El proyecto de Rendición de Cuentas establece partidas para programas educativos y laborales destinados a las personas privadas de libertad. El Ministerio del Interior destacó los avances en todos los ejes del Plan Dignidad, pero la oposición consideró insuficientes los recursos asignados para el INR.
En el marco de la discusión del proyecto de la Rendición de Cuentas, el Ministerio del Interior informó a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que 2021 finalizó con 13.835 personas privadas de libertad (PPL) tras alcanzar un máximo de 14.028 en noviembre; aunque esa cifra aumentó durante 2022, superando las 14.500.
Desde la cartera destacan el avance del Plan de Dignidad Carcelaria implementado en el ámbito del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) basado en tres ejes fundamentales: edilicio, educativo y salud e inclusión.
En lo edilicio, resaltaron que se continúan realizando acciones para reacondicionar todas las plazas en las unidades penitenciarias, en las que se trabajó para aumentar la disponibilidad y mejorar los sistemas de monitoreo y videovigilancia, incorporando nuevos sistemas operativos y dispositivos. En este eje de mejoras, subrayaron los trabajos en proceso en el Módulo 1 de la Unidad 4 “Santiago Vázquez” y su nuevo sector de pre‐sección; la inauguración del primer piso de la Unidad 9 “El Molino”; tres sectores en la Unidad 13 “Las Rosas”; tres del sector femenino de la Unidad 21 de (Artigas); la relocalización de la Unidad 25 “Flores”, y también el estreno del Polo Logístico de la Unidad 26 de Tacuarembó.
Construcción de nuevas unidades y plazas en el interior
Debido al aumento de la población carcelaria en Uruguay, se proyectó la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en Libertad, Tacuarembó y Artigas.
El ministerio recalcó que en 2021 se comenzó el estudio para realizar un llamado internacional a licitación de Participación Público Privada (PPP) para la construcción de tres nuevos establecimientos de reclusión en la ciudad de Libertad para albergar a 1.480 PPL, repartidas en un centro con 20 plazas destinadas a arrestos administrativos (personas extraditables), un centro con 30 plazas destinadas al sector de admisión y evaluación, y con áreas comunes a las tres unidades para talleres y atención de salud.
Desde la cartera de Interior aseveran que esta obra “permitirá reducir el hacinamiento de la población de seguridad media‐alta que se da en nuestro sistema penitenciario”.
A estas obras se suma la nueva Cárcel de Tacuarembó (en construcción) y el procedimiento licitatorio para la construcción de la nueva Cárcel de Artigas. En Tacuarembó y Artigas se va a trasladar la cárcel desde el centro de la ciudad a un predio rural con cercado perimetral en las afueras de estas. En el caso de Tacuarembó, se construirán 150 plazas nuevas, e instalaciones para cocina, comedor y visitas y se estima que la obra esté finalizada en octubre del presente año. Por su parte, en Artigas se invertirá en un establecimiento para 264 internos con cocina, taller, salas de visitas y área de esparcimiento, que se iniciará en 2022 y se finalizará en 2023, proyectaron. El costo de la obra de la Cárcel de Tacuarembó será de US$ 1,6 millones. En tanto, en Artigas el costo del nuevo establecimiento rondará los US$ 7,4 millones, anunciaron.
En ese sentido, el art. 132 del proyecto aprobado en Diputados asigna, en el Inciso 04 «Ministerio del Interior», una partida presupuestal por única vez de $ 202.000.000, para la construcción de un establecimiento carcelario en el departamento de Artigas. En tanto, el art. 133 autoriza a la Contaduría General de la Nación a habilitar los recursos necesarios para construir nuevas plazas en la cárcel de Treinta y Tres.
Educación, rehabilitación y trabajo en cárceles
Por otra parte, en el inciso relativo al Ministerio de Educación y Cultura, el art. 237 asigna una partida anual de $ 300.000 al programa “Acceso a la Educación”, y otra partida anual de $ 4.700.000, con destino al Plan Nacional de Educación en Cárceles.
Estas partidas apoyan las líneas de acción del Plan de Dignidad Carcelaria en el eje educativo. El ministerio destacó que durante 2021 se avanzó en lo relativo a garantizar la accesibilidad a la oferta educativa. La Secretaría de Estado comunicó que un 84,7% de las PPL accedieron efectivamente a los cursos en que estaban inscriptos.
Además, destacaron que el componente laboral se vio especialmente fortalecido en 2021 con la inauguración del Polo Logístico de la Unidad 26 y con los acuerdos de participación de PPL en emprendimientos del Programa de Desarrollo Empresarial Sustentable, complementado con un convenio con la Intendencia de Montevideo para acceder al Carné de Manipulación de Alimentos.
