Reconocemos que más allá de procesos puntuales circunstanciales desviados, hay casos en que grupos de empresarios y políticos coordinan sus acciones para beneficiarse de manera reiterada y persistente. Esto usualmente requiere montar un sistema para poder aplicar prácticas corruptas sobre algunos contratos del Estado.
En este contexto de malas prácticas grupales reiteradas, más allá de los intereses individuales de empresarios y políticos, terminan siendo las instituciones como los partidos políticos y las corporaciones las que desarrollan estas prácticas consideradas incorrectas o inapropiadas. Específicamente, uno de los temas que se repite a lo largo de Latinoamérica es que el financiamiento de los partidos políticos no está definido claramente y se requieren muchos fondos para financiar las campañas políticas. Cada vez más. Precisamente, frente a la creciente necesidad de fondos para ganar elecciones o mantener cuotas de poder políticos, existe desde luego la posibilidad de recurrir a fuentes de financiamientos espurias. Odebrecht capitalizó esas ventanas de oportunidad para ofrecer sobornos y, como contrapartida, conseguir grandes contratos de obras públicas.
Los agentes en el poder público que requieren financiamiento de lo que disponen es del poder sobre determinados bienes y presupuestos públicos. Nos referimos en particular a los contratos de inversión que realiza el Estado con terceros. La forma de financiarse podría ser utilizar su posición como decisores para obtener recursos de los proveedores a cambio de influir para concretar determinados contratos. Esto lleva generalmente a no elegir las mejores ofertas disponibles y además pagar sobreprecios por los trabajos.
Desde luego que la empresa estudiada montó un sistema para desarrollar prácticas corruptas para beneficiarse de los contratos públicos. Debemos reconocer que el modus operandi de Odebrecht no fue creado por esta empresa, es un hecho frecuente (déjà vu) que conocemos con más detalle en particular a partir fines del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Casos notorios gestionados por la Foreign Corrupt Practices Act desde el año 2008 son: Alcoa, Biomet, Bizjet, Hewlett Packard Company, KBR, Marubeni Corporation, News Corporation, Siemens, Smith & Nephew, Walmart y muchos otros más.
Lo que se ha observado a medida que avanzaba la investigación del caso Odebrecht, mostrando las ramificaciones de las redes de corrupción montadas por la contratista, es de una magnitud casi inimaginable. Cuando comenzó a conocerse el tenor de las “delaciones premiadas” de más de setenta ejecutivos de esta megaempresa, muchos políticos importantes y funcionarios del alto escalón gubernamental de países latinoamericanos comenzaron a desfilar por las páginas de los diarios y en noticiarios de televisión. Nombres como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García en Perú, Uribe en Colombia, el panameño Ricardo Martinelli y el expresidente de El Salvador Mauricio Funes fueron parte de la extensa lista de exmandatarios acusados de haberse beneficiado con las propinas que efectuaba la empresa contratista para adjudicarse importantes proyectos de infraestructura regional. La trama se fue aclarando con efectos devastadores sobre la credibilidad del sistema político y de las empresas de obras públicas en América Lantina.
En principio, parecería que Uruguay queda fuera de esta trama porque no se conocen compras públicas nacionales donde Odebrecht haya sido indebidamente favorecida. La información disponible públicamente sobre las operaciones la empresa en el marco de la trama de corrupción (conocida como Lava Jato) en Uruguay no se centra directamente en la ejecución de grandes contratos de obras públicas en el país por parte de la constructora. En cambio, las investigaciones y los reportajes periodísticos señalan que el papel principal de Uruguay en el esquema de Odebrecht fue como plataforma para el lavado de activos y la evasión fiscal relacionada con los sobornos pagados en otros países de Latinoamérica. Esto plantea que la manipulación de las compras públicas puede tener otras derivaciones que pueden ser tremendamente peligrosas. Nos referimos al camino de la recepción y canalización de dineros mal habidos en el sistema financiero legal.
No es fácil distinguir los de adentro y los de afuera en ciertas tramas corruptas como la que ahora nos interesa. No podemos pensar ingenuamente que ciertas prácticas incorrectas pueden operar de manera inocua sobre toda la sociedad que actúa como sustento de las actividades productivas y comerciales cuestionadas. Las malas prácticas de gobierno corporativo afectan desde luego a las empresas, pero también impactan sobre el desarrollo económico de las regiones donde los contratos son llevados adelante. Está claro, además, que los gobiernos nacionales debieron implantar formas de gobierno corporativo de las empresas que por lo menos dificultaran el desarrollo de las prácticas ilegales que llevaban adelante determinadas empresas como las integrantes del grupo Odebrecht. Pero esto –siendo sin duda muy importante– no es suficiente.
