En el marco del 108º aniversario de UTE, La Mañana conversó con el director de la empresa pública, quien detalló los problemas más urgentes a solucionar en el organismo. También se refirió al futuro cambio del modelo de negocios y opinó sobre la importancia de la integración energética con los países de la región.
La semana pasada se cumplieron los 108 años de UTE. ¿Cómo se encuentra hoy la empresa?
Yo llevo solo cuatro meses. Es un proceso de aprendizaje rápido que estoy tratando de hacer, compartido con mi otra ocupación –transitoria- que es el directorio de Ancap. UTE es una empresa con una vocación claramente definida, que es la producción y comercialización de energía eléctrica.
Hay muchos temas por solucionar, pero a lo largo de estos 108 años, sobre todo en las últimas décadas, se ha trabajado muy bien. Tenemos un sistema de información que destaca a la empresa de otros ámbitos públicos y es muy importante porque permite tomar decisiones de manera adecuada.
¿Cuáles son esos temas a solucionar o los puntos que generan mayor preocupación?
En primer lugar, nos preocupan los costos asumidos para llevar adelante el cambio de la matriz eléctrica. No discutimos, técnicamente, lo que significa haber pasado de la escasez de energía en 2010, a un 2020 donde nos sobra. El problema es que para recorrer ese proceso se han asumido costos importantes, a 20 y 30 años, en materia eólica y fotovoltaica.
Eso condiciona la libertad que tiene la empresa de aquí en adelante para poder lograr tarifas que sean más adecuadas, no solo para las familias, sino para el costo país, es decir, el desarrollo empresarial. Es difícil porque el 55 % de la producción energética hay que pagarla sí o sí, la necesitemos o no, y a costos muy elevados, porque así está contractualmente acordado. Ese es un tema que tenemos en carpeta, no como auditoría externa, sino como pedido de información que se está procesando.
Hay costos de energía fotovoltaica contratados por encima de lo que se suponía que era lo más caro, que era la energía térmica, lo cual nos da la pauta del peso que tiene esto en la estructura de costos y, en consecuencia, en las tarifas que el ente pone sobre la mesa del usuario.
También nos preocupa mucho, y eso sí va a ser objeto de una auditoría externa, el tema donde somos socios con Ancap, que es en Gas Sayago.
¿En qué etapa se encuentra ese proceso?
Ya se hizo el llamado y, es probable que, en los próximos días, sea noticia la adjudicación de una auditoría externa en la cual hemos tenido el honor de participar en el diseño de los pliegos. No es una auditoría tradicional de balance contable, sino que es de gestión.
Es decir, nos preocupa cómo fue, quiénes fueron y qué hicieron los que gestionaron un período bastante extendido de algo que nunca llegó a ser una empresa en marcha, porque no pasó de ser un proyecto. Lo único que hubo, básicamente, fueron inversiones y gastos realmente muy elevados.
¿Qué cifras se manejan?
Basado en información pública, hasta fines del 2019, UTE y Ancap aportaron más de US$ 85 millones a ese proyecto. A eso se le sumaron 70 millones de un aporte que hizo la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina, ex Corporación Andina de Fomento), que ya se devolvieron.
En los primeros cuatro años, del 2011 al 2015, para el proyecto se dispuso de unos US$ 130 millones. En ese primer período, UTE y Ancap pusieron 55 millones. Eso, más lo que puso la CAF, sumó cerca de US$ 130 millones, que se gastaron en algunas inversiones y en gastos operativos que incluyeron partidas importantes en materia de remuneraciones, aportes sociales y consultorías.
Después vino un segundo período, ya cuando se retiró Gaz de France, que por ello debió pagar una multa de US$ 100 millones. Ese dinero entró al proyecto junto con 30 millones adicionales que completaron los 85 de UTE y Ancap, y así volvieron a ser 130 millones para cuatro años más. Estos también se gastaron todos, en parte, para devolverle el dinero a la CAF –los 70 millones-, y el resto para remuneraciones, arrendamientos de espacios, entre otros.
Algo que llama la atención es que cuando Gaz de France decidió retirarse, justo coincidió con la época en que estaban Odebrecht y OAS allí en la vuelta. Si en ese momento se hubiera decidido terminar el proyecto, dado que no tenía futuro, nos habríamos ahorrado buena parte de esos 130 millones que después gastamos en cuatro años sin tener ningún resultado positivo, hasta que en 2019 se decidió entrar en liquidación.
¿Por qué durante cuatro años más, pudiendo haber cancelado el proyecto, le seguimos pagando US$ 10 millones a la ANP y remuneraciones por seis o siete millones? Cuando Gaz de France se fue perdimos la oportunidad de que esa multa compensara todo lo que ya habían aportado UTE y Ancap. Se siguió adelante y se perdieron los primeros 130 millones y también los segundos. También tenemos un proyecto que al país le está costando entre US$ 180 y 200 millones.
Es una gran preocupación y vamos a hacer lo posible para que se termine este agujero negro que sigue absorbiendo dineros del país.
Sobre el cambio de la matriz eléctrica que mencionaba, uno de los argumentos era bajar las tarifas, lo cual no se concretó en los hechos. ¿Cuán lejos estamos de una rebaja hoy?
Yo lo veo como un tema a solucionar recién en el mediano y largo plazo, porque los contratos que condicionan la estructura de costos de UTE son a 20 y 30 años con costos relevantes ya establecidos, entonces ahí tiene una gran dificultad.
Segundo, tenemos pérdidas de energía que superan el 20 %. Nos encontramos analizando cuánto se genera y cuánto se factura, porque acá no es un problema de morosidad en el pago, sino la diferencia entre lo que se produce y lo que realmente se factura. Las pérdidas pesan en la estructura de costos y eso debe tratarse en lo inmediato.
La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, en el acto por el aniversario, planteó cambiar el modelo de negocios para, justamente, optimizar la energía disponible. ¿Está de acuerdo?
Absolutamente. Tenemos exceso de energía y ahí se agrava la situación de los costos, porque si la estructura de costos por la nueva matriz es muy cara a mediano y largo plazo, se complica todavía más cuando tiene pérdidas. Entonces, el único camino viable es ver cómo incrementamos el consumo de esa energía que hoy nos está sobrando.
Eso significa exportar, si es que podemos. Los países vecinos están complicados y no solo por la pandemia. No es fácil ofrecerles energía; se ha hecho. Recientemente, se vendió a Brasil y en alguna ocasión a Argentina. Se han hecho grandes inversiones para poder venderle a Brasil, porque se tuvo que armar una conversora, pero el tema es doméstico. Es decir, hay que buscar la forma de que se consuma ese excedente con movilidad eléctrica, con incentivos al uso de la energía eléctrica.
¿Cuál es la importancia de la integración energética con países de la región, algo a lo que también hizo referencia Emaldi?
Lo comparto y es necesario. Cuando digo que la solución es a mediano y largo plazo, obviamente, en la medida que podamos comercializar los excedentes con los vecinos, achicamos el plazo. El tema no es la voluntad, sino que esos países estén dispuestos a comprarnos a precios que compensen esa estructura de costos a la que nos hemos incorporado con esta fórmula de las energías renovables.
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