Evidentemente, la ola de homicidios en nuestro país, sumada a las rapiñas, los hurtos y los problemas de convivencia que se generan en las calles y los espacios públicos entre vecinos, comerciantes y personas sin techo, ha generado una espiral descendente de la que parece difícil salir si se continúa por la misma senda. De hecho, el exministro del Interior y actual senador blanco, Luis Alberto Heber, llegó a proponer semanas atrás que vivir en la calle sea un delito y que quienes lo hagan cumplan tareas comunitarias. Aunque no compartimos su propuesta, está claro que la situación actual exige medidas urgentes.
En esa línea el senador y candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el lunes en conferencia de prensa, manifestó que es necesario declarar el estado de emergencia nacional en seguridad. Hay que recordar que este punto ya estaba presente en el documento Compromiso por el país que firmaron todos los integrantes de la coalición en el 2019.
Ahora bien, hay que admitir también que durante los últimos años dentro de la misma Coalición Republicana se han hecho propuestas en materia de seguridad y situación carcelaria que serían fácilmente aplicables y que por diversas razones no se han ejecutado, por ejemplo, el trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad. Porque no hay que eludir de ninguna forma que el funcionamiento actual del sistema penitenciario es parte del problema.
Desde el 2020 hasta ahora, la población carcelaria ha aumentado en unos casi 4000 individuos, y como bien había afirmado Marcelo Rossal, antropólogo, investigador y docente universitario, en una entrevista para La Mañana del 19 de octubre del año pasado, “el crecimiento de la población carcelaria agrava el problema de las personas en situación de calle”. Según explicaba Rossal, “la privación de libertad es un grave problema que implica un riesgo de pérdida de lazos afectivos y de protección en la familia, razón por la cual la posibilidad de quedar viviendo en la calle y no obtener soluciones para la provisión económica es alta. Hay políticas tanto de refugio como de apoyo a liberados, pero son claramente insuficientes. El crecimiento de la población carcelaria agrava el asunto inequívocamente. Y se puede ver cómo ambos problemas corren en forma tristemente pareja. La respuesta estatal en cuanto al aumento de los cupos en cárceles y en refugios ha existido, pero no parecen ofrecer una solución al problema del desamparo. Tanto en las políticas sociales de atención a los varones jóvenes como en las políticas criminales hay falta de políticas que encaren el problema del empleo juvenil y falta de soluciones de capacitación y empleo a quienes se encuentran privados de libertad. La evolución de las personas viviendo en situación de calle en relación con personas privadas de libertad muestra una asustadora simetría”.
Se desprende de algún modo de su respuesta que el empleo juvenil y la capacitación y empleo para las personas privadas de libertad podrían ofrecer algunas ventajas, tanto para la reinserción como rehabilitación social. Además, no se puede ignorar que la reincidencia del 70% de los liberados es otra evidencia de que el sistema actual no rehabilita y no reinserta a las personas en la sociedad.
Entonces, cabe preguntarse ¿cómo afecta la experiencia de haber estado en prisión a las personas que terminan viviendo en la calle? ¿Qué se puede hacer para ayudar a quienes salen del sistema penitenciario y evitar que caigan en esa situación?
Obviamente puede haber muchas respuestas a esta cuestión, mas la propuesta de Cabildo Abierto que refiere a la implementación de trabajo obligatorio en las cárceles debería considerarse seriamente, por varios motivos que expondremos a continuación.
En el 2009 la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis) publicó en su N.º 127, un artículo de investigación titulado “¿Sirve el trabajo penitenciario para la reinserción? Un estudio a partir de las opiniones de los presos de las cárceles de Cataluña”, que fue realizado por Ramón de Alós Moner, Antonio Martín Artiles, Fausto Miguélez Lobo y Francesc Gibert Badia.
