El asesor de Cabildo Abierto dijo que “nadie está en contra de desarrollo forestal”, pero “es el momento de analizar y replantear si es lógico y justo que haya propietarios que tiene 250.000 hectáreas y no paguen patrimonio”.
El Ec. Eduardo Ache, asesor de Cabildo Abierto, se refirió al debate sobre el proyecto de ley forestal que fue aprobado en ambas cámaras del Parlamento y vetado por el presidente Luis Lacalle en lo que constituye el hecho político más relevante de los últimos meses.
Entrevistado este lunes 20 en el programa Tiempo de Cambio (Radio Rural), expresó que el debate sobre el desarrollo forestal debe ser puesto “en contexto y es bueno recordar cómo se genera el proyecto de ley”.
Destacó que el planteo de Cabildo Abierto consiste en que “haya libertad (de producción y trabajo), pero que todos paguen igual” porque “el sector agropecuario tiene distintos subsectores que compiten por la misma tierra”.
Valoró que la Ley de Forestación de 1987 sea “uno de los proyectos más exitosos como política de Estado que hay en Uruguay”, la cual “se ha mantenido en el tiempo aunque con algunas modificaciones”, pero aclaró que “hay una diferencia muy clara de lo que es un estímulo y lo que es un subsidio”.
“Por ejemplo, si miramos el Imeba (Impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios), sólo hay dos sectores que tiene tasa cero, uno es el cannabis que hace 4 o 5 años que está, y el otro son los productos forestales”.
Ache enfatizó que “no hay dudas en que el Estado tiene que estimular” determinadas áreas de la producción, “¿pero hasta cuándo va a subsidiar?, ¿cuál es la razón por la cual hoy, más de 30 años después ningún producto forestal pague Imeba?”, preguntó, porque “el espíritu de la ley fue otro, y era para que los pequeños productores quedaran en el campo”.
Explicó que en sus inicios se buscó, a través de la forestación, revalorizar las tierras menos rentables: “La producción forestal las hacía rentables y por eso el Estado trató de fomentar e inducir que esas tierras fueran ocupadas por la forestación para que los pequeños productores con las exoneraciones no se retirasen del campo. Hoy lo que estamos planteando es, después de 30 años, cuándo vamos a poner en igualdad de condiciones a todos los subsectores del sector agropecuario”.
El economista se preguntó “cuál es la razón por la cual este planteo genera tanta reacción”, porque se dieron todos los pasos “para tratar de acordar”, incluso “hace 6 meses fuimos con el senador Guido Manini Ríos a hablar con la ministra de Economía (Azucena Arbeleche) sobre este tema forestal y de los impuestos”, dijo.
“No estamos en contra de la libertad, nadie está en contra de desarrollo forestal, lo que sí entendemos es que hoy es el momento de analizar, replantear si es lógico y justo que haya propietarios que tiene 250.000 hectáreas y no paguen patrimonio”. En Uruguay se compite por la tierra y si una actividad tiene un sistema preferencial que el otro no, el primero “va a tener más chance de acceder” a ella, aseguró.
Despolitizar el debate y replantear el sistema tributario
También pidió que el debate se despolitice: “Me cuesta creer que no se pueda hablar con madurez y sensatez sobre este tema” que “es importante despolitizarlo”.
Precisó que el partido liderado por Manini Ríos “recorrió el camino político después de haber hecho todos los planteos sin haber tenido eco. Creo que lo más importante es que hay senadores del Partido Nacional que están recogiendo estos temas, porque yo he escuchado al senador (Sebastián) Da Silva que conoce el campo, decir hay que modificar estos sistemas especiales”.
A su vez, quisiera “que alguien me diga: ‘Mire Ache, este sistema tributario que tenemos en el sector forestal es el ideal’”, sin embargo quienes no están de acuerdo se comportan como si “retocar algo fuera una herejía cuando el mundo entero está retocando el sistema tributaria mundial”, y como el mundo, “Uruguay tiene que hacer un replanteo de su sistema tributario” para generar recursos, para ser más justos económicamente”.
En ese sentido enfatizó estar “convencido de que Uruguay tiene que bajar el impuesto al factor trabajo que es el impuesto más regresivo que tenemos, mucho más regresivo. Y es de los temas que hemos puesto arriba de la mesa para que se analicen, y ojalá algún día podamos hablar de IRPF, de las exoneraciones”.
“Acá hacemos planteos sensatos y queremos respuestas sensatas”, sostuvo.
Se cuestiona a Cabildo Abierto con el argumento de que se cambian las reglas de juego, pero señalo que en 2007 hubo una modificación al sistema tributario, y a nivel internacional las cumbres del G7 y G20 que también introdujeron cambios en un ámbito global.
La mención de Ache al Grupo de los 7 (G7) refiere a la cumbre de los ministros de Finanzas de las siete economías más importantes del mundo llevada a cabo en junio de este año, los cuales llegaron a un acuerdo destinado a gravar los beneficios de las multinacionales con una cantidad mínima del 15%. En cuanto al Grupo de los 20 (G20), en octubre pasado se reunieron los representantes de las 20 mayores economías del mundo los que respaldaron el acuerdo del G7.
Racionalidad económica y justicia distributiva
Ache valoró la importancia de que “se hable de todos esos temas” y que “el sistema político los analice”, porque son temas “de equidad, de justicia distributiva cuando no hay plata. Hoy con 40 o 50 millones de dólares en el sector lechero duplica sus exportaciones”, contrastó. “Entonces ¿a quién le damos los subsidios y hasta cuándo estimulamos? Van 34 años y con este criterio en 34 años más seguimos hablando de lo mismo. ¿Eso es lógico?, ¿corresponde?”
“Acá conjugas la racionalidad económica con la justicia distributiva y te tratan de desarrollista y kirchnerista. ¿No es más desarrollista y kirchnerista quien pretende seguir 35 años con esto? No subestimemos”, dijo.
Cabildo Abierto hizo su planteo que fue tan criticado, pero el Poder Ejecutivo “sacó un decreto que de alguna manera recoge esa propuesta. Como no querían o no podían hacerlo por ley por un tema político en el que no me voy a meter, es clarísimo que empezaron a reconocer las certezas” del proyecto en discusión.
“Ahora esperamos que también se pueda recorrer el camino tributario y con sensatez y madurez se defienda un sector que tiene muchísimos para aportar a Uruguay, pero con equidad y justicia distributiva, porque en el campo hay una cantidad de otros sectores que necesitan, que pagan al Banco de Previsión Social, que pagan patrimonio, pagan Imeba. Ese es el planteo que estamos haciendo y lo increíble es que en vez de discutir la propuesta nos descalifican”.
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