El real valor de estudiar el caso Odebrecht radica en el análisis de las causalidades que impulsaron a los agentes a tomar decisiones tan arriesgadas y destructivas para la sociedad en su conjunto y también para la propia empresa. Entender la compleja dialéctica que permitió la metamorfosis de la corporación es una cuestión crucial para encontrar formas de combatir las debilidades del sistema.
El futuro exitoso de estos procesos públicos de contratación implica que las sociedades deben dejar de operar de forma disfuncional. La recuperación de la confianza colectiva y la protección institucional ante las malas prácticas requiere acciones decisivas. Estamos convencidos de que para obtener buenos resultados se requieren límites éticos claros en el accionar de los decisores. Es necesario asimilar que la corrupción no es solo el soborno (la gran corrupción), sino también el clientelismo, el robo de información y las promesas políticas incumplidas (pequeñas acciones corruptivas). Muchos de estas desviaciones pueden no tener sanciones legales, pero de todas formas son corrupción, no sancionada por la Justicia, pero corrupción de todas maneras.
Los Estados involucrados en este proceso sistemático de corrupción con las compras públicas mostraron algunas de sus debilidades institucionales y organizacionales para controlarse. Precisamente por ello, el monitoreo y control externo es algo fundamental. Hay que reconocer que solo desde fuera del sistema (medios de comunicación y Justicia independiente) fue posible cuestionar el modelo montado por Odebrecht. No menos importante es poder fortalecer el rol de la sociedad civil y los medios de comunicación como contrapoderes. Los contrapoderes (prensa, sociedad civil, justicia independiente) son la clave para mostrar que el sistema no ofrece en algunos casos las debidas garantías para la ciudad en su conjunto.
Todo esto sin duda ayuda, pero, en última instancia, el camino hacia un futuro con un riesgo minimizado pasa por la firmeza y compromiso de los agentes responsables. Elegir una estrategia “correcta” que asegure la vigencia del negocio con base en la integridad y no una estrategia “ruin” que, como se mostró, resulta ser contraproducente incluso para los intereses corporativos de largo plazo. El compromiso ético debe ser un contrato social eficaz que ordene la relación entre el poder corporativo y el Estado. En resumen, insistimos y reivindicamos la lucha contra la corrupción, que en el nivel que estudiamos en este caso no es solo legal, sino cultural y estructural.
¿Qué es lo que podemos decir como aporte relevante de estas reflexiones sobre la pérdida del rumbo de una gran corporación de obras públicas como Odebrecht, que apreciamos que apostó sistemáticamente a prácticas corruptas para obtener negocios? La lucha contra la corrupción sistémica, como la orquestada por Odebrecht, trasciende lo estrictamente legal para convertirse en un imperativo cultural que además tiene ramificaciones estructurales. El camino hacia un futuro éticamente blindado exige un enfoque prospectivo que ataque las causas raíz, poniendo especial atención en la vulnerabilidad del financiamiento político y la primacía de la ambición individual o grupal sobre la ética corporativa. Es crucial transformar los códigos de ética de “elementos decorativos” a principios ordenadores con cero tolerancia y estricta rendición de cuentas de la alta dirección. El sistema debe cerrar las “ventanas de oportunidad” mediante la reforma integral del financiamiento político y el blindaje de la Justicia. Solo la firmeza ética y el fortalecimiento de los contrapoderes (prensa, sociedad civil) asegurarán que la integridad sea el nuevo contrato social entre el Estado y el sector corporativo, minimizando el riesgo de repetir estos escenarios tan negativos en todos los sentidos.
La necesidad de desarrollar una gobernanza post-Odebrecht
El estudio del caso Odebrecht y la extensa trama de corrupción que reveló a escala continental en América Latina confirma una tesis central: las prácticas corruptas sistemáticas no son meros desvíos individuales, sino síntomas de vulnerabilidades estructurales que fueron explotadas por una corporación con un apetito de riesgo irresponsable y una conducta confirmadamente delictiva. La operación Lava Jato desveló la “parte oculta del iceberg”, la existencia de un modelo de negocio ilegal basado en el delito, donde la ética fue subordinada a la ganancia cortoplacista, con la anuencia y complicidad de las altas esferas políticas y judiciales. No se trata de un delito más que opera en el ámbito de las compras públicas. Estamos ante un proceso profundamente dañino para las democracias del continente.
El análisis del proceso de amañado de ciertas compras públicas, sobre todo en grandes contratos de obras públicas, confirma que el mayor fracaso de Odebrecht que la alejó de los deberes de buena administración fue fundamentalmente ético, no solo por cierto estrictamente legal. La extraña metamorfosis tecno-cognitiva de la cúpula de Odebrecht logró transformar la cultura organizacional, haciendo que las prácticas ilegales fueran percibidas como un mecanismo necesario para la consecución de nuevos negocios. La existencia de códigos éticos formales, como se observó en casos análogos como en la crisis terminal de Enron, demostró ser un “elemento decorativo” e inútil cuando la alta dirección finalmente no asume en la práctica un compromiso de adhesión.
La causa que consideramos más crítica de esta trama se identifica en la vulnerabilidad del financiamiento político. La creciente y poco transparente necesidad de fondos para campañas, junto con la posibilidad de que agentes en el poder capitalicen su influencia sobre los presupuestos (contratos de inversión), crearon la ventana de oportunidad institucionalizada que Odebrecht explotó. Los sobornos y sobreprecios fueron la consecuencia de este desequilibrio estructural. Hablamos de la complicidad sistémica en tanto es crucial reconocer que la corrupción sistémica no pudo prosperar sin la participación de otros engranajes. Nos referimos, por ejemplo, a la participación de agentes de intermediación financiera. Uruguay, sin ser receptor directo de grandes obras amañadas, actuó como una necesaria plataforma de tránsito y blanqueo, proveyendo el andamiaje legal y societario para canalizar los sobornos a nivel transnacional.
Para evitar la recurrencia de escándalos de escala continental la respuesta no puede limitarse a buscar soluciones paliativas una vez que una estafa se concreta. Es innegable que es necesario actuar reactivamente, pero con eso solo, evidentemente, no alcanza. Se requiere un enfoque prospectivo que ataque las causas raíz y consolide un modelo de gobernanza basado en la tolerancia cero y la responsabilidad intransigente. Para ello no solo tiene que haber una legislación eficaz para enfrentar estas prácticas. Es necesario replantear aspectos éticos de la convivencia de las grandes corporaciones con los gobiernos. El gran desafío es transformar la ética del plano declarativo (“deber ser”) a un principio ordenador proactivo de la actividad. Esto implica fomentar una cultura donde se generen estímulos al combate frontal de estas actividades. Por lo pronto, la denuncia interna debería ser protegida y valorada, rompiendo los “blindajes” corporativos. Y además atender asuntos de fondo del funcionamiento de los partidos políticos y en especial de sus formas de financiamiento.
Por otra parte, la necesaria rendición de cuentas de la alta dirección es fundamental. No se trata de mencionar que es necesaria, sino de lisa y llanamente exigir una rendición de cuenta rigurosa a nivel de la cúpula tanto en ámbitos privados como públicos. Los directorios de las grandes organizaciones no deben ser cómplices de estas irregularidades.
* Carlos Petrella y Carlos Tessore son ingenieros de la Universidad de la República, Uruguay, y doctorados en España y Estados Unidos, respectivamente. Codirigen un equipo de investigación en Gestión de Crisis Antrópicas.
