Cualquier acción a desarrollar en sociedad, ya sea económica, como deportiva o religiosa, y por supuesto la acción política, requieren la coordinación de elementos materiales y humanos. La acción política requiere especialmente de manera muy importante recursos humanos y el partido de gobierno, que no es sino la manifestación vernácula de una corriente de pensamiento y acción política dirigida a destruir la civilización occidental y cristiana para sustituirla por un modelo impulsado por grandes grupos económicos que pretenden la dominación global, impulsando la ideología de género que desprecia la importancia de padres y madres como soporte y autoridad de la familia, que rechaza el matrimonio y la maternidad, a la que pretende devaluar, que impone la bancarización obligatoria a efectos de controlar económicamente a las personas, estimula la destrucción de las economías agropecuarias bajo el pretexto de frenar el cambio climático, alienta el animalismo exagerado que pretende igualar a personas y animales, degradando indirectamente al ser humano con el falso pretexto de la defensa de los animales, promueve una vertiente del feminismo que propone el odio a la masculinidad, propone el rechazo de la religión, etc.
Para promover estas políticas, que por defecto o por exceso degradan nuestra sociedad, se ha advertido que la comunicación a través de los grandes medios, ya sean estos radiales, televisivos, impresos o informáticos, es de fundamental importancia. Por lo que ponerlos al servicio de la acción política es un objetivo claro. El partido en el gobierno, que no es sino una expresión local del globalismo antioccidental imperante, ha tomado conciencia de la importancia de una comunicación que moldea los cerebros y los prepara para el adoctrinamiento político, más vale no referirse a la enseñanza a la que se la ha utilizado sin escrúpulos.
Hace tiempo que en nuestra sociedad se ha advertido que los protagonistas de la información, en muchos casos, son travestidos promotores de la acción política, cuando no, propagandistas desembozados del partido que hoy está en el gobierno. No nos sorprende entonces que casi una veintena de supuestos periodistas han sido incorporados a los cuadros de gobierno, en un fenómeno que no tiene precedentes, pero que no puede sorprendernos a quienes somos atentos observadores de una acción que responde a una clara intencionalidad política. Digamos que hasta el Intendente interino de Montevideo, a poco de terminar su mandato, contrata a una periodista deportiva, desconocida en el ámbito político, de la que al parecer solo el citado jerarca conoce sus particulares condiciones profesionales, por un elevado salario, debiendo pedir su renuncia a pedido de su propio partido que no soportó el inexplicable absurdo, que pone además al descubierto que es falsa la permanente alharaca de que a la Intendencia de Montevideo solo se ingresa por concurso. Nos preguntamos entonces, si los aludidos ingresados a la nueva administración eran en realidad periodistas, o por el contrario eran una pléyade de activistas políticos que medían la opinión de los titulares de otros partidos, a veces hasta colocándose en la puerta de sus despachos, para transmitir tempranamente opiniones y actitudes políticas de los adversarios, en beneficio del actual partido de gobierno. Es evidente que los medios de comunicación estaban y quizás estén, saturados de pseudo-profesionales que aprovechan su actuación supuestamente laboral, para arrimar agua al molino del partido de su preferencia, tal como lo aconseja el Foro de San Pablo, en el documento base del XXIII Encuentro del mismo, en el que se expresa, según ha trascendido: “La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación”.
Cuando Cabildo Abierto propuso el famoso artículo 72 de la ley de medios, todos los partidos políticos, sin excepción, se rasgaron las vestiduras señalando su inconveniencia y supuesta inconstitucionalidad. En realidad, como decía la norma vetada por el Poder Ejecutivo de la época, caracterizado por su lavado de manos en temas urticantes, sólo se trataba de declarar el derecho de los ciudadanos a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa plural y equilibrada. Los restantes partidos de la Coalición Republicana la emprendieron contra la norma, que votaron en el Legislativo, en una agachada de la que entre otras deben estar arrepentidos a la luz de la realidad imperante. Nos preguntamos que podía tener de malo que los servicios de difusión tuvieran el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, como exigía la norma en cuestión. En realidad es claro que se pretendía legitimar todo lo contrario a lo previsto en la norma propuesta.
Pero no solo en ese campo las apariencias engañan. La exfiscal Fossati denunció en un libro de aparición relativamente reciente, la manipulación política de que es objeto la Fiscalía General de la Nación. Nosotros mismos, mucho antes, habíamos advertido desde el principio de la anterior legislatura, el indeseable fenómeno de politización que afecta a la administración de justicia, sobre todo en el campo de lo penal, y que ello imponía que el Poder Ejecutivo de la época ejerciera sus facultades constitucionales ante la indeseada situación planteada. El gobierno “tibio”, no quiso asumir la responsabilidad que le correspondía y por esas cosas de la vida, asumió la dirección de la Fiscalía la Dra. Mónica Ferrero, a la que con pretextos gremiales se la pretende arrinconar, declarándose gremialmente que no se promoverán órdenes de allanamiento ni detención, salvo casos de riesgo y no se subrogaran quienes se ausenten o tomen licencia. Ante semejante exabrupto, que a nuestro juicio supone un flagrante incumplimiento de deberes funcionales, la aludida jerarca afirmó con gran valor y responsabilidad, que es ella la que decide.
Lamentablemente solo la podemos apoyar moralmente y es evidente que se pretende provocar su renuncia o quebrar su autoridad, lo que constituirá un pésimo antecedente tendiente a la siembra del caos institucional ante el recto ejercicio de la autoridad. Se trata sin duda de una maniobra dirigida a deponer a una jerarca a la que no se tiene simpatía política, porque se ha caracterizado por un ejercicio profesional sin marcar perfil político alguno, que es por otra parte la conducta exigible a quienes son parte de la administración de Justicia. Otra interpretación sólo supondría una ingenuidad que agraviaría la inteligencia humana. En definitiva, uno se pregunta ¿hasta cuándo toleraremos con infinita paciencia que algunos se burlen en nuestra cara con imposturas por las que se pretende hacer pasar gato por liebre? En este mundo, en que se pretende que se es lo que se percibe, contrariando la definición aristotélica de la verdad, no dudamos que hay quienes se perciben como periodistas o fiscales, pero un importante sector de la sociedad que es consciente que la verdad no es un capricho subjetivo, sino de objetiva existencia, los percibe como activistas políticos.
Semejantes imposturas que nos conducen al precipicio social e institucional, deben ser denunciadas, porque en definitiva la franqueza debe imponerse para tener una realidad política sana y no institucionalizar el engaño y la mentira.
Por último nos preguntamos, respecto a este sector de la actividad pública, si no debería reconsiderarse otro proyecto de Cabildo Abierto, como el que preveía el prevaricato de jueces y fiscales dirigido a sancionar inconductas que desprestigian a la Justicia y causan importantes daños a los sometidos a su poder. Sin duda a importantes poderes es exigible una gran responsabilidad y en caso de inconducta deben preverse las correspondientes sanciones.
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