Uno de los principales capítulos en el Programa de Gobierno de Cabildo Abierto se refiere a la seguridad. Este es de los más completos vistos hasta el momento, ya que abarca diferentes aspectos en la materia, que van desde el narcotráfico hasta la protección de los centros de estudios, el sistema carcelario y la creación de un sistema de monitoreo ante catástrofes naturales vinculado a los Centros de Emergencias Regionales.
El programa aprobado por el Congreso, en su capítulo de seguridad señala que existe una emergencia nacional en seguridad pública y en adicciones. “No podemos aceptar que haya gente encerrada en la casa o en el trabajo mientras ocurren balaceras en los barrios. Perder esta libertad equivale a perderlo todo. La vida es nuestro bien más preciado y el Estado debe usar todas sus capacidades para protegerla”, señala el documento.
Se plantean ocho puntos básicos que abarcan diferentes temas, dónde se hace referencia a la “Declaración de estado de emergencia nacional en seguridad pública”. Los puntos son los siguientes: 1. Territorialidad. Despliegue y estrategia de seguridad, 2. Crimen organizado trasnacional, lavado de activos y ciberseguridad, 3. Sistema carcelario y rehabilitación, 4. Inteligencia, 5. Tecnología, 6. Protección, 7. Fortalecer los recursos humanos del Ministerio del Interior y 8. Ajustes legales
Protección de fronteras
Uno de los planteamientos es el fortalecimiento y blindaje de fronteras mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Fronteras integral, con el despliegue territorial de la Guardia Republicana, especialmente en Rivera y Rocha y “recuperar el control de las rutas”.
A nivel urbano y rural se trata de implementar una estrategia netamente preventivo-represiva. Para el área metropolitana el programa de Cabildo Abierto indica que se crearán en barrios de contexto crítico, seis comisarías o seccionales de alto impacto, “dotándolas de personal experimentado, movilidad y tecnología de detección con georreferenciación, manteniendo un patrullaje activo con un incremento de personal”.
Como parte del control territorial “se perseguirá las bocas de distribución de drogas, erradicándolas, y se creará un anillo digital con sensores y lectoras de matrículas en todas las vías de ingreso a los principales centros urbanos (Montevideo, Maldonado-Punta del Este y Rivera) registrando en tiempo real el tráfico”, De esta manera se “ayuda a prevenir el robo de vehículos y el seguimiento sincronizado de desplazamientos delictivos y casos de secuestro”. Esto también se plantea implementar en los pasos de frontera. Otra propuesta es organizar un Centro de Operaciones de Seguridad y para las Jefaturas de Policía de Montevideo, San José y Canelones se propone instrumentar un Centro Coordinador de Operaciones en conjunto.
Drones y vigilancia en centros de estudio
Una novedad que se incluye es el patrullaje con drones, tanto de día como de noche, empleándolos en las áreas urbanas en coordinación con el Comando de Sensores Remotos de la Fuerza Aérea, que ya los utiliza. Este equipamiento tiene, por ejemplo, visión nocturna.
Sobre la Guardia Republicana se considera prioritaria su presencia en Rivera, Rocha, Salto, Colonia, Durazno, Maldonado y Cerro Largo.
En vigilancia la propuesta de Cabildo Abierto consiste en “recuperar y multiplicar vigilancia nocturna en áreas urbanas y suburbanas implementando esquemas de serenazgo e integrando personal policial y militar en situación de retiro y aptos para tareas de vigilancia”. También está el incrementar la vigilancia en torno a centros educativos. Como es sabido, la violencia (inclusive de estudiantes armados) se ha incrementado.
Sobre este tema dentro del programa de Cabildo Abierto se establece que debe existir un Sistema de Detección con reporte a Centros de Operaciones Zonales y Respuesta ante eventos en las instituciones. También el implementar, en conjunto con ANEP, sistemas de iluminación de protección en centros estudiantiles y organizar un patrullaje diurno en áreas próximas para proteger el desplazamiento y concurrencia de estudiantes.
Crimen organizado y deportes
En materia de combate al crimen organizado se propone la creación de una Agencia Nacional de Protección en la órbita del Ministerio del Interior. “Esta tendrá la misión de asesorar, planificar, coordinar y supervisar las tareas de inteligencia, operaciones y logística en lo relativo a dichos delitos y auxiliar a las Fiscalías especializadas para combatir todas las modalidades de amenazas”, se dice en el documento.
Por otra parte, se sugiere el organizar Brigadas Antidrogas en todas las Jefaturas de Policía y crear las brigadas “necesarias y suficientes” en Canelones, San José, Montevideo y Maldonado. Si bien dependerán de las jefaturas, “quedarán en control operacional de la Agencia Nacional de Protección durante los operativos que se planifiquen”. Otro punto es la implementación de un plantel de perros para la detección de drogas y apoyar con estos canes todas las operaciones en rutas y vías urbanas.
