El frustrado remate de tres automóviles de lujo que pertenecían al sindicalista argentino Marcelo Balcedo, volvió a sembrar dudas sobre el sonado caso que involucra decenas de millones de dólares. Para el legislador colorado, Gustavo Zubía, los arreglos que habilita el nuevo CPP para delitos gravísimos pueden generar situaciones como ésta en que el “Estado uruguayo termina lavando dinero”.
En el año 2007 fue acusado por la justicia argentina de extorsionar a legisladores, pero la causa finalmente cayó con el tiempo. Años más tarde, se le acusó de extraer fondos de su sindicato y comprar propiedad en el exterior, entre ellas Uruguay. En ese entonces, Marcelo Balcedo ya estaba radicado en el país y viviendo en una costosa propiedad (El Gran Chaparral) cerca de Piriápolis. La justicia de Argentina solicitó su detención que finalmente ocurrió en enero de 2018.
En su mansión se encontraron autos de lujo, un pequeño zoológico y US$ 6 millones en dos cajas de seguridad. En total lo incautado llegaba a los US$ 15 millones.
A Balcedo y su esposa, Paola Fiege, se les acusó de tráfico de armas, contrabando y lavado de activos, por lo cual fueron procesados con prisión. Para el sindicalista, el fiscal solicitó 11 años de cárcel y 10 para Fiege. Sobre diciembre de 2018, se les concedió a ambos prisión domiciliaria. Paralelamente, la justicia argentina solicitaba la extradición y que todo lo incautado “fuera restituido” al vecino país.
En octubre de 2020 se llegó a un acuerdo entre la Fiscalía y los acusados, para evitar que el caso llegara a un juicio que podría demorar años. En el acuerdo se le decomisó US$ 4 millones, un chalet en Playa Verde (Maldonado), y cuatro vehículos (dos Porsche, un Chevrolet Camaro, y una camioneta Rover Ranger.
De los 11 años se le bajó la pena a 4 años y 8 meses, descontándosele la prisión efectiva cumplida, y se pasó a prisión domiciliaria por un año, y el resto con libertad especialmente vigilada. A su esposa se la condenó a 3 años (contra los 10 del primer pedido), descontándose la prisión efectiva y quedando con libertad vigilada. Los cargos: lavado de activos, un delito continuado de contrabando y un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros. Tras cumplir la pena serán extraditados a Argentina.
El insólito remate
Mediante el acuerdo, Balcedo quedó con una cantidad importante de bienes, entre ellos “El Gran Chaparral”, automóviles (una Ferrari, un Mercedes Benz modelo McLaren, una camioneta Dodge y otra Ford Raptor) y dinero en efectivo. La justicia argentina quiere que esos bienes, valorados en US$ 2,4 millones, sigan embargados.
Un nuevo capítulo de esta historia se abrió cuando llegó el momento del remate de los cuatro vehículos incautados: se vendieron en casi medio millón de dólares, pero el comprador dijo no tener dinero para pagar ni tan siquiera la seña (US$ 164 mil). Según explicó había pujado en nombre de un estanciero de Colonia, pero el dinero nunca apareció, por lo cual se radicó una denuncia penal por presunto intento de estafa. El remate se va a reprogramar.
Los fondos recaudados debían ir a la Junta Nacional de Drogas, y al respecto, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en Twitter que “los bienes decomisados a los criminales por sentencia judicial pasan automáticamente al Fondo de Bienes Decomisados, cuya administración corresponde al Poder Ejecutivo. A diferencia de lo que sucede en otros países, la Fiscalía no recibe el dinero obtenido por su venta”.
“Un negocio de regateo”
El diputado Gustavo Zubía (Partido Colorado) ha sido muy crítico al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que permite llegar a un acuerdo como el alcanzado entre Balcedo y la Fiscalía. Dijo que estaba “sorprendido” por lo ocurrido con el frustrado remate, en lo que calificó como una parte de “uno de los casos más sonados de los últimos tiempos”.