Todo indica que es necesario analizar nuevamente los roles y responsabilidades de los agentes involucrados y el impacto en el desempeño para generar mejores niveles de protección institucional para con estas prácticas. Esta tarea es fundamental para recuperar la confianza colectiva en las instituciones nacionales.
Una forma corrupta y sistemática de actuar en las compras públicas
Las prácticas desarrolladas por la empresa generaron una forma sistemática de actuar. Las dinámicas de los negocios de Odebrecht, orientadas por sus principales figuras de dirección, fueron determinando una forma de operar encubierta claramente disociada de los marcos de referencia éticos que habían sido proclamados, con muy buenos resultados en términos de posibilidades de obtención de grandes contratos, ganancias fáciles y oportunidades de crecimiento y diversificación. Las dinámicas de los grandes negocios con el Estado generaron espacios de oportunidad para que la corporación pudiese eludir los sistemas de control estatales. Estos procesos de contratación irregulares se iniciaron en Brasil como país sede de la empresa, pero se extendieron a toda América Latina. Lo demás es conocido. Nos referimos a las actuaciones judiciales desencadenadas, fuertes multas y los delitos que fueron probados, lo que ya sabemos que desembocó en la detención de muchos agentes.
En términos generales las normativas desarrolladas internamente por el grupo dejaron de generar contenciones y en muchos casos se generaron huecos que por la vía de los hechos no solamente no prohibían la realización de determinadas prácticas éticamente inaceptables, sino que incluso las estimulaban.
Estaba claro que no cumplir con las normas internas no era un impedimento y que el marco legal externo tampoco generaba contenciones apropiadas. En realidad, lo que surge de los hechos fue que en el “día a día” los valores que constituían “la máscara” de la empresa quedaron totalmente subordinados al interés y los objetivos más cortoplacistas de ganancias, recurriendo a las estrategias necesarias independientemente de sus respectivas valoraciones sobre la legalidad y la ética. Sobre estas bases se generó una especie de vale todo avalado por las altas jerarquías, para concretar negocios. Lo que requirió fuertes blindajes políticos y judiciales para evitar que esas malas prácticas salieran a la luz, que durante un tiempo fueron efectivos, pero que terminaron en la Justicia. El resto es historia. Solo desde fuera del sistema se podría cuestionar el modelo.
Un análisis en profundidad nos muestra que casos como el de Odebrecht y muchos otros conocidos y posiblemente otros que no conocemos, son síntomas de causas raíz que son las que debemos atacar para evitar tener que estar todos los días ensayando soluciones paliativas para nuevos y diferentes síntomas que seguirán emergiendo en la medida en que los problemas de fondo no sean superados. Una sociedad que opera en forma disfuncional genera situaciones perjudiciales para ella como un todo. Con ello no queremos decir que no deban ser atendidos los síntomas, sino que también se deben atender las llamadas causas raíz del proceso de corrupción que se fue generando a lo largo de los años y que provocó una trama que operó con impunidad en altas esferas del gobierno en muchos países, con una mirada pasiva o hasta tolerante de los sistemas de judiciales que pasaron a ser un engranaje más operado de manera funcional con sistema de contratos públicos amañados.
Lo que resulta importante de este caso es conocer cuáles fueron los hechos y las condicionantes que impulsaron a la organización a desarrollar un apetito de riesgo tan irresponsable que ponía en juego la continuidad de la organización y la libertad de los actores y su eventual exposición al escarnio público por cuestiones como la codicia o la avaricia. Conocer que aspectos del contexto externo en Brasil, en el ámbito empresarial y a la interna de la organización determinó que esto fuera posible. Para no repetir el pasado, aunque claro está que siempre aparecerán problemas, lo importante es acotar el alcance de estos y no reiterar escándalos de escala continental. Pero todas las culpas no deben centrarse en la corporación. Si procedemos identificando los acontecimientos que consideramos más relevantes, los principales actores involucrados y los hechos más significativos, considerando los aportes del enfoque dialéctico, podemos apreciar de manera constructiva la dinámica de los desafíos y conflictos de raíz axiológica en las organizaciones, considerado los entornos políticos y judiciales que han favorecido el desarrollo descontrolado e impune de estas prácticas.
* Carlos Petrella y Carlos Tessore son ingenieros de la Universidad de la República, Uruguay, y doctorados en España y Estados Unidos, respectivamente. Codirigen un equipo de investigación en Gestión de Crisis Antrópicas.