Asimismo, subrayan el lanzamiento del Plan Nacional de Educación en Cárceles y que se inició la ejecución del programa “Tomar la palabra”, con el apoyo de UNESCO Corea, orientado a disminuir el analfabetismo en la población privada de libertad. A su vez, en materia de salud, se pretende continuar mejorando las prestaciones existentes y, desde el ministerio, se recalca la formulación del Programa de Uso Problemático de Drogas y un proyecto específico para la investigación y abordaje del consumo problemático de drogas de la población transexual privada de libertad.
En tanto, el art. 456 de la Rendición de Cuentas autoriza al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario a solicitar el pase en comisión de hasta quince funcionarios públicos, de acuerdo a lo establecido por el art. 32 de la Ley 15.851.
En lo laboral se destaca la creación del “Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad”, con la finalidad de fomentar el trabajo y la rehabilitación, a través de emprendimientos productivos dentro de las unidades penitenciarias.
El plan creado permite la posibilidad de comercializar bienes o servicios, dentro de un marco de formalidad, estableciendo un régimen de aporte especial unificado denominado “Aporte Social Único de PPL”, como prestación unificada que sustituye las contribuciones a la seguridad social y los impuestos nacionales vigentes, excluidos, que gravan la importación. El desarrollo de los emprendimientos productivos les permitirá a las PPL contar con todos los derechos de su afiliación al sistema de seguridad social, le aportará recursos para su uso personal y el de su familia durante la reclusión y le generará una cuenta de ahorro en el BROU con los recursos indisponibles hasta que recupere su libertad. Interior anunció que el plan está siendo implementado desde 2022 y que “la consolidación y profundización de las directrices principales de este paradigma supone el conjunto de desafíos a continuar trabajando”.
Informe en minoría considera que es urgente aumentar plazas y recursos
En el capítulo sobre Seguridad Ciudadana y Defensa, los representantes del Frente Amplio (FA) consideraron que la problemática de las cárceles merece una “atención especial” debido al “hacinamiento creciente”. Entienden que la situación del sistema penitenciario es “alarmante” y que esta rendición de cuentas “no da respuesta”.
“El Comisionado Penitenciario informa que el sistema penitenciario está desbordado, con 135 reclusos cada 100 plazas disponibles, y que hoy se requieren con urgencia unas 4.000 nuevas plazas para frenar el hacinamiento y hacer posible una rehabilitación, que contribuya con la seguridad pública en el futuro”, expresa el informe, y agrega que “también es urgente aumentar la cantidad de operadores penitenciarios, que son quienes trabajan para la rehabilitación, así como mejorar sus condiciones de trabajo”. Por este motivo, sostienen que “es evidente que se requiere un aumento significativo de los recursos destinados al INR” y lamentan que en esta Rendición no se asignen.
Respecto a la construcción de nuevas unidades penitenciaras, el informe de la oposición expresa que “luego de variadas propuestas presentadas por el gobierno para la construcción de cárceles: Venta de inmuebles en el presupuesto nacional, constitución de un fideicomiso, Contratos de Construcción Carcelaria, o refuerzos de rubro que se han comprometido varias veces; nada de esto se ha concretado”. Advirtieron que en esta rendición de cuentas sólo se plantea una “muy modesta asignación” para la construcción de la cárcel de Artigas, y la posibilidad de una eventual construcción a través PPP, sin dar mayores detalles. Respuesta que “no está a la altura de la magnitud, ni de la urgencia del problema”, indicaron desde el FA.
El Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit presentó un documento a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto de las cárceles de cara a la Rendición de Cuentas, en el que planteó que el presupuesto asignado a las cárceles debería aumentar un 20%.
Por otra parte, Petit aconsejó que para “fortalecer al INR en su gestión y cometidos” sería bueno contar con “una Comisión de Seguimiento del Gasto Penitenciario” la que, según el comisionado, debería reunir dos veces al año a los organismos involucrados “para analizar necesidades, respuestas posibles, innovaciones y nuevos temas a encarar, para así evitar que el INR sea un organismo pobre y por momentos dependiente de otros organismos, y modernizar el gasto y el modelo penitenciario”.
“La eficacia del sistema penitenciario, su rehabilitación, tiene relación directa con la baja de la reincidencia”, aseveró. Pero “tenemos la inseguridad que tenemos debido al sistema penitenciario que tenemos, pues más de 60% de los liberados reincide”, dijo.
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