En declaraciones a La Mañana sostuvo que el CPP lo hicieron “muy complicado” lo que impide que los casos terminen en un juicio, por lo cual se llega a los arreglos entre la Fiscalía y los acusados, lo que se denomina “proceso abreviado”.
“Este proceso de justicia tiene poco, pero es ágil y rápido. Se llega a un acuerdo en media hora. El acusado ofrece una fórmula donde el dinero está muchas veces presente y rápidamente se dicta sentencia, con descuentos en la pena. Es un regateo entre el fiscal y el abogado del indagado, donde se incluye la tipificación del delito, la pena y la indemnización que el acusado debe pagar. En todo esto el juez no participa, y le terminan llevando el convenio, que lo aprueba en casi el 100% de los casos”, sostuvo Zubía.
En este sistema se incluye el caso Balcedo. El legislador recordó que “el primer fiscal pidió 11 años de prisión para el sindicalista, la incautación de todos los bienes, y lo llevó a juicio. Después llegaron otros fiscales y Balcedo decidió llegar a un acuerdo. Se cambió el proceso oral por un proceso abreviado, bajando la pena a prisión domiciliaria, lo cual es muy benigno. Y en los bienes, el Estado uruguayo incautó una parte y el resto se los devolvió”.
Para el exfiscal, el nuevo CPP lleva a que la justicia se transforme “en un negocio de regateo, que no estaría mal en delitos menores o de bagatela, pero se extendió a delitos gravísimos. Los mayores delincuentes, como los que cometen delitos de estafa o lavado de dinero, se ven beneficiados con este sistema. Ahí está el gran drama”.
Acotó que en el caso Balcedo la situación determinó que el Estado uruguayo terminara “lavando dinero”, porque le devolvió al acusado bienes comprados con fondos que la justicia argentina dice que son producto de la corrupción. Esos bienes ahora están fuera de sospecha sobre con qué dinero se adquirieron, por lo menos para el Estado uruguayo, y pueden ser vendidos sin ningún inconveniente.
Al comentar lo publicado en Twitter por parte del fiscal de corte, Jorge Díaz, sobre que el dinero de lo incautado no termina en la Fiscalía, como sucede en otros países, Zubía dijo que si lo que se recauda por este tipo de acuerdos terminara en la Fiscalía “la situación se volvería aún más compleja”.
“Esto teóricamente es muy loable, pero si ocurriera así, que el dinero recaudado por este tipo de acuerdos termine en las arcas de la Fiscalía, generaría una ola de sospechas sobre el actuar de los fiscales. Se transformaría en una especie de empresa privada que termina acordando por una suma de dinero, que termina en sus propias arcas”, manifestó.
Un proyecto presentado por el diputado Zubía para modificar la composición de la Fiscalía (con la creación de un triunvirato, en vez de un fiscal general) se encuentra en la Comisión de Códigos de la Cámara Baja. El legislador reconoció que su iniciativa no tuvo el apoyo del presidente Lacalle Pou.
Fallo favorece a Miguel Toma quien afirma que el Poder Ejecutivo “está violando los DDHH”
En comunicación con el medio radial el exjerarca aseguró que “el Poder Ejecutivo está violando los derechos humanos” y que continuará “con acciones ante la justicia y llevará el caso ante tribunales internacionales”.Según información difundida por radio Sarandí, el fallo del juzgado letrado en lo contencioso administrativo de 4to turno establece suspender la ejecución del acto en vía administrativa y mandar a la Administración a que instruya la petición de recusación respetando el debido procedimiento. Se aclara que esto no implica la suspensión del sumario en curso sobre Toma.
En la sentencia se indica que Toma “fundamenta como derecho constitucional conculado (sic) el debido proceso, así como la inexistencia de otros medios alternativos eficaces en orden a la tuicion (sic) requerida atento a que la recusación es un instituto depurador que apunta a extraer del proceso al agente que contamina la imparcialidad como supremo valor en la actuación administrativa”.
En comunicación con el medio radial el exjerarca aseguró que “el Poder Ejecutivo está violando los derechos humanos” y que continuará “con acciones ante la justicia y llevará el caso ante tribunales internacionales”.
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