Miles de familias de deudores del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) reclaman desde hace años una alternativa que los libere de préstamos hipotecarios que se hicieron perpetuos a pesar de ser buenos pagadores.
Ilusionados con la presentación de tres proyectos de ley y la voluntad política expresada en la Comisión de Vivienda del Senado, ahora deberán esperar que la solución administrativa que proponga el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, -que tomó la posta en este tema- contemple a la mayor cantidad de ahorristas.
El 11 de octubre la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores recibió nuevamente a un grupo de deudores del BHU y ANV para escuchar los planteos de las familias que quedaron “rehenes” de la Unidad Reajustable (UR) e informarles de primera mano las novedades respecto a las iniciativas legislativas presentadas por senadores de Cabildo Abierto (CA), Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN).
Primero fue el proyecto de ley presentado por los senadores cabildantes, Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos, el 11 de junio de 2021. Dicha iniciativa puso sobre la mesa una solución que contempla que los deudores en esta situación puedan optar por pasar la deuda contraída en UR a Unidades Indexadas (UI). Además, establece la realización de una tasación del inmueble adquirido -objeto de la deuda-, y sí se demuestra que el ahorrista pagó más que lo que dice el valor actual del mercado, se le quita toda la mora, intereses y colgamentos que se hubieran generado.
Cuatro días después, el senador colorado Germán Coutinho presentó otro proyecto que prevé declarar la “nulidad de todos los saldos vigentes a la fecha de reajustes diferidos (colgamentos) establecidos unilateralmente por resolución administrativa del BHU”. Además, contempla que los deudores “buenos pagadores”, o que no adeuden más de tres cuotas consecutivas, se les otorgue la posibilidad, por única vez, de cancelar sus deudas, con un pago contado, y una quita del 40% del total adeudado.
Tras casi un año de discusión en Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, donde todos los partidos políticos que la integran mostraron voluntad en avanzar en una solución única y definitiva al problema que acarrean desde hace décadas miles deudores en UR del BHU y la ANV, un nuevo proyecto fue presentado el 21 de abril de este año por los senadores nacionalistas, Carlos Camy y Sergio Botana.
A diferencia de los dos anteriores proyectos, el presentado por los legisladores blancos no prevé modificaciones contables retroactivas ni la nulidad de los colgamentos.
En cambio, establece que los deudores cuyas deudas estén nominadas en UR, que hayan pagado más de 170 cuotas, puedan solicitar que se les convierta y congele en pesos el monto total del saldo adeudado por concepto de capital e intereses, incluídos los llamados colgamentos. Los deudores que opten por esta opción mantendrán el plan de pago original en UR y las cuotas que se paguen serán deducidas de la nueva deuda en pesos. Deuda que se cancela al momento en que se integre por el deudor totalmente la suma congelada en pesos, o cuando reste un monto por integrar pero que el deudor tenga 120 cuotas pagas sin atraso desde la conversión de la deuda. O sea que, al buen pagador se le condona la deuda contraída luego de pagar durante 10 años.
Asimismo, establece que las cuotas no podrán superar el 30% del ingreso familiar y aquellos deudores que hayan tenido cambios en sus ingresos por su situación laboral o jubilación -tras haberlo demostrado- puedan solicitar un cambio en el plan de pagos.
A la espera
Los proyectos presentados no fueron bien recibidos por los presidentes del BHU y del BCU, que expresaron críticas y preocupación por lo que podría conllevar aprobarlos, con respecto al patrimonio y la ecuación comercial del banco que se vería “afectada”.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo tomó las riendas del asunto y el propio presidente de la República asumió el compromiso de encontrar una solución a la problemática. El 4 de abril, Luis Lacalle Pou recibió en Torre Ejecutiva a los representantes de los más de 20 mil deudores (7 mil del BHU y el resto de la ANV) y les prometió una solución en cuatro meses. Eso no ocurrió. No obstante, continuaron las reuniones entre el presidente y los senadores blancos que habían presentado la última propuesta legislativa, y también en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, que, tras recibir toda la documentación de las deudas, diseñará una “solución administrativa”.
Así lo confirmó el pasado 11 de octubre en comisión el senador Camy, quien comunicó que la semana anterior recibió del propio presidente de la República “la voluntad de buscar una solución, pero no por ley, sino una solución administrativa”. Dijo estar pendiente de una reunión con la ministra de Economía y Finanzas para conocer cuáles serían los “alcances” de esa solución, y “comparar” qué tanto involucraría a las soluciones legales comprendidas en las iniciativas que se han trabajado en la comisión.
Camy no negó sentir “cierta frustración” porque “teníamos la expectativa de que se iba a alcanzar el consenso necesario para impulsar el proyecto de ley”. “En los proyectos que presentamos –puedo hablar tanto del que impulsamos con el señor senador Botana, como del promovido por el señor senador Coutinho y el de los senadores de Cabildo Abierto–, el propósito siempre fue elaborar una propuesta lo más amplia o genérica posible, sabiendo que seguramente esas propuestas tampoco alcanzaban a la totalidad de los involucrados, pero había que adoptar una determinación lo más justa posible”, explicó el senador blanco y enfatizó: “para nosotros la solución era por ley”.
Como miembro circunstancial de la comisión (suplantando al senador Lozano) el diputado cabildante Eduardo Lust valoró, en primer lugar, que “todos los partidos de esta casa estamos en la línea de esa solución, sea una u otra” y recordó que “estuvimos años con el tema de los cincuentones y se resolvió”, al igual que otros temas del pasado que se han ido resolviendo. “Este es uno de los que queda; tal vez sea el último de esa época”. “Cualquiera sea la solución, pienso que será la definitiva y no un plan nuevo que dentro de algunos años tenga a otro grupo de personas acá”, sostuvo Lust.
“Si hay que votar acá, se hará; y si hay que trabajar a nivel del Poder Ejecutivo, como lo están haciendo los demás senadores y los partidos de esta casa, así lo haremos”, indicó.
Consultado por La Mañana, Lozano manifestó que está esperando la respuesta del MEF y no descartó la posibilidad de seguir trabajando en única solución legislativa. Por su parte, Lust estimó que la respuesta de Economía estará en 15 días y aseguró que, de no haber novedades, “lo vamos a mover nosotros” y lo va a “trabajar” en Diputados.
Por su parte, el grupo de deudores -o perjudicados por el devenir de la UR- expresó cierta desconfianza respecto de que la solución esté en la mesa del Ministerio de Economía. Ante los miembros de la comisión, expresaron su desilusión porque no se pudo avanzar en una solución legislativa que contemple los tres proyectos presentados. Entienden que la “solución política” debe venir del Poder Legislativo y no del Ejecutivo; no obstante, aguardan con ciertas expectativas la alternativa que surja.
Para adaptarse a la realidad planteada en los últimos meses, Dinorah Rodríguez (una de las voceras del grupo), señaló que propusieron un agregado al último proyecto presentado de forma de encarar el pago de aquí en más, de una manera que “no afecte al banco”, con “un escalonamiento según las cuotas que ya se tengan pagas”. “Creemos que aquellas personas que tienen más 65 años, por ejemplo, y ya tienen 30 años o más pagos, no deberían estar sujetos a esto, por una cuestión de justicia social”, apuntó.
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