La situación de los centros de reclusión en Uruguay sigue siendo crítica. Al mes de abril de este año, la cantidad de personas privadas de libertad se ubicó en 15.651. Si se toma como base marzo de 2020, fecha en que asumió el actual gobierno, la cantidad de reclusos se incrementó en 3862, ya que para esa fecha se encontraba en 11.789. Del total, 14.413 son varones y 1238 mujeres, en 26 unidades. Hay privadas de libertad 59 mujeres con sus hijos (62 niños) y 12 embarazadas.
Existen en “arresto administrativo” 12 personas, aquellas que están en vías de ser extraditadas por delitos que cometieron en otros países. La mayoría de los privados de libertad tienen entre 25 y 29 años (24,5%). Hay otros sectores que han crecido: el de los adultos mayores. La mayoría ingresan por delitos sexuales. Incluso se dio el caso de una persona de 82 años que ingresó a la cárcel y murió ese mismo día. El preso de más edad tiene 91 años, está en la cárcel de Las Cañitas, en el módulo 11. Se trata de una persona enferma con arteriosclerosis que mató a un sobrino.
El último informe del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) señala que hay 13.071 plazas disponibles. Por lo tanto, faltan 2580, lo que lleva la densidad a 119,7%. Pero dentro del sistema hay situaciones mucho más críticas. Por ejemplo, en el pabellón 3 del ex-Comcar la capacidad es para 380 reclusos y hay 774, o en el módulo 2 de la cárcel de Canelones y la de Artigas, la sobrepoblación llega al 200%. Se proyecta la construcción de 2120 nuevas plazas. Desde el año 2020 a la fecha se han construido 1335 nuevas y hay 612 en construcción o remodelación.
La Unidad n.º 5 (para mujeres) es para 470 personas y tiene 773 (en 2020 había 365). La Unidad n.º 12, Cerro Carancho, en Rivera, es para 481 y tiene 791. La unidad de Maldonado es para 691 y tiene 1125. La Unidad n.º 20, en Salto, es para 329 y tiene 463. La Unidad n.º 21 de Artigas, es para 126 y tiene 263 reclusos. Para todo el sistema hay 51 psicólogos y 22 trabajadores sociales.
Muchas de las cárceles se están ampliando y en otras se han realizado convenios de educación, por ejemplo con UTU. Otra experiencia interesante sobre este tema es la cárcel de Libertad. Ahí hay un centro universitario de la Udelar con 22 privados de libertad que están estudiando. En total hay 160 estudiantes cursando carreras universitarias que se encuentran en cinco centros de reclusión.
Cada recluso cuesta mil dólares por mes
Sobre la alimentación, el promedio es de unos 80 pesos por preso por día, con un costo total de unos 12 millones de dólares para este año. La empresa Cook Master, que brinda alimentación a centros de detención en Argentina presentó una propuesta para hacerse cargo de la alimentación en las cárceles uruguayas que está a estudio. Pero también se ha cuestionado el gasto y la efectividad del funcionamiento del sistema penal: cada privado de libertad en Uruguay cuesta 40 mil pesos por mes, unos mil dólares. A decir del senador Daniel Caggiani (MPP), “si tuviéramos esa política de transferencia focalizada en los sectores de mayores necesidades insatisfechas durante 12 años, para que la persona que nace pudiera tener una trayectoria educativa, sería un gasto que tendría un resultado mucho mayor”.
En cuanto al trabajo, 5437 personas privadas de libertad (34% del total) realizan actividades laborales y se desglosan de la siguiente manera: 4809 varones, 618 mujeres y 10 personas transgénero.
Atendidos por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, hay unas 8000 personas en un régimen de libertad vigilada o a prueba y 1148 personas que están en prisión o arresto domiciliario. De estas 600 a nivel nacional están con tobillera.
“Más cárceles no es la solución”
En Uruguay, hay aproximadamente 454 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes, el índice más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo. En una reciente comparecencia en la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, de la Asamblea General, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit señaló que “la solución no es hacer más cárceles”, más allá de nuevos módulos o modificar las existentes. “Obviamente, la cantidad de población puja a que haya más plazas, más cárceles, pero no es la solución. Ese no es el camino porque, además, el país no tiene capacidad financiera ni técnica para poblarlas con técnicos y operadores penitenciarios”, señaló. Y acotó: “Vamos a construir cárceles hacinadas, sin tratamiento y con focos delictivos”. La solución que plantea es un plan estratégico, “un gran acuerdo, un gran consenso y una línea estratégica de una política pública con otra institucionalidad”.
