Cuando analizamos la historia política del Uruguay, podemos ver que la conformación de nuestra república, lejos de haber sido idílica, estuvo marcada por un largo proceso de consolidación institucional que hizo de nuestra democracia un modelo de referencia en toda América Latina.
Sin embargo, ese fortalecimiento de las instituciones solo fue posible gracias al liderazgo de figuras como el Dr. Pedro Manini Ríos y el Dr. Luis Alberto de Herrera, que dejaron de lado sus diferencias políticas y circunstanciales para fomentar, a través de la idea de un bien común, el objetivo de alcanzar la paz nacional. Pues como bien había afirmado en el siglo XVI uno de los padres de la filosofía política del republicanismo, Donato Giannotti: “El pueblo aspira a la libertad, vale decir, a no obedecer más que a las leyes y los magistrados ordenados por ellas; los moderados, además de la libertad, al honor, y los grandes, además de ambas cosas, a la grandeza, […] compartiendo los tres el valor por la paz y la tranquilidad”.
En definitiva, lo que quería decirnos el italiano era que la mayor garantía de estabilidad que tiene una república es la paz. Y así también lo entendieron los referentes de nuestra tradición política que fueron responsables en cimentar las bases del Uruguay moderno, que podría decirse que comenzó con las elecciones constituyentes de 1916, que consagraron, entre otras cosas, el sufragio universal.
En esa medida, y poco más de cien años después, las elecciones del próximo domingo no solo imponen a nuestra ciudadanía una dicotomía sobre dos modelos de país, sino que además establecen otra disyuntiva, ocasionada por el plebiscito de la seguridad social. Este plantea no solo una bifurcación en nuestra identidad institucional, que es percibida desde el exterior y más específicamente desde los organismos internacionales de crédito con cautela, a la espera de lo que pueda suceder, sino que, además, internamente el plebiscito del Pit-Cnt es una señal que evidencia el déficit que viene teniendo Uruguay en materia de formación ciudadana. De aprobarse el plebiscito no solo se generaría un problema inmediato que habrá que cubrirse con mayores impuestos o deuda, sino que también se perderán alrededor de 15.000 puestos de trabajo que dependen de las inversiones de las AFAP.
Y si analizando las encuestas considerásemos el factor de que un outsider como Salle podría llegar a ocupar un lugar en el Parlamento, podemos apreciar que el problema podría ser mayor aún. De hecho, se ha hablado con mayor o menor repercusión en nuestro país, en cada elección nacional, sobre la paulatina pérdida de formación ciudadana y de los peligros que ello implica en términos prácticos. Pero la discusión siempre se ha mantenido polarizada dentro de un marco ideológico, probablemente obedeciendo a que, desde la segunda mitad del siglo XX, las corrientes intelectuales de la izquierda europea consideraron imprescindible renovar el marxismo y alejarlo del socialismo real de la Unión Soviética, tal como lo había planteado Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel. Así, se planteó la necesidad de dar una batalla ideológica para alcanzar el poder político, llevando a que el fin de esta batalla fuera el menoscabo de la cultura y de los valores tradicionales y de esa forma generar una situación utilitaria a la lucha de clases. Los actores principales de esta tendencia fueron la Escuela de Fráncfort y el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birmingham, y luego en la década de los setenta y ochenta se popularizaron en nuestro continente.
Sin lugar a duda, la izquierda latinoamericana ha sido un escenario favorable para esta batalla cultural, y se promovieron ideas como la “teoría de la dependencia”, una especie de interpolación del marxismo a los países, donde existen los países ricos que se benefician de la explotación de los países pobres. Y a través de distintos aparatos culturales y centros educativos se sembró la suerte de germen antisistema que hoy parece estar brotando.
Lamentablemente, una vez llegado al gobierno el Frente Amplio –pero también la izquierda en distintos países del continente– los grandes problemas del Uruguay –y de la región– no solo permanecieron, sino que la mayoría de ellos siguieron intensificándose, y durante los 15 años que estuvieron frente al Ejecutivo, con mayorías parlamentarias, ni los números de inseguridad mejoraron, ni los índices educativos tuvieron avances cualitativos. Pero quizás lo peor fue que se propagó en el ambiente un aire de lumpenización cultural que terminó generando una masa polarizada de votantes que no piensan su voto, sino que lo sienten. Y en esa línea, para una porción de nuestra sociedad, el valor de la ciudadanía ha abandonado su recinto sagrado para participar de un marco mucho más profano.
Fue por eso que, en el 2019, frente al menoscabo de la cultura ciudadana nace Cabildo Abierto, como una forma de hacerle oposición a estas prácticas degradadoras. Pero también de volver a poner en discusión los temas centrales que nadie quiere pagar el costo de discutir, como verdaderamente plantearse reducir el déficit fiscal, terminar con el atraso cambiario y hacer más competitivo al Uruguay.
En esa línea es que el candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ha vuelto a reivindicar el valor de la familia como base de la sociedad, el valor de la educación como elemento indispensable de innovación y desarrollo, pero además de generación de valores, de la cultura del trabajo –también para las personas privadas de libertad–, de la soberanía nacional y la no alineación a agendas externas de orden puramente ideológico y que forman parte del paquete gramsciano 2.0.
Cabildo Abierto desde el Parlamento ha puesto en la agenda por primera vez el problema de la usura y el endeudamiento que afecta a casi un tercio de los uruguayos, la defensa de nuestros recursos naturales frente a grandes empresas internacionales que se llevan nuestra agua subterránea, por ejemplo. Se presentó un proyecto de ley para corregir los errores de la Ley 19.580 y plantea ir a fondo del problema que más aqueja a los uruguayos, la seguridad.
Tampoco hay que olvidar que la Coalición Republicana durante estos cincos años fue capaz de gobernar, de darle estabilidad al país y de hacer algunas de las reformas necesarias para actualizar el Estado uruguayo a las circunstancias del mundo actual, gracias a Cabildo Abierto, que no solo aportó su voto en el Parlamento, sino que fue un socio activo que ayudó a mejorar la labor parlamentaria de la coalición –factor que no pasó desapercibido para muchos uruguayos–.
En definitiva, un próximo gobierno de coalición no solo necesita de los votos de Cabildo Abierto para ganar, sino que la ciudadanía necesita de la presencia de esta fuerza política en el Parlamento para garantizar la defensa de nuestra soberanía, la preocupación por los más vulnerables que por algún u otro motivo van quedando postergados, y la valentía para seguir adelante con las reformas que ya no admiten ninguna dilación.
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