A expresa solicitud del general Guido Manini Ríos, el señor presidente de la República procedió a convocar a los principales representantes de los partidos coaligados, recién llegado de su viaje, para informarles de forma oficial sobre los pormenores de la crisis desatada en su ausencia.
Los heraldos frenteamplistas del apocalipsis vieron una vez más canceladas sus expectativas rupturistas, al perder las facilidades de no tener que enfrentar su poderío electoral y ver una esperanza en su ansiado camino hacia el poder.
La crisis política –ya que no fue institucional ni por asomo– determinó la renuncia de los ministros Francisco Bustillo y Luis A. Heber y del viceministro Guillermo Maciel, además del asesor publicitario privado del presidente Lacalle, Roberto Lafluf.
Los partidos convocados aceptaron compartir esas explicaciones y mantuvieron su cohesión.
Cabildo Abierto hizo, como corresponde, sus puntualizaciones ya que la entrega del pasaporte uruguayo a una persona imputada o sospechada de narcotráfico con inexplicable rapidez, deja una sensación de haber obrado con negligencia de la que para nada puede ser ajena la propia denunciante. Asimismo exhortó a los nuevos ministros, en el caso de Nicolás Martinelli en el Ministerio del Interior a efectos de “encarar cambios en las políticas de seguridad pública” como siempre ha reclamado y respecto del nuevo canciller Omar Paganini a “dar cumplimiento a lo votado por la Cámara de Representantes sobre la C.T.M. de Salto Grande, dando el cese a las designaciones directas y la sustitución de todos los integrantes de la delegación uruguaya”, pues esa ha sido la voluntad del órgano representativo. ¿O es que en nada influye esa resolución de los diputados?
Todo para mortificación del Frente Amplio (FA), a quien muy mal le cayó el oportuno recuerdo que el presidente Lacalle les hizo de la renuncia de Sendic, que fue una real y verdadera crisis institucional, con pérdidas económicas para el Fisco, pues el episodio se relacionó también con otras renuncias de altas jerarquías por el ruinoso caso del escándalo de Pluna.
De todas maneras, el frentismo salió como siempre acostumbra a sembrar cizaña diciendo en La Diaria que “un dominó en el gabinete” no alcanza para terminar la mayor crisis política del gobierno y el senador Alejandro Sánchez quiso minimizar el recuerdo de las renuncias de las altas jerarquías del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco de la República, Fernando Calloia, calificando esos desastres como “cosas periféricas”.
Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue implacable en sus críticas y adelantó el propósito de generar una gran movilización social con la marcha por “La Democracia y contra la Corrupción”. Preguntado por un periodista si no recordaba episodios muy graves de corrupción en los gobiernos frenteamplistas, contestó –sin negarlos– que esa circunstancia no era válida para justificar lo que ocurría en el actual gobierno.
Sin embargo, son cosas muy distintas. Todas las corruptelas de los gobiernos frenteamplistas le costaron millones de dólares al Fisco y hasta entre los casos menores, como el permanente uso abusivo para gastos personales de las tarjetas corporativas que pagaba el Estado, están teñidos del elemento monetario, de dinero apropiado en viajes, gustos costosos y hasta ropas deportivas.
No hubo pues, ni crisis institucional ni pérdidas materiales ni dinero en juego ni corruptelas; existió en cambio una falta de coordinación entre los Ministerios del Interior y el de Relaciones Exteriores sobre una información sobre Marset.
Llama la atención, por tanto, la muy tardía denuncia de Carolina Ache patrocinada por el exfiscal Jorge Díaz que, según informa El Observador del 4 de noviembre, le recomendó grabar todas las conversaciones con el ministro Bustillo, según ella misma manifiesta. Se advierte que, como abogado, el Dr. Díaz aprovecha la situación para servir sus propios intereses políticos, aconsejando a su patrocinada conseguir una prueba, por medio de una grabación clandestina, como lo es cuando el registro no se hace informado y consensuado.
La licitud de su difusión se discute y hay fallos contradictorios al respecto, sobre si es o no un delito, pero es innegable su incorrección moral. El Dr. Bordaberry en su columna en El País del domingo sale nuevamente en defensa de Carolina Ache y también habla de ética y política; esperamos que no considere que sea respetuoso de la ética presentarse con una grabación grabada clandestinamente.
Por su parte, la exfiscal Gabriela Fosatti ha manifestado públicamente que detrás de la denunciante ha operado el exfiscal general Jorge Díaz, en busca de procurar beneficios políticos para el Frente Amplio, como ha sido su forma de proceder.
Y decimos que llama la atención esa tardanza, porque al parecer era Ache la única jerarquía del Ministerio de Relaciones Exteriores conocedora del carácter peligroso de Sebastián Marset, según fuera informada oportunamente por Guillermo Maciel, lo que ambos han reconocido, y que teniendo esa información sobre el sujeto solicitante del pasaporte, no se la comunicó a su superior el ministro, en cambio se la guardó sin tomar medida alguna, lo que realmente sorprende. También fue la única persona que tuvo contacto directo con el abogado de Marset, de cuyos detalles parece haberse olvidado.
En esas circunstancias y con el asesoramiento de su abogado, es que la denunciante da cuenta a la Justicia, y no nos explicamos que lo haga recién ahora, a pesar del largo tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los sucesos, ni sabemos contra quién va dirigida la denuncia, o si es su revancha contra el propio sector político que le quitó el apoyo, o si más bien se trata de la búsqueda de su amparo personal ante cualquier imputación sobre su responsabilidad, lo que es muy probable.
Serán ahora los operadores judiciales que deberán investigar las conductas que sobrevuelan en los modelos incriminados por los delitos contra la Administración Pública o la Administración de la Justicia, como el art. 161 del Código Penal sobre “Conjunción del interés personal y del público” en la nueva redacción que le dio la llamada Ley Anticorrupción No. 17.060 que sanciona a quien omita denunciar o informar, o si es el art. 177 que sanciona genéricamente a los funcionarios públicos omisos en denunciar delitos o el art. 179 que penaliza a quienes denuncien un delito que no se ha cometido.
Todo lo cual es imposible de prever, pero lo cierto es que existe una crisis política que la Coalición Republicana ha tratado de conjurar, manteniendo la unidad a pesar de la vocinglería desatada como siempre por los frenteamplistas, que tratan de hacer del episodio una grave circunstancia que afectaría la imagen del país, sin recordar que la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic durante el mandato del Frente Amplio, fue un hecho político muy difícil de olvidar en nuestra historia sin duda alguna, y que ha sido muchísimo más lesivo para la imagen de la República.
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