El pasado 18 de mayo conmemoramos hechos históricos constituyentes de nuestra nacionalidad como la Batalla de las Piedras y de manera que pasó casi desapercibida se honró a los cuatro soldados asesinados mientras hacían guardia en la puerta de la casa del entonces comandante en jefe del Ejército, también un 18 de mayo, pero de 1972.
La violencia desatada a comienzos de la década de los 60 por grupos ideológicamente de tendencia marxista tuvo alrededor de 100 víctimas mortales, sumadas a rapiñas, secuestros y otros delitos que causaron el terror en nuestro país, que disfrutaba una democracia plena y no estaba espiritualmente preparado para enfrentar a quienes habían elegido el atajo de la violencia para imponer su programa político. Fuimos impulsores de la ley de reparación moral y económica a víctimas de dichos latrocinios, presentando un proyecto de ley del que fuimos miembros informantes en el Senado de la República y que culminó con la promulgación de la Ley 20.193 de 24 de agosto de 2023.
Lamentablemente, nuestro proyecto original fue modificado en Cámara de Representantes, poniéndose acento en la reparación material de las víctimas, lo que desdibujó la reparación moral, que es la que contribuye a perpetuar la verdadera dimensión política de los hechos. De todas formas, nada se ha cumplido de la ley aprobada y la historia de los hechos que se narra por los victimarios o sus partidarios distorsiona la realidad, generando opiniones equivocadas sobre un acontecer que tuvo consecuencias muy dolorosas para las víctimas de la contienda y muy adversas sobre la institucionalidad de nuestro país.
Lo grave es que se pretende contar la historia de esos años tergiversando los hechos y entronizando a los responsables de la violencia desatada como medio de acción política en la calidad de héroes, invisibilizando a sus víctimas, y a quienes los combatieron por imposición de un Parlamento democrático como sistemáticos violadores de los derechos humanos.
La revisión de la historia reciente se impone para que las generaciones futuras, con independencia de criterio, puedan determinar el grado de responsabilidad que a cada uno de los actores de dichos hechos le pueda corresponder. Es evidente que, tal como se pretende contar la historia reciente, se han ungido héroes con pies de barro, desde el momento que fueron responsables de años de violencia extrema, desatando actos terroristas que se pretenden ocultar o indebidamente justificar. En el mismo sentido se han sembrado decenas de placas de la memoria que distorsionan la historia, mientras que no se ha hecho la debida justicia no solo a Pascasio Báez, Jaime Oroza García, Pascual Guidet, Hilda Quirino y otras tantas inocentes víctimas de un insano terrorismo marxista, sino que se oculta su martirologio y se desprecia así su dolor y el de sus familiares. En definitiva, parecería que hay muertes que deben recordarse y honrarse y otras que carecen de interés y no merecen ser recordadas. Paradójicamente, estas últimas corresponden a un peón rural, un conductor de ómnibus, un pequeño comerciante, una limpiadora y un simple empleado, todos ellos ajenos a cualquier militancia política, fueron inmolados por quienes apostaron a imponer su ideario político por la fuerza de las armas a despecho de una institucionalidad democrática que permitía el acceso al poder por medios pacíficos.
A la misma hoguera de violencia se arrojó a la Policía y a las Fuerzas Armadas, que debieron intervenir por mandato de un gobierno democrático, para frenar a los grupos armados que actuaban en la República con finalidad política, sufriendo la muerte de muchos efectivos que fueron casi en todos los casos emboscados y ultimados en situación de objetiva indefensión. A estos, salvo el caso anotado, también se los ha ignorado, como si su muerte no mereciera el recuerdo de situaciones que no deberían reiterarse y sus deudos no merecieran reparaciones.
Nos preguntamos, como nos manifestara un familiar de estas víctimas, si es admisible que el asesino de su pariente cuente con la inscripción de su nombre en un monumento que honra la memoria del victimario, mientras su víctima es ignorada en su martirologio por una sociedad engañada. Como se dice habitualmente, una verdad a medias no es sino una inaceptable mentira.