Dentro del narcotráfico, sin duda, uno de los principales problemas es “la ruta del dinero”. En este sentido se promueve una Ley Anticorrupción y Mafias, crear el delito de Chantaje Civil y la figura del “informante financiero”, que monitoree el flujo de dinero, las organizaciones criminales y quienes las favorecen.
Para Cabildo Abierto la efectividad también pasa por revisar las obligaciones en materia de antilavado de zonas francas y organizaciones sin fines de lucro y de otros como los Clubes Cannábicos. Dentro de la Justicia se propone el crear una Escuela de Fiscales con énfasis en la especialización relacionada con el Lavado de Activos, crimen organizado trasnacional y ciberdelitos. En este último delito se plantea el conformar en el ámbito de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), la Agencia Nacional de Ciberseguridad con la misión de gestionar los riesgos de ciberdelitos. Otro aspecto es legislar sobre la inteligencia artificial, su empleo y aplicación en seguridad. Esto particularmente el reconocimiento facial y la identificación de placas matrículas “asegurando que los softwares a emplear no introduzcan sesgos que puedan considerarse violatorios de los derechos individuales y del adecuado tratamiento de datos personales”.
Control en espectáculos deportivos
Otro capítulo tiene que ver con los espectáculos deportivos. La propuesta de Cabildo Abierto es “establecer la presencia policial dentro de los recintos deportivos en situaciones de alto riesgo”. Esto actualmente no se realiza. Se suma el “establecer un registro de espectadores para los espectáculos deportivos considerados de mayor riesgo”, mediante datos biométricos y número de documento. O sea que previo a los espectáculos, “estos datos serán contrastable por los sistemas de control de acceso en los campos deportivos a ser designados por las Jefaturas de Policía en coordinación con las asociaciones deportivas”. Simplificando, la entrada deberá coincidir con la cédula de identidad de quien la sacó. A esto se suma que los eventos del fútbol deberán cumplir el estándar de recomendaciones técnicas y requisitos para estadios de fútbol de la FIFA, a la Green Guide del Reino Unido y a las Guías de Gestión de la Seguridad en Deportes y Eventos Mayores de Estados Unidos.
Prisión con trabajo remunerado
Sobre los centros de reclusión se propone una reestructura del sistema carcelario a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, estableciendo el trabajo de forma obligatoria. Pero será un trabajo remunerado. Sobre el mismo se indica que percibirán “un equivalente a un 60% del Salario Mínimo Nacional por sus actividades laborales”, cobrando mediante una cuenta bancaria y descontándose retenciones y asignaciones para hijos menores. Asimismo, se establecerá un cronograma de horarios y actividades educativas, de lunes a sábados, en el horario matutino. Podrán cursar y culminar primaria con acreditación de lecto escritura, secundaria, bachillerato y también educación, terciaria y universitaria.
Para el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios, la propuesta de Cabildo Abierto es implementar un plan de reforma progresiva del Instituto Nacional de Rehabilitación y “la restauración o creación de todos los establecimientos carcelarios de mínima seguridad factibles o bien la creación de nuevos”, la creación de un hospital penitenciario y de una cárcel de alta seguridad.
Se estima que el 85% de los recluidos tienen problemas con las drogas según un estudio de ASSE de 2022. Más allá de realizar “una importante reasignación de recursos” para contrataciones de profesionales e incremento de talleres, se prevé crear establecimientos especializados en rehabilitación de adictos privados de libertad, destinados preferentemente a primarios para su tratamiento.
En materia de controles en las cárceles se señala la necesidad de establecer un sistema de control estricto del ingreso de drogas a los establecimientos “ejerciendo controles escalonados y capas de seguridad para visitas y personal penitenciario”.
En materia de rehabilitación y reinserción de los liberados se propone incrementar el personal especializado de la Dirección Nacional de Libertad Asistida ampliando su presencia en todo el país.
Ante emergencias nacionales
La visión en materia de seguridad va más allá de las situaciones puntales. También tiene que ver con “emergencias y crisis”. Para esto se necesita la creación de una Agencia Nacional de Gestión y Monitoreo de Riesgos Sísmicos dentro del Sistema Nacional de Emergencias y desarrollar un sistema de alerta masivo del Sistema Nacional de Emergencias, con alertas que se brindarán a través de los celulares. Otro aspecto novedoso es crear Centros de Emergencias Regionales que estén equipados con artículos de auxilio y primera necesidad y alojamientos temporales desplegables y transportes.
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