La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recibe desde julio a distintas delegaciones para informarse y debatir sobre el proyecto que modifica la ley forestal de 1988 y los posteriores decretos regulatorios. Magnitud, prioridad de suelos forestales, excepciones, impacto ambiental, beneficios fiscales y rentabilidad son los temas principales de la discusión.
En mayo diputados de Cabildo Abierto elevaron un proyecto de ley para limitar la forestación, debido a la creciente incorporación de suelos a zonas de prioridad forestal desde la creación de la Ley 15.939 -pasando de 1.7 millones de hectáreas a más de 4 millones-.; y por beneficios otorgados a empresas forestales que constituyen “una clara desventaja hacia otros modelos de producción históricos del Uruguay”, favoreciendo la “concentración de la tierra en manos de empresas extranjeras”.
Además se señala que la superficie forestada supera el millón de hectáreas (“suficiente para proveer materia prima a las dos plantas de celulosa activas y a la mega pastera en construcción”), con densidades superiores a los mil árboles por hectárea, que hacen incompatible el desarrollo de otros tipos de producción. A su vez se plantea que, al igual que en otras modalidades de monocultivo, se disponga de “rotación y diversificación” de suelos para evitar su sobreexplotación.
Los defensores de ponerle un límite a la forestación
Gonzalo García Lagos, del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), se refirió al tema de la desigualdad del trato dentro del sector forestal y agropecuario. “Si se diera la décima parte de las regalías que se da a la forestación, la lechería y la agricultura no estarían como están”, indicó. García Lagos denunció: “Estamos dando el agua gratis a una desleal competencia, pero con la gran ventaja de que nos la devuelven toda contaminada”.
Por su parte, Ana Filippini promueve la iniciativa “Parar la forestación”, y en la comisión expuso las “grandes mentiras” del sector forestal. “Nos trataron de convencer de que las plantaciones forestales son bosques; pero está demostrado que las plantaciones forestales son un desierto verde” ya que dentro de ellas “no hay absolutamente nada”. Sostuvo que engañan “cuando presentan a los gobiernos los informes sobre los monocultivos forestales. Los convencen de que allí hay producción, biodiversidad y que tienen las mismas capacidades que un monte nativo”; pero según dice Filippini, “las plantaciones que tenemos en todo el Uruguay son monocultivos de árboles espesos, plantados uno al lado del otro”.
Además, afirmó, “nosotros tenemos documentación de estudios científicos en este país y en muchos otros en los que está absolutamente comprobado que tienen una incidencia directa sobre los recursos hídricos”. Filippini agregó que en algunos casos “dejan a poblaciones sin agua pero, en otros, las inundan” debido a que “se generan unas plantas que forman unas bases de suelo que producen que el agua traspase por una especie de base plástica a muchísima mayor velocidad, sin filtración”.
En tanto, el periodista y activista Víctor Bacchetta presentó evidencia científica de 16 estudios ambientales que señalan que “los monocultivos de árboles exóticos en sustitución de nuestros pastizales naturales no son un modelo sostenible de desarrollo como afirma la industria forestal”. Por el contrario, concluyó, “este sistema lleva a una degradación irreversible de los suelos y las aguas que inicia procesos de desertificación”.
Cifras y explicaciones de los productores forestales sobre los suelos
El diputado Rafael Menéndez, promotor de la iniciativa, indicó que desde 1988 se han forestado 100 hectáreas por día; y posiblemente esto vaya a aumentar con UPM2. Durante la sesión de la comisión el legislador preguntó “¿Cuántas hectáreas forestadas resiste el Uruguay?”.
Según Miguel Helou, gerente de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, “actualmente la actividad forestal cubre el 6% de todo el territorio nacional”, superando el millón de hectáreas. Helou estima que de aquí a 30 años “podríamos llegar a cubrir el 9% del territorio nacional”.
De acuerdo al informe presentado a la comisión por Leonardo Boragno de la División Evaluación e Información del MGAP, Menéndez resaltó que de ahí se desprende que en Flores, el 82% de las plantaciones forestales están fuera de suelos de prioridad forestal; en San José, el 78%, en Soriano el 46%, en Paysandú el 43% y en Río Negro el 33%.
Para Helou, se ha forestado fuera de suelos de prioridad forestal (25% del total del país según la Dirección Forestal), primero, por “el típico despliegue de suelos del Uruguay en forma de mosaicos”, ya que “normalmente, en un predio conviven varios tipos de suelos”, lo que hace que “atenerse estrictamente a suelos de prioridad forestal, dejando pequeños terrenos aislados que podrían dedicarse a otras actividades, resulta ineficiente para los cultivos”.
En segundo lugar, la ley forestal de 1988 habilitó el esquema 60/40, “que establecía que si el 60% de la tierra de un predio era de prioridad forestal, y el 90% de ese 60% era efectivamente implantada, se le concedía el estatus de prioridad forestal al padrón. “Ese fue uno de los mecanismos que permitieron que se avanzara en la forestación de algunas tierras que no son de prioridad forestal”, explicó.
Un tercer impulsor de la forestación fuera de áreas de prioridad forestal, señaló el economista, fue la reforma de 2007, en la que se privilegió la producción de madera de calidad y se promovió la implantación de bosques en producciones ganaderas. Ese permiso de disponer de un rubro complementario a su activad primordial “habilitó que hasta un 8% de los padrones -sean o no de prioridad forestal- puedan ser implantados con bosques artificiales”. “Esos productores han visto en la forestación una posibilidad de diversificar su producción y se aseguran una renta y un ingreso estable en el largo plazo”, argumentó. Aproximadamente son 970 los productores que están trabajando en esquemas de asociación y representan el 30% de total de hectáreas forestadas, aseguró.
En cambio, el diputado cabildante matizó este modelo ya que “no existe el silvopastoreo en las densidades que manejan las empresas forestales, porque solo comprende a “zonas en las que no puede entrar un árbol; zonas bajas, caminería o los cortafuegos”.
Polémica por excepciones y presunta infracción ética
Menéndez manifestó también su preocupación de la cantidad de excepciones sobre los suelos que no son de prioridad forestal y que no haya información sobre los proyectos menores a 100 hectáreas, los que no están obligados a pasar por la Dinama para su estudio ambiental.
Por su parte, el titular de la Dirección General Forestal y expresidente de la Sociedad de Productores Forestales, Carlos Faroppa, aseguró que es importante basarse en los aspectos técnicos y respecto de las excepciones dijo que “muchas vienen por demanda del productor que quiere tener una capacidad asociativa económica, porque pueden dedicar un porcentaje por diversificación productiva o por diversificación de uso de suelos marginales, junto con un uso que sea de protección, de cortavientos, de sombra de protección ganadera”. “No digo que no haya intereses de empresas, pero es el productor quien pretende incluir una diversificación productiva de su predio”, sentenció Faroppa.
Ante la inquietud de Menéndez sobre la vinculación del jerarca ministerial con la función privada, Faroppa explicó que dejó “a nombre de sus hijos” la empresa en la que era consultor. El diputado había advertido que el Código de Ética de la Función Pública prohíbe a funcionarios públicos “ejercer su función con relación a las actividades privadas a las que se encuentran vinculados”. Asimismo, Menéndez cuestionó su participación en el convenio entre la Udelar y la Sociedad de Productores Forestales en 2014, al estar “en los dos lados del mostrador”.
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