El proyecto, con varias modificaciones con respecto al borrador original, continúa su trámite urgente y ya se encuentra en la Cámara de Diputados donde ahora se espera un tratamiento en comisión y plenario que insumiría gran parte del mes de junio.
Tras la aprobación en el Senado, la LUC deberá ser tratada por la cámara baja. Los 476 artículos tendrán un plazo de 30 días para su análisis y aprobación (o rechazo), en un trámite que insumirá su pasaje por una comisión especial de 21 miembros y después el tratamiento en el plenario.
Se abrió en la página web del Parlamento una agenda para que las organizaciones sociales interesadas en concurrir a la Comisión se puedan inscribir para realizar sus planteos. Si bien no se observa que pudiera efectuarse algún cambio significativo, si se hacen modificaciones la LUC deberá someterse a la Asamblea General que tendrá 15 días para expedirse.
El tratamiento en el Senado fue ágil y se recibieron a decenas de organizaciones sociales en un lapso de un mes. La LUC había ingresado al Senado el 4 de mayo y el 3 de junio pasó al plenario que la debatió durante tres días, en medio de un enfrentamiento en algunos capítulos entre la coalición de gobierno y la oposición (Frente Amplio), quienes no descartan un referéndum sobre algunos artículos de la ley.
Los temas dentro de la LUC son más que diversos y van desde la seguridad y la educación como ejes fundamentales, hasta otros considerados menores, pero no menos importantes, como los alquileres sin garantías, la portabilidad numérica de los celulares, la protección del espacio aéreo, la adopción de menores o el bienestar animal.
La regla fiscal
Uno de los temas que generó más polémica fue un capítulo compuesto por seis artículos y dedicado a la creación de una regla fiscal. En el mismo se establecen topes para el gasto público en función de los ingresos. Al existir un desbalance entre ambos, se genera un déficit que debe ser cubierto con deuda pública.
Durante la discusión del tema, el senador Jorge Gandini destacó que solo por concepto de intereses y capital, este año se deberán pagar 3.200 millones de dólares. Acotó que se cambió siete veces la regla fiscal creada en 2006, para adaptarla debido a que subió del déficit. «Esto fue tan grave que en febrero de 2015 se aprobó por parte del Parlamento (con mayoría del Frente Amplio) un aumento de tope de deuda, con retroactividad. El 10 de febrero de 2015 la Cámara de Diputados autorizó al gobierno a endeudarse en nueve mil millones de Unidades Indexadas desde el 1 de enero de 2014, violando la constitución de manera flagrante», dijo el legislador nacionalista.
Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Olesker señaló que en medio de la pandemia mundial los déficits a nivel global se han incrementado, acotando que «esta regla fiscal está fuera de la realidad, el mundo va para allá y nosotros vamos para otro lado».
Inclusión financiera
También existen cambios en la ley de inclusión financiera tras la votación de la LUC. El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, sostuvo durante el debate que el sistema de inclusión financiera -que obliga a los comercios a operar con tarjetas de débito beneficiando a bancos y financieras con las comisiones que cobran- no se aplica en el mundo desarrollado «pero lo hemos implantado graciosamente aquí». Recordó a Herrera que antes de las elecciones de 1958 dijo: «La cuestión ya no es entre blancos y colorados, sino entre nacionales que quieren y merecen serlo y aquellos que no son porque no quieren o no les conviene». Manifestó al cerrar su intervención: «Lamento que la multicolor no haya tenido más coraje para derogar la obligatoriedad».
Dentro de este capítulo también se votó el elevar de 4.500 dólares a 100 mil dólares los montos permitidos para las transacciones en efectivo. Al respecto, el senador Gandini manifestó que una transacción en efectivo que esté por debajo de 100 mil dólares, no la libera a que los operadores como escribanos deban vigilar si no se trata de una operación sospechosa de lavado de activos y en las escrituras se deberá establecer el método de pago.
Los votos del FA
El Frente Amplio votó algunos capítulos de la ley en su totalidad y otros parcialmente. Según un informe elaborado por la senadora Carolina Cosse y el senador Oscar Andrade, en su totalidad apoyaron lo referente a Ursea, micro y pequeñas empresas, Ministerio de Ambiente, Agencia de Evaluación y Monitoreo de Compras Estatales, Contratación Administrativa, Inac, Instituto Nacional de Bienestar Animal y Comisión de Expertos de Seguridad Social.
La mayor cantidad en artículos por capítulos no votada por el FA son: normas penales (65%), legislación sobre cambios en la función policial (63%), cambios en normas sobre estupefacientes (67%), nuevas normas en servicios de inteligencia del Estado (89%), educación (78%), normas sobre inclusión financiera (90%).
Donde la coalición de izquierda no votó ningún artículo fue en: adolescentes privados de libertad, protección del espacio aéreo, regla fiscal, servicio civil y funcionarios públicos, colonización, normas sobre derechos de huelga, arrendamiento sin garantía, portabilidad numérica de celulares, normas sobre piquetes, áreas protegidas y código civil.
La tierra y las multinacionales
Durante la discusión de cambios en las normas para el Instituto de Colonización, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, hizo referencia a la propiedad de la tierra. Del proyecto original se eliminó la posibilidad de que sociedades anónimas con acciones al portador pudieran comprar tierra.
En su intervención, Domenech señaló: «Estamos en contra de que las multinacionales, hacia las cuales se va trasladando el eje del poder político, puedan ser propietarias de tierras en nuestro país. Lamentablemente, con gran sorpresa para nosotros, se nos dijo en primera instancia que había unos cinco millones de hectáreas en manos de estas empresas y tengo un informe del Ministerio de Ganadería que señala que la superficie respecto a la cual se han aprobado excepciones es de 6.899.543 hectáreas».
El legislador sostuvo que «se ha permitido que prácticamente un tercio del territorio nacional con características agrícola ganadera, caiga en manos de las multinacionales. Somos partidarios del derecho de propiedad, pero queremos el derecho de propiedad para nuestros nacionales, que son los que están dispuestos a vivir en el país, a correr la suerte de las empresas agropecuarias -pequeñas, grandes o medianas- y dan la cara; y no estas entidades que son una creación del derecho y cuando las papas queman desaparecen sus representantes».
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