La próxima rendición de cuentas, que cae prácticamente a mitad del período de gobierno, constituye una preciada oportunidad para reforzar el compromiso que la coalición de gobierno asumió con la ciudadanía y que esta premió con su respaldo en las urnas.
Preparando el terreno para la discusión, el lunes de la semana pasada el equipo económico se reunió en el Palacio Legislativo con los senadores de Partido Nacional. Según informó El Observador, el objetivo del encuentro fue acotar los pedidos de incremento de partidas, lo que quedó evidenciado en el llamado de la ministra de Economía a la “prudencia”. Pero, así como poner freno al derroche de recursos públicos no es necesariamente equivalente a hacer un ajuste fiscal, el concepto de prudencia tiene varias aristas, ya que es bien sabido que los fenómenos socioeconómicos son harto complejos y difíciles de modelizar.
Es verdad que la economía se viene recuperando a ritmo razonable luego de la pandemia, en gran parte gracias a los precios de exportación que alcanzaron en los últimos meses niveles máximos históricos. A esto se agregan los buenos rendimientos de los cultivos de verano, lo que explica el importante crecimiento en las exportaciones con respecto al año anterior. Pero también es verdad que han aumentado significativamente los precios de los insumos, especialmente en el caso de los fertilizantes. Esto no solo hace inciertos los márgenes de ganancia, sino que introduce mayores riesgos financieros a la actividad, en virtud de las mayores necesidades de capital de trabajo.
Según revelan los últimos datos del INE, la producción de la industria manufacturera se encuentra estancada desde hace un año. Un fenómeno acorde se observa con los índices de horas trabajadas, que según CINVE se encuentran por debajo de los niveles previos a la pandemia. Estos indicadores resultan previsibles en vista de los altos niveles de atraso cambiario que exhibe nuestro país respecto a la región.
Pero quizás el indicador más inquietante de los últimos días sea la caída en los niveles de consumo de las familias. Según la información proporcionada por Radar Scanntech, el consumo en los comercios minoristas cayó en mayo 9% respecto al mismo mes del año anterior. En lo que va del año, la caída acumula un 5% respecto a 2021, una cifra levemente superior a la estimación de pérdida en los salarios reales. No debería sorprender a nadie entonces que las deudas de las familias por consumo hubieran aumentado en US$ 1.000 millones, un 27% de incremento medido en dólares en el año móvil cerrado en marzo. Las familias compensan la caída de ingresos con deudas a tasas de interés que constituyen verdaderos ataques al pudor ciudadano, ante el silencio atronador de la gran mayoría del sistema “político-administrativo”. Y a pesar de ello, no les alcanza. ¿Qué hay de prudente en este estado de la economía familiar uruguaya? ¿O nos resulta “normal” que al menos 25% de la masa salarial de todo el país vaya a pagar intereses de créditos al consumo?
A esta altura es evidente que la gran mayoría de las familias uruguayas no les está yendo muy bien y están viendo pasar ese 4% de crecimiento del PBI actual. También es cierto que la corriente situación no es obra de las autoridades de gobierno actuales, sino resultado del conjunto de políticas ideadas, articuladas y ejecutadas en 15 años para transferir recursos de la población hacia el sistema financiero y desde la producción nacional hacia la importación. Tan bien lo hicieron que estas políticas han quedado enraizadas en la estructura administrativo-legal del Estado, lo que convierte a los pocos miembros del Ejecutivo y los legisladores que se animan a enfrentarlas en verdaderos gladiadores. Todo esto ocurre aquí y ahora mientras algunos encumbrados sueñan con Glasgow y la COP26. Como muestran cada vez más las calles y los barrios de nuestro país, seguimos transitando, como si no nos diéramos cuenta, el camino hacia el Estado fallido.
Evidentemente, el presupuesto debe tener en cuenta la sostenibilidad de la deuda y la opinión de las calificadoras de crédito, ya que nadie, salvo algún que otro irresponsable, desea arriesgar un aumento en los costos del financiamiento. Pero las consideraciones en torno al presupuesto deben enmarcarse en un contexto más amplio de economía política, no pudiendo quedar de rehenes únicamente del resultado de una ecuación. Que algunas variables no se puedan cuantificar no quiere decir que no tengan efectos presupuestales. A modo de ejemplo, ¿cómo vamos a encarar la lucha contra el narcotráfico con policías y soldados con salarios sumergidos y endeudados hasta el límite con prestamistas? ¿Ahorraríamos con ellos fondos presupuestales? ¿El Estado sería más sostenible?
Así como para que exista una República se necesitan ciudadanos libres –y un millón de uruguayos en el clearing nos obliga a reflexionar sobre el concepto de libertad–, para que se produzca un desarrollo económico sustentable es necesario atender a los costos del ser humano y al problema de la desarticulación de la sociedad, tal como lo señalaba François Perroux. Sin atender este problema, cualquier esfuerzo mecanicista por controlar el nivel de endeudamiento demostrará ser estéril. Ahora bien, sigue la pregunta inevitable: ¿y cómo lo financiamos sin aumentar el déficit?
La peor alternativa sería mediante un aumento de impuestos, ya que esto aceleraría las tendencias contractivas y pondría aún en mayores dificultades a los sectores más sumergidos. Algunos sugieren en voz baja un impuesto extraordinario al sector agroexportador. De vuelta, a nuestro juicio sería también un error, ya que la actividad está sujeta a demasiados imponderables y aprovecha la coyuntura actual para recuperarse de años de acumulación de deudas y postergación de inversiones.
Desde estas páginas reclamamos desde hace tiempo una alternativa para financiar las necesidades de los sectores más postergados. Nos referimos al imperativo de revisar de forma urgente el régimen de exenciones fiscales que, en su aplicación práctica, fue degradándose hasta convertirse en lo que es hoy: un gigante mecanismo de subsidio a grandes superficies e importadores. Incluir en la rendición de cuentas una revisión del régimen de la COMAP sería un ejercicio concreto de la prudencia que reclama Colonia y Paraguay.
TE PUEDE INTERESAR
