Basta con pasar por la entrada de cualquier centro comercial para encontrarse con una hilera de empresas que ofrecen distintas opciones de préstamos. Es verdad que las economías modernas están basadas en el consumo, y cuando las familias no tienen la disponibilidad suficiente para efectuar una compra, acuden a la contratación de un préstamo. Hasta aquí nada de esto debería llamar la atención.
Sin embargo, cuando se empieza a analizar las condiciones de los préstamos ofrecidos es que empiezan a sonar algunas alertas. En primer lugar, no resulta fácil saber a qué tasa de interés se ofrecen estos préstamos, ya que en la mayoría de los casos esta no es explícita. En estos días, uno de estos comercios ofrecía créditos a una tasa de interés implícita del entorno de 245%.
La pregunta que inmediatamente viene a la mente es cómo entran estos guarismos de tasa dentro del “evangelio” de la inclusión financiera que el gobierno utiliza un día y otro también en su propaganda electoral. Esto lleva a preguntarse también dónde está el BCU, que supuestamente controla que las tasas de interés no sean usurarias.
El BCU publica periódicamente los topes máximos de interés vigentes en el Uruguay. El asombro aumenta cuando se advierte que el propio BCU avala una tasa máxima de 166% para préstamos al consumo en pesos. Uno imagina que en algún momento se reúne el Directorio de la institución para aprobar esos límites y no puede dejar de pensar qué pueden estar pensando en ese momento. ¿Será que no tienen presente que la inflación en Uruguay ha sido de un dígito por más de 10 años y que esa tasa es 20 veces más alta que la tasa de inflación actual?
Como suele ocurrir, la realidad se esconde entre detalles y minucias. Resulta que para fijar el tope máximo de la tasa de interés, el BCU toma como referencia el promedio que los mismos bancos aplican a sus préstamos. Con este argumento circular, una industria cada vez más oligopólica como la bancaria, termina en los hechos fijando su propio límite a la tasa de interés. Todo bajo la supervisión BCU, lo que lo hace legal, aunque genera algunas dudas lógicas sobre la moralidad del asunto.
Para comprender los fundamentos del asunto, es apropiado tener en cuenta algunos elementos más. En primer lugar, que cuando estos créditos son ofrecidos por bancos, estos últimos se financian con pesos que obtienen del público a una tasa que es prácticamente nula, de modo que el costo de financiamiento no puede ser un argumento que explique estas tasas exorbitantes.
En Europa no se permiten tasas por encima del 20% anual, lo que sirve como referencia de sentido común, sobre todo para un equipo económico tan inclinado hacia las calificaciones internacionales. Concretando, un crédito al 150% implica que cuando un trabajador toma un préstamo por el equivalente a un sueldo, terminará pagando un sueldo y medio solo de intereses por año.
Cabe preguntarse qué expectativa tiene un banco que presta en estas condiciones sobre el repago de dichos préstamos. Con estas tasas, cualquier crédito incobrable será más que compensado por otro que se devuelva en tiempo y forma. A modo de ejemplo, si el deudor A toma $100, al 150% su deuda va a ser de $250 en un año. Si un deudor B toma un crédito idéntico y al final del año no paga, el banco manda todo a pérdida. En total el banco colocó $200 y recupera $250, lo que le deja una tasa del 25% que sigue siendo muy razonable. Pero si lo miramos desde el punto de vista de las familias, la de A pagó una tasa exorbitante que absorbió una gran parte de sus ingresos y la de B quedó quebrada y excluida del crédito formal. Uno puede imaginar la tensión que se genera al interno de una comunidad compuesta por familias de tipo A y B.
¿Por qué no aparecen nuevos jugadores atraídos por estas altísimas tasas de interés? Las normas del BCU se han convertido en una magnífica barrera de entrada a nuevos competidores. Esto es todo un tema para desarrollar en una columna futura.
Increíblemente este tema no figura en la agenda ni del gobierno ni de una parte de la oposición. ¿Qué nos ha ocurrido a los uruguayos que hemos permitido que los más frágiles queden en manos de algunos pocos que se benefician de su debilidad? ¿Será que en la agenda de derechos del gobierno se incluye el derecho a endeudarse hasta la esclavitud? ¿En qué quedó el Estado como protector de los más débiles, o esto es simplemente una muletilla declarativa? La conducta del Estado es como mínimo irresponsable y raya con la inmoralidad.
¿Cómo no se advirtió que la política inclusiva más efectiva es asegurarse que a la población no le aspiren los ahorros con la complicidad del Estado?
¿En qué momento comenzó a descarrilarse este tren?
Llegará el día en que se deberá responder a todas estas preguntas, pero mientras tanto cabe reflexionar cómo es que llegamos a esta encrucijada en la que encontramos a la familia convertida en sujeto pasivo de intereses que la incitan a entrar en el ciclo de dependencia del consumo y el endeudamiento. Resulta evidente que ninguna sociedad sana se puede basar en principios económicos tan mezquinos, que conducen inexorablemente a la esclavitud de la familia y la degradación de la comunidad.
