Pées Boz considera que, gracias a una exportación extraordinaria, el ente está en condiciones de no aumentar las tarifas a comienzo de año. Así se desprende de un “racional análisis de los números”, dijo. También se refirió al despilfarro de Gas Sayago y la responsabilidad de los directores del UTE y Ancap del momento.
El director de UTE por Cabildo Abierto, Dr. en Economía Enrique Pées Boz, propuso no aumentar las tarifas de UTE como forma de “devolver en parte” a los ciudadanos el costo de energía que “han estado pagando más caro”. Destacó que “no es un voluntarismo ni populismo”, sino que ha estudiado los números y es posible hacerlo seriamente.
Para entender lo que sucede hay que remontarse al año 2006, dijo en declaraciones a La voz de La Mañana (Radio Oriental), cuando durante el primer Gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se establece el Decreto 77/006, según el cual cuando se toma el precio de las energías renovables a los productores privados, interviene el precio del mercado y se agrega el precio de promoción ilimitado. “Ese es el fundamento de los PPA”, aseguró en referencia a Power Purchase Agreement, por el cuales todo lo que producen los propietarios de los parques eólicos es comprado por UTE sin considerar si ésta lo necesita o no.
En resumen “terminaremos pagando por 15, 20 o 30 años US$ 126 el mega watts cuando esa misma unidad la podemos vender a Argentina en US$ 28”.
Pero “ese precio de promoción no le cuesta a UTE porque el mismo decreto dice que UTE no deberá ser beneficiada ni perjudicada, lo que significa que habilita a pagar precios de promoción pero que esos precios no van a cargo del ente”, debiéndolo pagar quien consume la energía.
Por lo que el decreto establece desde 2006 es que para calcular la tarifa hay que sumar como costo fijo el pago a los eólicos y fotovoltaicos, ese año son unos US$ 511 millones, aunque no necesitemos esa energía.
“En los últimos años se fueron más de 450 o 500 millones de dólares en energía no utilizada, energía mal exportada, energía perdida”, pero UTE no pierde en ningún caso, “el que pierde es el usuario”, y “si todos pagamos tanto durante tantos años, es hora de repartir las pequeñas ganancias que vamos a obtener por más de US$ 400 millones que estamos exportando extraordinariamente este año” como forma de “devolver a través de una compensación tarifaria al usuario lo que estuvo pagando de más durante todo este tiempo”, señaló.
“Esto no es voluntarismo ni populismo, es un racional análisis de los números” por el cual “estamos proponiendo que el 1° de enero no se aumenten las tarifas”. Esa decisión no la toma UTE sino el Poder Ejecutivo con el asesoramiento del ente.
Pées Boz se comprometió a defender esa propuesta porque “es una posición justa que trata de devolver en parte a los que han pagado más caro”.
Gas Sayago fue un acto de voluntarismo
Otro tema tratado en la entrevista en La voz de La Mañana fue Gas Sayago y el costo que han tenido algunas de las acciones de sus responsables.
Pées Boz, dijo que Gas Sayago fue un acto de voluntarismo y explicó que cuando se hace un proyecto de inversión del porte de Gas Sayago se hacen determinados estudios que en este caso “no se hicieron o se hicieron parcialmente”, y “cuando fueron hechos no se tomaron en cuenta aspectos fundamentales” como “en qué se iba a usar la producción de la regasificadora.
El proyecto consistía en “traer del exterior gas licuado, tener un barco permanentemente anclado en un muelle que vendría a ser una especie de fábrica flotante, al que otros barcos irían trayendo gas licuado para ser gasificado y por un gasoducto se cruza el Río de la Plata, y es ahí donde comienzan los problemas”, contó.
“Los barcos llegarían con el gal licuado, pero después de ser trasformado a gas, ¿qué hacemos y quién lo va a usar?”, se preguntó. Las autoridades del momento “partieron de la base que el 50% lo iba a usar Argentina, pero antes de iniciar la inversión grande ya se sabía que Argentina no estaba interesada” por lo que “el 50% del proyecto se caía. El otro 50% se suponía que lo usarían UTE y Ancap”.
Lo principal de un proyecto es contar con demanda, y ésa “no existía”, enfatizó. “Lo que sí existía el voluntarismo de realizar determinadas inversiones y contratar determinadas empresas. Esas son las que yo llamo ‘investigaciones pendientes’ que no se han difundido mucho pero luego de ver la conclusión de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) veo que no estoy solo”, consideró.
Al ser consultado sobre las clases de gimnasia que surgieron vinculadas al tema, Pées Boz dijo que ese es un asunto que genera impacto en la población y en ese sentido “son temas fuertes que nos pegan a todos porque es parte del despilfarro que se hizo”.
También hay “cursos de capacitación por US$ 250.000, hubo un convenio colectivo de desvinculación, o terceros que individualmente se fueron beneficiando como los pescadores de Santa Catalina que no son culpables, pero fueron beneficiados porque cada uno se llevó una compensación de unos US$ 60.000 por no pescar más en esa zona, lo que podría haber costado más de US$ 1,3 millón, además de los viajes, los traslados y las comidas que se suman”.
Pero “la pesada” está en “los gastos de administración” que nos lleva a hablar de US$ 42 millones, “por algo que no existió ni funcionó”.
¿Qué se pudo haber hecho con esos US$ 42 millones que forman parte de un total mayor de más de US$ 200 millones que costó el proyecto?, se preguntó el jerarca, y agregó que “equivalen a entre 1.500 y 2.000 soluciones habitacionales”.
También se invirtieron US$ 54 millones en un gasoducto que es un caño de 12 kilómetros, enterrado y sin uso, dinero con el cual “podríamos haber hecho otras 2.500 viviendas”.
Además gastaron “otros US$ 50 millones en el dragado que son 2.000 viviendas más”.
De todo eso, “lo único que se puede ver” son los 71 pilotos clavados en la bahía, que costaron US$ 26 millones más.
Ni hablemos de las remuneraciones que obtenían los que estaban en ese pseudo proyecto durante ese período. En conclusión “es un despilfarro cualquiera sea el lugar por donde se mire”.
La responsabilidad es de los directores de UTE y Ancap
Por otra parte, el director de UTE explicó que la responsabilidad de todo lo sucedido “son los directores de UTE y Ancap, porque eran éstos los que ocupaban el directorio de Gas Sayago, y muchísimas resoluciones que implicaron estos despilfarros tenían el aval previo de los directorios. Acá no hay una separación de responsabilidad, porque Gas Sayago es un proyecto en el cual esos dos entes dilapidaron dineros públicos”, enfatizó.
“La responsabilidad directa fue de quienes eran directores en ese momento, más algunos exhortantes que había, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Energía”, complementó.
“Nosotros pusimos todo esto en manos de la justicia, que debe ser informada pero no presionada; por otra parte, tenemos el informe de la Jutep que nos avala y da algunas frases contundentes como la responsabilidad de UTE y Ancap en la fase previa a la constitución de Gas Sayago”.
La Jutep “es clara” respecto a que “hay una violación a principios básicos sobre buena administración que podría aparejar sanciones, pero es la justicia la que decide”.
Igualmente, la Jutep aclara “que eso sin perjuicio de responsabilidades políticas, civiles y penales”.
Otro tema es el “cómo se realzaron las contrataciones de las empresas que se llevaron en esos US$ 213 millones, y ahí ya entraríamos en temas civiles y penales”, comentó.
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