El debate sobre la ley forestal que se realizó en la actividad nacional de Un Solo Uruguay el sábado 23, se analizaron los pro y contras de la actividad forestal, existiendo un consenso sobre la necesidad de implementar cambios en una norma que fue creada para un Uruguay diferente al actual.
Con la participación del diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, el senador Sebastián Da Silva del Partido Nacional y el Ing. Guillermo Franchi en representación de Un Solo Uruguay (USU), se llevó a cabo, en el marco de la actividad realizada por Un Solo Uruguay en la tarde de ayer, la mesa de debate sobre la actividad forestal en el país.
El año pasado Menéndez presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que regula la forestación, el cual fue votado por Cabildo Abierto (CA), el Frente Amplio (FA) y el Partido Ecologista Radical Intransigente (Peri) y contó con 54 votos (en 91) por lo que cuenta con media sanción, estando ahora en el Senado para su discusión.
El proyecto puso la producción forestal en la agenda parlamentaria, pero también en la consideración de la sociedad, por lo que USU recogió el guante y generó una instancia de intercambio entre el autor del proyecto y uno de los referentes del sector rural del partido de gobierno.
El periodista Francisco Ariel Denis de Difusora Treinta y Tres realizó la presentación y fue el moderador.
El debate se desarrolló en tres bloques: análisis de los 33 años de vigencia de la ley forestal (N° 15.939), qué cambios debería realizarse a la ley mencionada y qué país imaginan los participantes si no se hacen los cambios necesarios.
A través de la actividad forestal Uruguay ha tenido dos impulsos, dijo Denis como forma de introducción. “Ambos fue a través de leyes, la 13.323 de 1968 y la 15.939 de 1987 que está vigente en la actualidad. Ambas realizan aportes a los objetivos de protección al monte natural, los recursos forestales del Estado, la promoción de plantaciones con especies exóticas y el desarrollo de la industria asociada”. En ese sentido el texto de ambas leyes comparten el mismo espíritu, destacó. A 33 años de la ley 15.939, “el objetivo de esta mesa de diálogo es contrastar visiones”.
Generadora de trabajo y de divisas por la exportación
El primer bloque consistió en un análisis de los 33 años de vigencia de Ley 15.939. El diputado Menéndez comenzó señalando el impacto que la forestación tiene en la economía y la sociedad. “Es responsable de unos 17.000 puestos de trabajo y con la nueva planta que se está construyendo se prevén unos 7.000 puestos más. En términos de exportaciones totales significa alrededor US$ 1.000 millones. Es decir que es una actividad que ha movido la economía del país y ha logrado un fuerte posicionamiento”.
Menéndez señaló que la ley forestal tuvo “impactos sociales y medioambientales que también se deben considerar”, uno de ellos e que contribuyó a la despoblación del campo.
Recordó que la ley 15.939 fue promulgada el 28 de diciembre de 1987, pero “pocos meses después” se aprueba la Ley 16.002 “que otorga los subsidios a través del Fondo Forestal creado en la ley 15.939”, los cuales “iban a beneficiar a toda la cadena forestal”. En 2003 “esos subsidios se extienden a toda las actividades conexas del sector como son el descortezado, trozado y chipiado”.
Da Silva se refirió a cuánto ha cambiado la producción en los últimos 33 años. En 1987, año en que se aprobó la Ley 5.939 “no había siembra directa”, hoy sí. La tecnología permite desarrollar cultivos donde antes no. Por eso es una ley que “tenemos que actualizar” porque hay suelos que antes fueron catalogados como forestales y hoy podrían ser usados en otras producciones, como hay áreas que podrían incorporarse a la forestación y hoy no lo están.
Franchi por su parte lamentó que luego de presentada y votada la ley del diputado Menéndez, el debate “se fue a lo político” con un perfil político partidario por encima del debate que debería ser “el impacto que la ley forestal” tiene en el país. Ese impacto “no se puede negar”.
La forestación ha contribuido a la despoblación rural
Con la pregunta de ¿qué cambios debería realizarse en la ley forestal? se inició el segundo bloque de debate.
Menéndez señaló que la ley forestal también tuvo “impactos sociales y medioambientales que también se deben considerar”. “Del 2008 al 2020 hubo 50.000 personas vinculadas al medio rural que se han ido, de las que 10.000 eran patrones y 40.000 trabajadores rurales”. Eso sucedió “donde se instalaron grandes macizos forestales y en Uruguay el 30% corresponden a macizos de más de 2.000 Has., y hay un 33% que son de entre 5.000 y 10.000 Has. Evidentemente la forestación ha contribuido a la despoblación del campo”, enfatizó.
“Además ha contado con exoneraciones directas e indirectas que no la han tenido otros sectores productivos compitiendo por un bien finito que es la tierra”. Asimismo hubo “afectaciones en el ciclo de las aguas, sobre todo en las forestaciones a nivel de cuenca”, de lo que “hay evidencia científica”, expresó.
