El gobierno presentó este miércoles una batería de reformas microeconómicas que apuntan a facilitar el comercio exterior, reducir cargas burocráticas y aumentar la eficiencia del sistema regulatorio. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sostuvo que las medidas apuntan a “atacar los problemas de competitividad”. Tres de estas medidas necesitarán aprobación parlamentaria por lo que irán incluidas en el proyecto de ley de presupuesto que se presentará próximamente.
La iniciativa —producto de un trabajo iniciado al comienzo del actual período de gobierno— fue elaborada a partir de un proceso de diálogo con el sector privado, centros de estudio, consultoras y actores políticos. Según las estimaciones oficiales, los cambios propuestos permitirán reducir costos en operaciones de comercio exterior por aproximadamente 20 millones de dólares anuales.
Durante la presentación, la directora nacional de Zonas Francas, Isabella Antonaccio, el director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y el asesor Álvaro Lalanne, explicaron que las medidas impactan sobre más del 75% de los aproximadamente 800.000 documentos que se generan cada año en operaciones de comercio exterior. Se prevé eliminar un 25% de esos documentos, digitalizar un 29%, sustituir por declaraciones juradas un 7% y mejorar el proceso en un 15%.
El plan se estructura en torno a siete principios básicos: revisar gravámenes, sustituir certificados por declaraciones, eliminar licencias administrativas, digitalizar, optimizar instrumentos, mejorar los registros de productos regulados y sustituir intervenciones preceptivas por optativas. En conjunto, buscan lograr dos objetivos centrales: ahorro y agilidad.
Entre las reformas tributarias más destacadas se encuentra la reducción de la tasa del LATU a las exportaciones no tradicionales, que implicará un ahorro estimado de 3,5 millones de dólares para los exportadores. A su vez, se propone eliminar la tasa ANSE a las importaciones, que desde hace años no beneficia a nadie, con un impacto positivo de 8 millones de dólares anuales. También se suprimirá el anticipo especial de IRAE y el anticipo de IVA para materias primas industriales.
En cuanto a los trámites innecesarios, se eliminarán los certificados negativos, que involucran más de 30.000 operaciones al año y cuyo reemplazo por declaraciones juradas ahorrará recursos tanto a operadores como a organismos de control. Además, se promoverá la autocertificación de origen, una práctica ya vigente en países como Brasil y requerida en el acuerdo con la Unión Europea, lo cual simplificará el proceso exportador.
Asimismo, se ajustará el proceso de solicitud de certificados de productos no competitivos con la industria nacional para proyectos de inversión, evitando la actual duplicación de trámites exigida por la COMAP.
Otra línea de acción central es la digitalización de documentos asociados a las operaciones de comercio exterior (VUCE) y de los certificados fitosanitarios a la exportación y la importación de vegetales emitidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), lo que permitirá su intercambio electrónico con otros países y eliminará su emisión en papel. Este cambio afectará a más de 65.000 operaciones anuales y permitirá un ahorro de 1,7 millones de dólares. También se avanza hacia la eliminación del Manifiesto de Carga impreso en operaciones terrestres, impulsando la declaración electrónica regional en el Mercosur.
Por otra parte, se eliminarán licencias administrativas en importaciones desde Argentina —instrumentos que según el MEF constituyen un costo injustificado—, lo que significa la supresión de cerca de 200.000 certificados por año.
Además, se promoverá la optimización de instrumentos como la Admisión Temporaria a través de la reducción de tiempos asociados a las prórrogas, para que solo requiera intervención del MIEM para la habilitación. En tanto que el Drawback, herramienta que le permite a las Pymes obtener una devolución por las tasas/tributos aduaneros pagados por la importación de insumos, en caso de que logren concretar una exportación, será ajustado para que sea viable para Pymes exportadoras.
También se proyectan mejoras en los procesos de registro de productos regulados por razones sanitarias. Junto con el MSP y el MGAP, el MEF trabaja para digitalizar estos procedimientos, extender la vigencia de registros, reconocer certificaciones internacionales y permitir habilitaciones automáticas para productos de bajo riesgo.
Finalmente, se propondrá la modificación del Código Aduanero para permitir que exportaciones menores a 15.000 dólares e importaciones o tránsitos menores a 10.000 puedan realizarse sin la intervención obligatoria de un despachante aduanero. Las autoridades entienden que esta medida, que abarca alrededor del 30% de las operaciones actuales, dará mayor flexibilidad a las empresas sin comprometer el control.
Una de las primeras reacciones llegó de la Unión de Exportadores del Uruguay. En su cuenta de la red social X la gremial publicó el siguiente mensaje: “Nuestra agenda de prioridades se ha reflejado en las medidas anunciadas hoy por el ministro Gabriel Oddone y equipo. Renovamos el compromiso de trabajar en la línea de facilitación y mejora del ambiente de negocios para potenciar nuestras exportaciones”.
Vale recordar que recientemente el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) entregó al Ministerio de Economía una base de datos con más de 300 planteos sobre trabas normativas que dificultan la actividad económica o complican la relación entre ciudadanos y el Estado.
La iniciativa, parte del proyecto Uruguay Más Simple, busca identificar y reducir regulaciones innecesarias. Las respuestas se recabaron mediante una plataforma web abierta entre abril y junio de 2025, y se entregaron de forma anónima. Los sectores más afectados fueron el comercio (17%), ganadería (11%), servicios financieros y médicos (10% cada uno) y la administración pública (8%). Los organismos más mencionados fueron el MEF (21%), las intendencias (16%) y los ministerios de Salud y Ganadería. CERES destacó que simplificar normativas es clave para un Estado más eficiente y propuso que estos aportes sirvan de insumo para el próximo Presupuesto Nacional.
