidades de centros de enseñanza, o escuchar testimonios de vecinos, no solo en las grandes ciudades sino también en localidades de segundo orden de nuestro interior.
Y ¿qué pasó con el mercado ilegal? ¿se afectó el negocio de los narcos como se pretendía con la Ley 19.172? Aunque los narcos no publican su balance anual, de los números que sí son oficiales solo se constata un aumento continuo en cuanto a los delitos relacionados con el narcotráfico. Homicidios, sicariato, contrabando, tráfico, secuestros, rapiñas, hurtos, etcétera, relacionados con el narcotráfico, crecen sin pausa en una sociedad cada vez más acosada por el avance de la droga. Un alto porcentaje de los privados de libertad en nuestro país lo están por delitos relacionados con el narcotráfico, y se estima que cerca del 90% de los presos tienen alguna adicción a las drogas.
Se habla de una guerra perdida dadas las tremendas fuerzas del narcotráfico dentro y fuera de fronteras. ¿Y si probamos por el lado del consumo? Aunque se argumente que otros países han fracasado en alejar a sus jóvenes de la droga, ¿no será que Uruguay es diferente? Tenemos una población que además de escasa es homogénea y, todavía, educada, por lo que puede asimilar campañas que los alejen del consumo mejor que otras sociedades. ¿No fue acaso exitosa la campaña contra el tabaco? Al menos deberíamos intentarlo… Hemos recibido a decenas de padres y madres angustiados por el hijo caído en la droga, que con impotencia reclaman ayuda que no encuentran en un Estado que no da respuestas acordes a la magnitud del problema. Buscan a políticos que no rehúyan su responsabilidad y ruegan porque se termine esta pesadilla que cada vez más familias sufren.
¿Y cuál es la reacción de las autoridades ante estos angustiosos reclamos? Pues el aumento del THC en el cannabis que se vende en farmacias para competir mejor con los narcotraficantes. No creo que alguien piense que el narco abandonará su actividad ante la competencia del Estado. Lo más probable es que a su vez haga que su droga pegue más fuerte, que sea más adictiva. ¿Y así hasta cuándo?
Mientras tanto asistimos azorados a las largas colas que se forman en las farmacias expendedoras cada vez que llega nueva mercadería. Algunos las ven con satisfacción ya que, piensan, de otra forma esta gente sería cliente del narco. ¡No! No es esa la disyuntiva que hay que asumir. Esa gente que hace cola durante horas para llegar a su parte de marihuana no deberían buscarla ni ahí ni en ningún lugar. Deberían saber bien el daño irreparable que le ocasiona el consumo, particularmente si el consumidor es joven. La destrucción irreversible de sus neuronas y los límites que el consumo le pone a su capacidad de estudio, la pérdida de motivación, los daños físicos, infertilidad, etcétera. Además, aunque muchos no quieran verlo, el riesgo de continuar con otras sustancias aún más destructivas. Y así entrar en una espiral que muy frecuentemente termina destruyendo a su familia y allegados, y suele acabar con su vida.
El artículo 10 de la Ley 19.172 establece la inclusión de esta temática en nuestro sistema de enseñanza para prevenir sobre el daño que ocasiona el consumo de drogas, incluido el cannabis. Y el artículo 12 obliga a la Junta Nacional de Drogas a realizar campañas educativas, publicitarias y de difusión y concientización para la población en general respecto de los riesgos, efectos y potenciales daños del consumo de drogas. ¿Porqué ni uno ni otro artículo se cumple? Es algo que nos venimos preguntando desde hace mucho tiempo y nos llevó, en la administración anterior, a expresar públicamente nuestras diferencias.
Entendemos que cuando tanto se nos habla de la pública felicidad, la intención es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas dándoles herramientas para enfrentar a un mundo cada vez más exigente, y no anestesiar a nuestro pueblo inundándolo de sustancias que le quitan toda capacidad de reacción y de superación en la vida. Al menos eso queremos creer…