La mencionada investigación se basó en dos hipótesis. La primera, que el trabajo penitenciario tiene sobre todo una función educativa a largo plazo para las personas que tienen unas trayectorias vitales desestructuradas, estableciendo el aprendizaje de la estructuración del tiempo, de pautas de autodisciplina y colectivas como son las derivadas del trabajo en grupo y la participación en el trabajo de otras personas. Asimismo, el trabajo penitenciario constituye una experiencia generadora de valores asociados con el esfuerzo, la autonomía individual y el autosustento económico.
La segunda hipótesis es que el trabajo ocupa y estructura el tiempo y la vida cotidiana de los presos. Esto de alguna manera facilita no solo el control de los presos por parte de los funcionarios carcelarios, sino que al mismo tiempo tiene una fuerte incidencia en la mejora de la estabilidad emocional de los internos, reduciendo la conflictividad y la ociosidad.
Los datos se recabaron a través de una encuesta dirigida a una muestra de la población reclusa que trabaja en talleres de las nueve cárceles de Cataluña. La encuesta se llevó a cabo de forma presencial en los propios talleres productivos de los centros penitenciarios y permitió conocer la opinión acerca del significado del trabajo para la reinserción. Se plantearon así algunas cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué trabajan los presos?
Según las respuestas de los internos, la razón principal para trabajar fue obtener dinero. No hay que olvidar que para un gran porcentaje de la población carcelaria este es el único medio para obtener recursos económicos y así afrontar gastos como adquirir ropa, alimentos, etcétera, o bien, para enviarle dinero a su familia. Pero hay otros motivos para trabajar para las personas privadas de libertad, por ejemplo, porque es un medio para evitar el patio que, de alguna forma, es el lugar representativo del ocio y donde se generan mayormente los conflictos.
Otra cuestión planteada fue ¿para qué sirve el trabajo en talleres según los presos? De sus respuestas se desprendió que la principal compensación que recibió el recluso por el trabajo fue la expectativa de que puede propiciarle un futuro mejor. Porque aprender algo útil o aprender hábitos laborales genera per se prepararse para el futuro. También argumentaron que dicha utilidad radicaba, al mismo tiempo, en acostumbrarse a un horario para organizar su tiempo de forma efectiva en la cárcel, de cara a la inserción social. Y, de hecho, la encuesta destacó que aquellos que hacen más hincapié en aprender algo para el futuro son los más jóvenes, porque están pensando en rehacer sus vidas.
Al mismo tiempo, la mayoría de los entrevistados valoró que también fue importante para mejorar las relaciones intracarcelarias. Lo que es un factor a considerar teniendo en cuenta el gran problema y el gasto que constituye el control de los centros penitenciarios.
En conclusión, el trabajo carcelario obligatorio debería ser considerado como una prioridad por este gobierno, pues como hemos visto, su implementación solamente podría arrojar resultados positivos. Efectivamente, no solo ofrece la posibilidad a las personas privadas de libertad de que puedan vivir más dignamente dentro de los centros penitenciarios, sino que puede posibilitar una vez recuperada libertad una mejor inserción social.
De todos modos, queda mucho por hacer en lo que refiere al crecimiento de la economía uruguaya y su relación con la ampliación mercado laboral nacional, para darle cabida a todas aquellas personas que buscan empleo. Este es el desafío. Y esto está ligado en buena medida a deficiencias de nuestro sistema educativo. Pues como bien expresa el economista Julio de Brun en entrevista con La Mañana en esta edición, “Al no tener Uruguay un sistema educativo que forme mano de obra en el volumen y calidad que requieren hoy los procesos productivos, dada la demanda externa, inmediatamente se tiene una presión muy fuerte sobre los costos y eso quita competitividad. Creo que este es el factor clave por el que cada vez que vivimos unos años de relativa expansión encontramos un freno en nuestra capacidad de crecimiento, y la contrapartida es un crecimiento de los costos, o sea, el atraso cambiario”.
En definitiva, un país que no logra ser competitivo es un país en el que los problemas sociales seguirán replicándose. Y ese parece ser otro factor por considerar si queremos resolver el tema de la inseguridad.
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