El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, concurrirá el próximo martes 15 a la Comisión de Ganadería de Diputados, respondiendo a una citación para explicar por qué se emitió un decreto autorizando una serie de agroquímicos que estaban prohibidos y se usaron en el vivero de UPM.
El diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto es integrante de las comisiones de Ganadería y Ambiente. En diálogo con La Mañana explicó las causas de esta citación y cuál es la situación con los productos agroquímicos autorizados por el MGAP.
¿Cuáles son los puntos principales del llamado a Comisión del ministro Mattos?
La convocatoria tiene muchas preguntas para el ministro. Algunas se han ido respondiendo desde que hicimos la solicitud. Mattos salió a informar cuáles eran los productos autorizados por el decreto y que este fue una exigencia de la empresa a través de una solicitud de la Sociedad de Productores Forestales. También dijo públicamente que existía una amenaza de la empresa UPM de despedir trabajadores y cerrar el vivero si el decreto no se emitía.
Una de las dudas que quedan por responderse es si los productos habilitados por el decreto corresponden a aquellos que se estaban vertiendo en una cañada, que nada más y nada menos desemboca en el río Queguay. Por ese hecho, la empresa fue multada por el Ministerio de Ambiente. En realidad, esperábamos una multa por parte del MGAP, pero en vez de eso decreta la habilitación de productos que hasta ayer eran prohibidos. Por eso estamos no solo sorprendidos, sino también indignados.
¿Qué opinión le merece la actuación del ministro Mattos en este caso?
Creo que cometió un “sincericidio” porque dejó a luz vista que este decreto es una exigencia de la empresa UPM bajo la amenaza de cerrar el vivero, si no se los habilitaba.
Un hecho no menor es que Mattos estaba ligado a la Fundación UPM y ahora queremos saber si sigue o no en la misma. También llama la atención que la solicitud de habilitación de los productos parte de los productores forestales, cuando estamos hablando de un vivero que es de una empresa.
Debemos tener en cuenta que el decreto se basa en los prospectos de los productos para la habilitación, y no existe ninguna investigación sobre los mismos. Con base en los prospectos se hace el decreto, en tiempo récord. Hay solicitudes de habilitación de otros agroquímicos que hace años están durmiendo en el MGAP. Además, el ministro dice que saca el decreto porque si no lo hacía tenía que multar a la empresa y esto es inaudito. La hubiese multado. En Uruguay si un productor manda ganado a una concentración con una garrapata lo multan con más de US$ 2.000 y a una empresa que hace mucho está contaminando no le pasa nada.
¿Cómo surge la investigación por el tema del vertido?
Los primeros que se movilizan son los vecinos de Gichón, que constatan visualmente el vertido de residuos que estaban matando peces en esa zona. Comienzan un trabajo junto a la Universidad de la República y el MGAP para que se estudien de qué están compuestos esos efluentes. Se constata entonces el vertido de 19 productos, de los cuales estaban habilitados solo dos para el uso en los viveros. Ahora, no sabemos desde cuándo se estaban vertiendo estos productos. Esto demuestra una falencia total de los controles del Estado porque fueron los propios vecinos los que alertaron sobre la situación. Inclusive muchos de ellos con el peligro de perder su fuente de trabajo porque trabajan en el vivero o lo hacen sus familiares.
¿Y cuál fue la actuación del Ministerio de Ambiente?
Investigó y aplicó una multa de $ 1,4 millones (unos US$ 33 mil) que obviamente para la empresa no es dinero. Pero también debería haber una multa por parte del MGAP que fue la que constató las violaciones a la normativa. Y ahí entran en juego las auditorías internacionales que certifican a UPM en certificación de calidad y de que se cumplen con las normas medioambientales. Cuándo fue la última, no lo sabemos.
¿Cómo un producto que estaba prohibido se podía importar?
Hay que aclarar que estos productos no se podían usar en viveros. Aunque ahora surgen dudas si todos estos productos estaban habilitados para el ingreso a Uruguay. Se debe tener en cuenta que en el vivero trabajan personas en un ambiente cerrado y si no estaban habilitados para aplicarlos en esas condiciones por algo sería. Por lo tanto, existe una irresponsabilidad mayúscula por parte de una empresa que generalmente gasta millones en marketing empresarial sobre su compromiso con el medio ambiente.
¿Cuántos fueron los productos habilitados?
Son unos nueve productos, de 17 que no estaban habilitados y que se vertían a la cañada. Pero esto es una primera instancia, porque no sabemos si no se habilitará el resto. También cuando concurra el ministro le queremos preguntar si van a actuar con tanta celeridad en las autorizaciones frente a posibles solicitudes de otras empresas que pueden pedir una habilitación de productos para el agro e incluyan una amenaza del cierre de una planta, como un modo de presión.
¿Piensa que la empresa puede estar cometiendo otro tipo de irregularidades de este mismo estilo en algunas de sus instalaciones?
Si no se puede controlar un vivero, no sabemos lo que pasa con una planta que está utilizando millones de litros de agua. Esto lleva a que también debamos poner la lupa sobre lo que será UPM 2. Sinceramente, no sé si Uruguay está preparado para controlar este tipo de empresas, porque quedó demostrado que no pudieron saber qué hacía un vivero. Lamentablemente, creo que Uruguay no tiene capacidad de control en estos casos.
Si el vivero usaba todos los productos y ahora podrá utilizar una parte de estos, ¿no precisa entonces la otra parte para el proceso productivo?
Esa es una de las cuestiones que queremos saber. O sea, tampoco queda claro si los productos empleados son los que estaban utilizando ilegalmente o estos son nuevos productos y se desechan los anteriores. En mi opinión se habilitaron los que en el prospecto decía baja toxicidad, pero sobre los que se usaban y no se habilitaron, lo que no conocemos es el grado de perjuicio a la salud que podrían tener.
¿Existe algún estudio sobre los efectos que pudieran haber tenido estos productos sobre los trabajadores del lugar?
En el caso de la constatación de los efectos crónicos (o sea por acumulación) es muy difícil de comprobar, porque llevan estudios de muchos años. Esto es algo que debe controlar el Ministerio de Salud Pública y por eso fue citado a la Comisión de Ambiente, al igual que el ministro de Ambiente.
¿Qué otras acciones tomará la Comisión de Ganadería, más allá de la citación al ministro?
Una de ellas es la visita al vivero para constatar cómo está funcionando y hablar con los trabajadores y los vecinos. También queremos verificar que se tomaron las medidas correctivas dentro del sitio. Esa visita la vamos a realizar la próxima semana.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto?
Lamentablemente no va a haber ninguna consecuencia. La empresa le hizo firmar a Uruguay un contrato que lo pone de rodillas, lo que demuestra el poder de UPM. Debemos recordar que el presidente vetó una modificación a la ley forestal a las 24 horas de aprobada, pero el MGAP aprueba productos químicos prohibidos en pocas horas. El poder de este tipo de empresas sobre estos países que tienen necesidad de inversiones y de generar puestos de trabajo es tremendo. Imponen sus reglas de juego.
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