“La vida le dio a Jorge Díaz un gran regalo y lo desperdició. Llegó a ser fiscal de corte y luego fiscal general, precisamente en el momento en que nuestro país decidía un cambio radical en la Justicia Penal. Tenía una influencia en el ambiente político como pocas veces he visto en mi vida. Era un encantador de serpientes, cualidad que creo hoy ha perdido. Pudo hacer tanto, pudo pasar a la historia, pero se conformó con un diseño mediocre, donde los fiscales y los defensores realizan un verdadero regateo sobre la pena que tendrá el imputado”.
Gabriela Fossati
Desde que se implementó forzadamente el nuevo Código Proceso Penal (CPP) vigente a partir del 1° de noviembre de 2017 –que tiene como una de sus características fundamentales el otorgarle nuevas y super funciones, además de mayor protagonismo, al Ministerio Público o la Fiscalía de Corte– las críticas no han parado de llover, no solo desde los operadores judiciales, sino también desde la Policía que ha visto limitada su capacidad de acción.
Por otra parte, la implementación del juicio abreviado, que debería tener un carácter circunstancial y hasta ocasional, hoy en día resuelve la mayor parte de los casos judiciales en Uruguay por medio de una simple negociación entre partes. En un libro publicado el año pasado titulado El proceso abreviado. Una mirada crítica, el doctor Facundo Flores Weigle expresa: “Más allá de lo oneroso que resulte, el tiempo que demore, la dificultad y el trabajo que conlleve, no podemos privar a casi setenta por ciento de las personas investigadas de su derecho a ser sometidas a un juicio oral, público y contradictorio. Es exagerado que casi la totalidad de los delitos previstos en nuestro ordenamiento puedan acudir por esta vía. Existen bienes jurídicos demasiado importantes, y delitos sumamente complejos como para ser resueltos por este proceso. Es llamativo y peligroso que, a través de las instrucciones de Fiscalía General de la Nación, se imponga a sus operadores solucionar los conflictos penales utilizando esta alternativa. Por un lado, resulta equivocado premiar a los investigados con menos pena, dependiendo de cuanto más rápido opten por esta vía (en definitiva, el individuo es premiado para que la fiscalía se ahorre el trabajo de producir prueba)”.
Parece claro que la estructura judicial modelada por el nuevo CPP dejó innumerables inconsistencias entre las que se destaca, primero, que es de muy dudosa constitucionalidad por no dar las garantías de un debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna, como lo especifica su Artículo 12: “Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal”. Ya que es importante considerar que en el proceso abreviado no existe ni acusación, ni defensa, ni prueba, menos aún publicidad. Existe una sentencia, pero con base en una transacción reservada y respaldada solo con argumentaciones y mediante una negociación entre partes. De hecho, el Artículo 22 de la Constitución nos dice: “Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas”. Además, al introducir este CPP se produjo un cambio en nuestro sistema penal, pasando de tener presos sin condena a tener condenados sin proceso.
Pero por encima de los mencionados problemas estructurales que tiene la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el nuevo CCP, el reciente libro publicado por la exfiscal Gabriel Fossati, en el que narra su experiencia en el servicio público, añade otros detalles sobre el funcionamiento interno de la FGN que llevan a pensar que estamos frente a una institución que hoy en día podría estar contaminada.