Atendiendo a la pregunta del segundo bloque, sobré qué cambios se podrían hacer a la ley forestal, el diputado de Cabildo Abierto dijo que el proyecto de ley por él presentado “no toca la ley forestal, no se agregan ni se sacan terrenos de propiedad forestal, no se conceden subsidios ni se quitan y no se hacen cambios de denominaciones”. Esos son temas técnicos y como tales deber ser abordados, “tratados por los mismos equipos que contribuyeron a la formación de la ley forestal” con la posibilidad de rever “cuáles son los terrenos de prioridad forestal, pudiéndose incluir unos y sacar otros”.
Da Silva: “No es solo el uso del suelo” lo que debe cuestionarse, sino que igual que otras producciones como la lechería, la soja, el arroz, “la forestación también tiene sus cosas. El desafío es tener un gobierno empático con esos problemas para solucionarlos”.
El senador Da Silva consideró que “hay temas que son preocupantes” y que la ley no los aborda, “como el reguero de garrapatas que abunda en los montes forestales”.
“No es solo el uso del suelo” lo que debe cuestionarse, sino que igual que otras producciones como la lechería, la soja, el arroz, “la forestación también tiene sus cosas. El desafío es tener un gobierno empático con esos problemas para solucionarlos”.
Por su parte Franchi dijo que “el cambio más grande que tendría que tener la actividad forestal es competir en igualdad de condiciones”, cosa que “no hizo en la fase primaria de promoción” y aún “hay parte de la forestación que sigue recibiendo beneficios fiscales como la destinada a la madera, pero también hay trampas al solitario en estos decretos que dicen que en un monte de carácter forestal, en el cual el 20% tenga como destino la madera de calidad, queda exento de la contribución inmobiliaria rural”.
USU considera que “la actividad empresarial es libre y si se considera que el rubro forestal es beneficiosos para la empresa, creemos que limitarlo es un error, el problema es que la forestación no compite en igualdad de condiciones”.
“La forestación y hasta la política forestal están monopolizadas por dos empresas”, entre la cuales “tienen el 70% del total del área forestal del Uruguay y corren a plata cualquier posibilidad productiva porque son capaces de pagar una renta de US$ 180 por Ha. y en algunos casos más cuando la ganadería puede pagar entre US$ 50 o US$ 70”.
Por otra parte las dos empresas de pasta de celulosa “no generaron el retorno económico en la fase industrial donde Uruguay debería haber recibido su máximo beneficio”, y a eso se añade que “no tributan sobre la exportación”.
La dificultad no son las empresas en sí, sino “las políticas que se les fueron otorgando”.
El Uruguay que queremos
En el tramo final del debate, se planteó la pregunta ¿qué país imaginamos si no se hace ningún cambio?
Menéndez consideró “el mercado hizo que la producción uruguaya vaya a la celulosa” y corresponde al país “definir” qué tipo de Uruguay queremos: “un país diversificado produciendo alimentos y madera o directamente nos vamos a transformar en un polo celulósico”.
Si todo sigue igual y no se modifica nada “lo que va a pasar es que estos problemas de la despoblación del campo, de la concentración y extranjerización de la tierra, todo eso va a continuar”.
Al mismo tiempo, “si bien se han eliminado los subsidios, hay empresas a las que tenemos que comprarle la energía, las que tenemos que ponerle US$ 4.000 millones para la construcción del tren”, sin contar que “van a surgir problemas medioambientales mayores”, lo que “tendremos que solucionar nosotros”.
Da Silva discrepó con la posibilidad de que Uruguay pudiera ser un polo celulósico, por el contrario “somos un país llamado a ser productor de alimentos, Uruguay es ganadero y agrícola con los mejores ganaderos y los mejores arroceros del mundo”.
Destacó que en el Senado “hay consenso” sobre que se debe “plantar árboles en los suelos de prioridad forestal”.
Para el Ing. Franchi “el cambio más grande que tendría que tener la actividad forestal es competir con otros rubros productivos pero en igualdad de condiciones”.
“El país que veo es que cuando termine el gobierno la ruralidad va a tener más desarrollo, con apertura de mercados y acceso al mercado chino para exportar embriones y cebollas. Me resisto al país que es polo celulósico o productor de alimentos, eso en mi Uruguay no existe porque lo recorro y veo montes, soja, arroz, papa, ganado, y las ovejas”, dijo el senador del Partido Nacional.
El Ing. Franchi tampoco puede imaginar a Uruguay convertido en polo celulósico, “pero puede ser una posibilidad”. “Me gustaría imaginar que acá se va a definir la lógica inversa de lo que ha sucedido hasta ahora (…), esa lógica de que las empresas presionen para la instalación de las pasteras exigiendo (al país la instalación de trenes), expropiaciones, 860 Km de rutas, 62 puentes, el uso del agua del río Negro sin pagar nada a UTE cuando ningún productor podía”.
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