Otro aspecto en consideración es que el 40% de la población carcelaria (unas 6000 personas) se encuentra en muy malas condiciones. Petit señaló que dentro de ese núcleo hay otro, más duro todavía, en el área metropolitana, de unas 3000 o 4000 personas, cuyas condiciones de vida dentro de los penales están marcadas por “manipulaciones, abusos, extorsiones, mala convivencia, malos hábitos e impactos en la salud mental”. “La cárcel no es un lugar externo, sino un barrio más de la sociedad; de ahí, pues, su impacto en la seguridad y salud públicas”, sintetiza Petit.
Reincidencia del 70% de los liberados
Se debe tener en cuenta que todos los días 32 personas recuperan la libertad. 12 salen del ex-Comcar y una persona por día del ex Penal de Libertad. Pero ingresan cada 24 horas más de las que salen.
La reincidencia es otro tema preocupante. El coordinador de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas, Diego Sanjurjo, señaló que si tomamos como base todas las personas que fueron liberadas de la cárcel desde el 1° de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 “vemos cómo vuelven al sistema penitenciario por haber cometido un nuevo delito”. Desde ese año y hasta 2023, ese porcentaje se estabilizó en un 70%. Es decir que el 70% de las personas privadas de libertad a los 4 años ya volvió a prisión por un nuevo delito.
“Esto nos habla en gran medida de un fracaso. Es un fracaso porque además las personas que no reinciden son personas de mayor edad, mayores de 45 años, que por un tema biológico ya casi no tienen mucho interés en seguir delinquiendo”, y sí lo hacen los más jóvenes, señaló Sanjurjo ante los legisladores. A esto acotó que por ejemplo en Berlín, Alemania, el porcentaje de reincidencia es de tan solo 30%.
“Mucho dinero, malos resultados”
Se estima que el 60% de la población carcelaria se encuentra con penas de hasta 24 meses. En cuanto a este punto los datos son variados. La Suprema Corte menciona unos 9000 y el INR de más de 7700.
La doctora Ana Vigna, especialista en materia carcelaria y contratada por el BID para hacer un estudio sobre la situación en Uruguay, llegó a la conclusión de que el país “tiene los niveles más altos de prisionización de América del Sur, invertimos mucho dinero en el sistema penitenciario, pero obtenemos malos resultados, y eso tiene que ver con los niveles de prisionización. Efectivamente, surgió de modo muy amplio en los talleres, incluso de parte de los propios operadores del sistema, el recurso casi automático de privación de libertad como respuesta ante el delito; entonces, tenemos que fortalecer las medidas alternativas”. En esto coincide con el comisionado parlamentario. Sobre este particular, Petit señaló que “penar con cárcel delitos que no son de gran entidad, genera que tengamos un sistema infinanciable y que no puede dar tratamiento. Un 40% de las personas presas tiene penas de menos de 2 años y un 20% penas menores al año, en números redondos. Esto muestra que si tuviéramos un sistema de sanción penal potente, con redes de seguimiento comunitarias, con control y asistencia social, tendríamos menos hacinamiento y, por lo tanto, mejores posibilidades de rehabilitar y controlar a los casos de delitos más graves”.
Petit señaló que el proyecto de ley de prisión domiciliaria a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados es un “paso positivo, una norma correcta”. Sostiene que tras tres años de tratamiento de la iniciativa se “da una señal en favor de formas más eficientes y humanas de sanción penal en casos específicos de vulnerabilidad de las personas, ya sea por causas excepcionales como por situaciones vitales como el embarazo, la edad avanzada o los problemas serios de salud”.
El proyecto permite la prisión domiciliaria, tanto durante la aplicación de prisión preventiva, como cuando la persona sea condenada, en diversas situaciones de vulnerabilidad de la persona sometida a sanción penal. Se incluyen circunstancias familiares o especiales que hicieran perjudicial la internación en prisión, el embarazo desde el quinto mes, graves problemas de salud, los 65 años o una enfermedad incurable en período terminal. También grave discapacidad incompatible con la vida en prisión, cuando sea una madre que está amamantando, durante la lactancia activa y hasta los dos años del lactante, cuando se trate de una madre a cargo de un niño menor de cinco años o de una madre a cargo de un niño mayor de cinco años que padeciera problemas de salud o no tuviera otra persona que se hiciera cargo de él, o cuando fuera una persona en situación de discapacidad y no tuviera otra persona que se hiciera cargo de él.
De esta manera surge “prisión domiciliaria asistida”, o sea una sanción que “debe ser asistida por los servicios penitenciarios y sociales correspondientes que aseguren la finalidad reeducativa y socializadora de la pena”.
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