El libro titulado La cara oculta del sistema judicial en Uruguay. El poder de La Manada detalla sus vicisitudes dentro de la FGN, dando a entender que dentro de la misma “La Manada” es “un entramado difícil de comprender”. La exfiscal manifiesta:
“La penúltima gota que desbordó el vaso e hizo que me decidiera alejarme de la FGN fue una agresión que padecí de parte del fiscal Fernando Romano cuando en horas de la tarde del 13 de marzo de 2023, invadió mi despacho sin autorización, cerró la puerta, se paró obstruyendo la salida, me gritó y me acusó de querer destruir la FGN e hizo referencia a sí mismo y a los fiscales Díaz, Gómez, Perciballe y Rosa. ¿Qué tienen en común estos cinco colegas y por qué Romano me adjudicó querer destruir a la institución? La respuesta es muy sencilla. Pese a que jueces y fiscales no pueden ni deben realizar consideraciones de índole política, salvo el voto, no pueden ni deben ejercer su trabajo asentados en ideas, precepto que siempre se cumplió de manera rigurosa, por lo menos así lo sentí yo desde que ingresé al Poder Judicial en el año 1991, estos funcionarios comparten un pensamiento similar que es opuesto a mis ideas, lo que me situaba aparentemente como el enemigo a combatir. Ellos no lo reconocen, ni lo harán, pero eso es lo que ha sucedido. Todas las personas citadas por Romano tienen una afinidad ideológica y sienten rechazo por el que piensa diferente. A la hora de callar las voces diversas recurren a cualquier medio que le permita obtener el resultado buscado: el silencio de los otros”.
En aquel momento la exfiscal Gabriel Fossati estaba investigando la causa Astesiano y pasaportes, y estaba siguiendo el hilo conductor que unía a Gustavo Leal con este individuo.
“En la mañana del 21 de marzo del 2023 cuando me reuní en el despacho del fiscal general subrogante Juan Gómez, y luego de escuchar las mismas vueltas de siempre, las mismas excusas, me comunicó que me trasladaba de las investigaciones que yo había iniciado en la Fiscalía de Flagrancia de 16 Turno. No tengo la menor duda de que su decisión la adoptó porque en los días anteriores había comenzado a investigar a un afín a la Manada, Gustavo Leal, quien integraba el Ministerio del Interior durante la administración anterior del FA. Lo hice porque entendí que debía profundizar en los motivos por los que se había inmiscuido en mi investigación sobre el caso pasaportes. Al ser interrogado como testigo incurrió en contradicciones que debían ser aclaradas”, explica Fossati.
“Esa decisión de investigar a esta persona generó una movida importante y la reacción de varios integrantes del FA, de su presidente Fernando Pereira, de la Secretaría de su partido, de varios políticos del sector. Me acusaron de actuar en contra Derecho por abrir una investigación, de realizar una persecución política a la izquierda. Con ello generaron una movida de odio hacia mi persona inaceptable”, concluye sobre este tema la exfiscal.
Pero probablemente el aspecto más interesante a considerar, según Fossati, está relacionado a comprender cómo la FGN, al funcionar de esta forma, desvirtúa a la Justicia como uno de los pilares del Estado republicano. Tal como ella lo especifica en la siguiente declaración: “Pasamos de Guatemala a Guatepeor. A la responsabilidad ética que implicaba tener presos sin condenas y la vulnerabilidad de derechos que ello determinaba, ahora se sumaban la prisionalización acordada de los más pobres y vulnerables, así como también la imposición de prisiones preventivas sin que un juez controlara la evidencia (que no es prueba hasta que se incorpora a un juicio) que la justifique. Todo eso en un marco en el que los fiscales no son respetados en su independencia técnica por el jerarca de turno y donde algunas personas no aceptan ser investigadas y lo logran, agrediendo al fiscal que se atreva a hacerlo”.
En definitiva, tras la lectura de este libro que contiene datos sorprendentes de la Justicia uruguaya, podemos de algún modo inferir que la trama dentro de la omnipotente FGN no solo menoscaba la autoridad institucional de nuestro Estado republicano, sino que además deja en una situación muy frágil a víctimas y acusados. Al mismo tiempo, no debería sorprendernos que ningún ciudadano, a sabiendas de la falta de imparcialidad que tiene el sistema penal uruguayo, dude de las garantías de recibir un debido proceso.
Porque lo serio, y lo que quiere al final de cuentas dar a conocer este libro, es que el demiurgo o, mejor dicho, el arquitecto detrás de la construcción y de la implementación de la FGN supo moldearla de acuerdo con sus inclinaciones ideológicas y personales.
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