Mientras prosigue su curso el proceso de sumario contra el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, se agrega el desarchivo de la investigación por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y un expediente de carácter reservado enviado por Presidencia. La defensa de Toma criticó duramente al presidente Lacalle Pou al que acusan de «persecución política», aunque la Federación Latinoamericana de Fiscales lo descartó.
«Estamos estudiando una documentación que nos ha llegado con referencia a la primera denuncia», que involucra los viajes de Toma al exterior, dijo a La Mañana la presidenta de la Jutep, Susana Signorino. Esa primera investigación había sido desarchivada y ya pasó a la asesoría letrada.
Por otra parte, Signorino confirmó que Presidencia de la República envió otro expediente con carácter reservado, el cual es manejado, directamente, por el directorio de Jutep. Se analizan las denuncias que están en el mismo y, luego, se decidirá si, como el primero, pasa a la asesoría letrada.
Toma, quien fue secretario de la Presidencia durante el período 2008-2010 y 2015-2020, recurrió a comienzos de enero a la Federación Latinoamericana de Fiscales, señalando que era un «perseguido político».
Solicitaba el apoyo de dicha federación, ya que el sumario iniciado es para destituirlo de su cargo de fiscal de Gobierno. Sin embargo, la gremial latinoamericana decidió calificar como «improcedente» el pedido de intervención, ya que su accionar se basa en la defensa de los fiscales de presiones de tipo político, sindicales o cualquier otra naturaleza y entienden que, posiblemente, el caso termine en los estrados judiciales, lo que lleva aún más a que no se deba realizar un pronunciamiento.
Ya en el recurso de revocación de su sumario, que sigue en curso, Toma critica duramente al presidente Lacalle Pou. El recurso fue presentado por su abogado, un especialista en Derecho Público, el doctor Daniel Ochs Olazábal, quien en el pasado ya se había cruzado en la vida de Toma cuando fue contratado por el Poder Ejecutivo en la última administración de Tabaré Vázquez.
En el comienzo del recurso presentado ante Presidencia, llama la atención que Ochs mencione al nazismo. «Tenemos acordado como parámetro de convivencia política algo fundamental: que todo el aparato del Estado y, fundamentalmente, sus funcionarios dirigentes, están tan sometidos al Derecho objetivo como los particulares. Es la idea trasuntada por la «norma pórtico» del artículo 1 de la Constitución alemana, de 1949, cuando se erige al poco tiempo de la tragedia nazi, a modo de compromiso con los derechos humanos».
El abogado de Toma sostiene que «rechina con el Estado de Derecho que existan sujetos que piensan que están por encima de la normativa». Agrega que el presidente Lacalle Pou, en varias ocasiones, se refirió al caso emitiendo juicios valorativos, por ejemplo que «el señor Toma no me merece ninguna confianza». Se agrega que la difusión de los detalles de la investigación se realizó a diario por los medios de comunicación. «Todos los días un sufrimiento intenso del Dr. Toma, pero lo más importante, su familia devastada por esa mediatización inmisericorde». Para Ochs «el Poder Ejecutivo carece de competencia para reprimir presuntas faltas funcionales» de Toma cuando era secretario de la Presidencia.
En el escrito se recuerda el accionar de Toma en varios juicios internacionales, que ganó el Estado, entre ellos Phillip Morris, Conecta S.A, Montevideo Gas, Aratirí y los juicios por el Plan Cóndor. Con un detalle: para el juicio de Conecta S.A. (por la distribución de gas por cañería en el interior) y para el de Montevideo Gas, Ochs Olazábal fue contratado como asesor del Poder Ejecutivo, siendo por ese entonces el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.
El abogado finaliza su escrito diciendo que «si no se quiere expresar públicamente el agradecimiento que todos los uruguayos deben al Dr. Toma, por su destacada actuación en todos esos procesos, que no se le moleste, denueste o persiga». En medio de estas investigaciones, para el abogado de Miguel Ángel Toma, el «pueblo uruguayo debería agradecerle» lo realizado en su gestión y dice que no se le puede sumariar como fiscal de Gobierno, porque los supuestos hechos ocurrieron cuando ocupaba el cargo de secretario de la Presidencia.
Desde Presidencia se rechazaron estas argumentaciones, señalando que “las afirmaciones expresadas por el funcionario sumariado deshornan a la administración a la que pertenece, realizando aseveraciones absolutamente falsas sobre el accionar del Poder Ejecutivo” y que las acusaciones constituyen «para un funcionario de su jerarquía dependiente de dicho poder del Estado, una conducta impropia, indecorosa y de la más absoluta falta de ética».
Pedido de informes reveló gastos en viajes
La investigación sobre el accionar del exsecretario de la Presidencia se centró en viajes realizados al exterior en compañía de una contadora, Giuliana Pérez, la cual viajaba en calidad de asesora. Un pedido de informes del diputado colorado, Felipe Schipani, reveló que en uno de los viajes a Europa, más concretamente a Roma, en diciembre de 2019, Toma gastó junto a su asesora US$ 9.000 en pasajes (US$ 6.798 por parte de Toma, y US$ 2.195 por la contadora Pérez).
Estos fueron pagos por Presidencia, al igual que los gastos del hotel. Ambos se hospedaron en el exclusivo hotel cinco estrellas Ambasciatori Palace de Roma. Pérez gastó en el alojamiento de cinco días 194 euros (unos US$ 1.170), mientras que el gasto de Toma fue de 229 euros por día (US$ 277), y llegó a gastar 259 euros por día en el restaurante del hotel (US$ 313).
Giuliana Pérez integraba la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Ambos viajaron juntos, por los menos en tres ocasiones, al exterior. Dos viajes a Roma en el marco de los juicios por el Plan Cóndor y a Washington por el juicio de la minera Aratirí.
Proyecto propone destinar US$ 3.7 millones para la búsqueda de desaparecidos
La Comisión de Presupuesto del Senado aprobó, con el voto contrario de Cabildo Abierto, los fondos que recibirá el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) durante el presente período de gobierno. Esta dependencia estatal obtiene sus fondos del presupuesto del Senado de la República.
Dentro del proyecto de presupuesto se destina para la «búsqueda de detenidos desaparecidos» un presupuesto anual de $ 32.5 millones (unos US$ 766 mil) para cada uno de los años 2021, 2022 y 2023, y se eleva a $ 65 millones (US$ 1.5 millones) para el año 2024. La explicación de esta duplicación en 2024, es que la mitad será una partida asignada para 2025. La asignación total para el período será de $ 162 millones (unos US$ 3.7 millones).
También se establece una partida de $ 1.5 millones (US$ 25 mil) para la creación de Sitios de la Memoria, Ley 19.641 de 2018, la cual establece «recordar y reconocer lugares donde las víctimas del terrorismo o de acciones ilegítimas del Estado sufrieron violaciones a sus Derechos Humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales».
Durante el tratamiento del proyecto, Guillermo Domenech, senador por Cabildo Abierto, dijo «nuestro partido la entiende absolutamente innecesaria (al referido instituto), ya que la defensa y protección de los Derechos Humanos es algo que está ínsito en la naturaleza del Poder Judicial. Eso es cuanto quería decir respecto a la institución, en términos generales». Acotó que, con respecto a la ejecución de sus proyectos «ha tenido una actuación absolutamente sesgada, que no ha contemplado los Derechos Humanos de la totalidad de la población del país».
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