El presidente Luis Lacalle Pou, el pasado 23 de abril en Buenos Aires, en la Fundación Libertad, expresaba lo siguiente: “Se necesita un Estado fuerte, aunque para ser fuerte no debe tener tanta dimensión. Se necesitan instituciones fuertes”.
Analicemos ahora un poco más en detalle lo dicho, porque trascienden los tradicionales conceptos de izquierda y derecha, a los cuales los partidos políticos nos tienen acostumbrados.
“Se necesita un Estado fuerte”
Es imprescindible un Estado fuerte en un país pequeño como el nuestro, donde los números macro, nuestro PBI, son ínfimos al compararlos con cualquiera de las grandes corporaciones, conglomerados de inversión o multinacionales del resto del mundo. Sobre todo, de una que, sin principios, ni leyes, ni moral, ni valor alguno por la vida ajena, nos golpea hoy más que nunca: el narcotráfico, los cárteles de la droga.
Debe ser fuerte, institucional, legal y todo lo que económicamente fuerte se pueda. Es en esta fortaleza que toda la ciudadanía encuentra su refugio, su defensa, su independencia de intereses externos, que siempre son económicos. Llámense papeleras, extranjerización de la tierra, puertos de aguas profundas o zona liberada para el pasaje de toneladas y toneladas de droga para los mercados consumidores del mundo.
El Estado tiene tres principales rubros de gastos, ellos son educación pública, salud pública y seguridad. Los tres rubros necesariamente requieren grandes dimensiones, porque llevar seguridad, salud y educación a toda la población, requiere infraestructura y personal capacitado. No existe otra manera.
Bien dice el presidente: “Sin cohesión social no hay posibilidad de gozar de la libertad individual. Es difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho”. Y esto seguramente lo suscribe también toda la oposición, todo el FA, y es cierto. El punto está en que no se puede esperar lograr uno para alcanzar el otro.
¿Qué queremos decir con esto? Que la cohesión social debe construirse al mismo tiempo que la libertad individual. No podemos declarar y fomentar que cada ciudadano haga, por ejemplo, lo que quiera con su cuerpo, decida libremente sobre su vida, si no le enseñamos las consecuencias del uso de esa libertad. Pretender pensar que quien vive en “el rancho” decida libremente si consume o no marihuana, cocaína o pasta base, sin haberle enseñado las consecuencias de esos consumos, no es hacer a la persona libre. La hacemos esclava de resultados no esperados por desconocimiento, por ignorancia. Estamos mintiendo, engañando a la población, si bajo la premisa de “soy libre hago con mi vida lo que quiero”, no educamos en la necesidad, de adquirir dos cosas fundamentales en el desarrollo integral de un ser humano libre: conocer todas las implicancias del uso de mi libertad y entender que mi libertad termina donde comienza la del otro. Más aún, debemos, al formar parte de una sociedad, necesariamente aportar al buen desarrollo de convivencia dentro de la comunidad, aceptando el compromiso de contribuir y no ser una carga.
No se puede pensar en salir de un rancho, sin educación desde el preescolar, desde el maternal, sin una salud completa, que atienda desde el embarazo el crecimiento físico mental intelectual y psicológico de cada uruguayo. Para desarrollar ciudadanos comprometidos solidaria y activamente en el desarrollo de la comunidad, deben crecer en un entorno seguro, libre de violencia familiar y social. Y todo esto, hoy en Uruguay pasa por una educación libre de drogas, que nos lleve a una salud libre de drogas y una seguridad que impida el acceso y desarrollo del consumo de drogas.
15 años de bonanza, 2005-2020, triplicaron la cantidad de presos, el 85% adictos a algún tipo de sustancia, aumentaron los suicidios, aumentaron los conflictos armados por territorios entre narcos. Llego la hora de definir qué país queremos dentro de 20 años, un Uruguay con drogas o un Uruguay sin drogas.
Esa es la pregunta que debemos hacernos, y exigir a la clase política que actúe rápido y en consecuencia con esa finalidad. Es la clase política, en última instancia el Estado, quien debe legislar y administrar rápidamente para cambiar esta situación.
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