El coordinador general de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), Daniel Fernández, conversó con La Mañana acerca del trabajo que la institución lleva adelante tanto con el sector público como con el privado, con el objetivo de crear nuevas herramientas destinadas a la recuperación y posterior inserción en la sociedad de aquellas personas que egresan del sistema penitenciario.
El cometido principal de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) es la inserción social, educativa y laboral de las personas que salen de la prisión. Para lograrlo, la institución trabaja en generar oportunidades a través de la articulación con otras dependencias del Estado, pero también con empresas privadas. Además, busca dar a conocer las experiencias y casos de éxito, sobre todo, en el entendido de que puede haber ciertos prejuicios a la hora de contratar personas que estuvieron privadas de libertad.
Pero, ¿dónde radica la importancia de poder concretar esa inserción educativa o laboral de los egresados del sistema carcelario? Para el coordinador general de la Dinali, Daniel Fernández, la persona que cometió un delito y, en algunos casos, incluso reincidió, “no debe darse por perdida”. Por esto, no hay filtros para acceder a estas herramientas, que están dirigidas a todos aquellos que quieran buscar una segunda oportunidad.
En conversaciones que Fernández ha tenido con los liberados que están trabajando en la modalidad de pasantía gracias a esta política, las devoluciones han sido “positivas”, dado que todos aducen que se sienten “valorados” y con “entusiasmo” al poder atravesar ese proceso, que luego les servirá como punto de partida para una inserción estable en la sociedad.
El foco puesto en la educación y el trabajo
Hasta el año pasado, la Dinali dependía del Ministerio del Interior. Sin embargo, tras un acuerdo entre los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Desarrollo Social, Martín Lema, se definió su pasaje a la cartera liderada por este último. Luego de este cambio, se puso el foco en el área educativa y laboral.
De esta forma, los equipos técnicos de la dirección empiezan a trabajar con la población carcelaria seis meses antes del egreso, en coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Lo que se busca es el asesoramiento a los presos, pero también a sus familias, de modo que cuando queden en libertad, puedan acercarse a las oficinas de la institución y así contar con el acompañamiento técnico para obtener una oportunidad laboral o educativa. Esta dependencia reúne distintos perfiles que quedan a la espera de una convocatoria.
En este marco, continuamente se intenta captar nuevos cursos. Por ejemplo, recientemente se dictó un curso de galletería con la UTU en una panadería dentro de los talleres de Dinali. Aparte del convenio con este centro educativo, que abarca diversos oficios, existe otro con Inefop, a través del cual se realizan distintos talleres. El propósito es que estas experiencias de formación puedan redundar en futuras posibilidades laborales.
La importancia de crear nuevos convenios y sus beneficios
En este momento hay unos 250 liberados de las cárceles que están haciendo una pasantía laboral, mientras que cerca de 330 están en lista de espera. Para atender estos casos y dar una respuesta más inmediata, la entidad ha salido en busca de la generación de más oportunidades y hoy es allí donde tiene el foco puesto.
“La mayoría de los que salen del régimen penitenciario necesitan” herramientas de este tipo, opinó Fernández. Es por esto que se trabaja fuertemente en los convenios vigentes, pero todavía hace falta crear nuevos.
Consultado acerca de cuáles son los beneficios para las empresas que hacen estas contrataciones, explicó que, en lo que respecta al sector público, las instituciones del Estado tienen la practicidad de poder contar con una dirección estatal que ofrece capital humano mediante una contratación sencilla y que a su vez se complementa con un acompañamiento técnico. En tanto, en referencia a las empresas privadas, muchas tienen un enfoque en la responsabilidad social empresarial, a lo que se suma la posibilidad de obtener una exoneración de aportes patronales. Igualmente, comentó que la contrapartida de hacer un aporte a la sociedad es lo que las compañías más destacan.
Un tratamiento integral del privado de libertad
De acuerdo al director, la incorporación de la Dinali al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fue fundamental, puesto que la población debe ser “contemplada por el Estado en su conjunto”. En ese sentido, afirmó que en el caso de los individuos que están en prisión, las instituciones desarrollan las tareas de manera coordinada. Por ejemplo, el Mides tiene equipos técnicos que trabajan dentro de las unidades carcelarias.
Según el censo de personas en situación de calle llevado adelante en 2020, más del 50% de esos ciudadanos tuvieron un pasaje por el sistema penitenciario, o sea, cometieron algún delito y estuvieron privados de libertad. “Eso justifica que el Mides ponga el foco sobre esta población” y fue así que se dio este traslado de un ministerio al otro, señaló Fernández.
En segundo lugar, enfatizó en el modelo de abordaje territorial, que también está cambiando. En este contexto, los recursos humanos y técnicos de la Dinali que actualmente se en encuentran trabajando en seccionales policiales, pasarán a formar parte de las oficinas territoriales del Mides en cada uno de los departamentos a lo largo y ancho del país, para poder, de ese modo, trabajar coordinadamente con los distintos programas de la cartera. Los referentes de la institución están trabajando con los directores departamentales, y en algunos departamentos ya comenzó la migración de esos recursos para las oficinas territoriales.
En relación al fortalecimiento de la atención de salud mental y el tratamiento de adicciones, que en una enorme cantidad de casos son servicios necesarios para los reclusos y los egresados de las cárceles, el entrevistado contó que hay un trabajo mancomunado tanto con el INR como con la Junta Nacional de Drogas (JND).
Asimismo, en el marco de la Rendición de Cuentas que se aprobó en Diputados y pasó a la órbita del Senado, el Mides ha pedido refuerzos económicos para potenciar el área de salud mental y adicciones que forma parte de su estructura organizacional, medida que tiene como uno de sus cometidos la consolidación del equipo técnico para atender estos casos vinculados al régimen carcelario.
Oportunidades laborales en obras públicas
La ley 17.897, en su artículo 14, establece que las empresas que licitan obra pública tienen que conformar su plantilla con un 5% de personas que egresan del sistema penitenciario. Es por ello que la Dinali también trabaja en la articulación con los distintos organismos del Estado como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de forma que se cumpla esta normativa a la hora de armar los pliegos.
Además, en el mismo artículo se establece que el Poder Ejecutivo debe articular con los gobiernos departamentales al momento de contratar o licitar obra pública para que también se incluya en sus pliegos.
Esto permite que “naturalmente” las empresas que liciten para el Estado en materia de obras, reciban postulaciones de aquellas personas que conforman la bolsa laboral de la dirección coordinada por Fernández.
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